A lo largo de sus 99 años se ha visto en la necesidad de recurrir a la cirugía de diverso calibre más de 500 veces. No ha sido una cuestión de estética, sino de tensiones políticas, proyectos sociales, ambiciones humanas y, a ratos, de altos ideales. Pero así fue desde ese lejano 1916, cuando en noviembre se estableció el Congreso Constituyente. El resultado fue una Carta Magna son espírituy social, muy diferente al proyecto original, que Venustiano Carranza había presentado a los legisladores.
Si el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista creía que en el Congreso todo sería muy sencillo, se equivocó: la cruenta lucha de facciones que había asolado los campos de batalla se trasladó a la tribuna política. La Constitución que de allí nació hablaba del enfrentamiento entre Carranza y Álvaro Obregón, de las alianzas y de los pactos que, con los movimientos villista y zapatista, construyó la verdadera dimensión social de lo que sería el legado de los movimientos revolucionarios.
EL GIRO SOCIAL. De hecho, Carranza retomaba en su propuesta la mayor parte de los contenidos de la Constitución de 1857, esa por la cual Ignacio Comonfort enfrentó las presiones conservadores y por la cual recurrió al autogolpe de Estado, cuando se percató de que resultaba muy difícil gobernar con ella y así desencadenó la Guerra de Reforma; esa misma constitución que, una década más tarde, Benito Juárez intentaría modificar, cuando se dio cuenta (después de años de dirigir el país con facultades extraordinarias) de que, efectivamente, no se podía gobernar con la Carta Magna que sus compañeros, los liberales “puros” habían engendrado.
Hay que decir en defensa de Carranza, coahuilense nacido en el diminuto pueblo coahuilense de Cuatro Ciénegas, que hizo una aportación esencial: había un Poder Ejecutivo dotado de fuerza e independencia que evitara las complicaciones que medio siglo antes habían llevado al país a la guerra civil. Buen político y con muchas horas de vuelo, Carranza recuperó las enseñanzas del pasado: si Porfirio Díaz había desarrollado su propio estilo de gobernar, al margen de las limitaciones constitucionales, era precisamente porque sabía de las consecuencias que podría tener.
Así, Díaz había gobernado sin tocar la constitución liberal, pero tampoco se había subordinado por completo a las disposiciones contenidas en ella. Carranza, astuto como era, vio en el Constituyente la oportunidad de dotar al Ejecutivo con márgenes de maniobra que le permitieran operar sin el yugo legislativo.
Carranza, que no era para nada el “viejo pachorrudo” que alguna vez llegó a describir Francisco I. Madero, vio como su proyecto, que resultaba bastante conservador, se transformaba, porque el Constituyente, donde dominaba el obregonismo, pensaba de manera muy diferente: la Carta Magna reflejó, aquel 5 de febrero de 1917, un tenso pacto político, donde aún algunas de las ideas que habían animado a los movimientos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, ni victoriosos ni invitados al Constituyente, fueron incluidas.
Así se agregó a la constitución una dimensión social que se emparentaba, de alguna manera, con los proyectos y las esperanzas políticas del maderismo: al hablar de los derechos de los obreros, de la tierra para los campesinos, del estatus de las tierras y aguas nacionales y de la necesidad de una educación pública gratuita, los constituyentes de 1917 construyeron lo que en los años siguientes se consideraría el legado social de la Revolución de 1910.
LOS DEBATES. Emilio Portes Gil recordaría, muchos años después, las discusiones entre dos grandes grupos protagonistas del Constituyente de 1916-1917: por un lado, unos, que se considerarían radicales, y a quienes veía liderados por Álvaro Obregón; del otro lado, revolucionarios “moderados” si los había, pero todos, unidos, o al menos así lo decían por un gran patriotismo. Todos terminarían por aprobar la inclusión de los derechos sociales en la nueva ley fundamental del país.
Los debates ideológicos comenzaron cuando se discutió el artículo tercero, sobre la enseñanza y su carácter laico. En esa discusión Francisco J. Múgica, pronunciaría algunas palabras que revelaban la intención de ese bloque radical, donde lo acompañaban personajes como Heriberto Jara, Froylán G. Manjarrez y Esteban Baca Calderón, claramente anticlericales y juzgaban algunos, hasta socializantes:
“La Comisión [dictaminadora]… vio, sintió que no estaba allí, en ese proyecto [el del artículo tercero], todo el radicalismo que necesitaba la Constitución para poder salvar al país”.
Así, el artículo 27 otorgó a la nación la propiedad de los recursos naturales, subsuelo incluido y tal decisión le iba a causar unos cuantos quebraderos de cabeza al gobierno de Carranza y después al de Obregón, al sentar nuevas bases para la operación de las empresas petroleras extranjeras. Durante casi veinte años, las empresas petroleras extranjeras intentarían torpedear el articulado creado en 1917 y no vacilarían –como lo hicieron- en recurrir hasta a la Suprema Corte de Justicia mexicana.
El artículo 123, que dotó de derechos a los trabajadores (horas de jornada, descansos y salario mínimo), también prohibió el trabajo de los menores de 12 años y la responsabilidad patronal sobre accidentes y condiciones de trabajo; se reconocieron los derechos colectivos y con eso se puso en evidencia, la fuerza que el movimiento obrero habría cobrado desde 1910.
Los constituyentes de 1917 agregaron un factor esencial al proyecto liberal que había dominado el siglo XIX: la justicia social. Y, aunque es cierto que esta nonagenaria ha vivido el tránsito de la Revolución armada a los regímenes civiles y de ellos a la alternancia democrática, en medio de tormentas y críticas, también es cierto que las presiones de las diversas fuerzas políticas que exigen su parte de poder, han dominado la vida nacional en esas nueve décadas y a ratos se le mira lejana, separada de las necesidades y demandas de los mexicanos del siglo XXI.
LA CONSTITUCIÓN: SUMA DE PROMESAS CUMPLIDAS. En febrero de 1917, la constitución era todo un triunfo: las facciones revolucionarias habían logrado algunos acuerdos esenciales para recomenzar la vida nacional. Esta certeza fue en aumento a medida que México se modernizaba.
Cuarenta y tres años después de su promulgación, en 1960, la constitución de 1917 fue homenajeada por los mexicanos, como parte de los festejos del cincuentenario de la revolución: se le presentó como la garantía material de las ofertas sociales que los revolucionarios habían hecho medio siglo atrás: ser campesino aún podía ser una opción de vida, los obreros –con todo y su corporativismo sindical- tenían una ley que protegía sus derechos, y desde 1936 nadie dudaba que los recursos naturales mexicanos eran propiedad de la Nación. Ese 1960, con la entrega de los primeros libros de texto gratuitos, se garantizaba la gratuidad de la educación pública. Se habían tardado cinco décadas, pero la última promesa de la revolución se había cumplido.
Si el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista creía que en el Congreso todo sería muy sencillo, se equivocó: la cruenta lucha de facciones que había asolado los campos de batalla se trasladó a la tribuna política. La Constitución que de allí nació hablaba del enfrentamiento entre Carranza y Álvaro Obregón, de las alianzas y de los pactos que, con los movimientos villista y zapatista, construyó la verdadera dimensión social de lo que sería el legado de los movimientos revolucionarios.
EL GIRO SOCIAL. De hecho, Carranza retomaba en su propuesta la mayor parte de los contenidos de la Constitución de 1857, esa por la cual Ignacio Comonfort enfrentó las presiones conservadores y por la cual recurrió al autogolpe de Estado, cuando se percató de que resultaba muy difícil gobernar con ella y así desencadenó la Guerra de Reforma; esa misma constitución que, una década más tarde, Benito Juárez intentaría modificar, cuando se dio cuenta (después de años de dirigir el país con facultades extraordinarias) de que, efectivamente, no se podía gobernar con la Carta Magna que sus compañeros, los liberales “puros” habían engendrado.
Hay que decir en defensa de Carranza, coahuilense nacido en el diminuto pueblo coahuilense de Cuatro Ciénegas, que hizo una aportación esencial: había un Poder Ejecutivo dotado de fuerza e independencia que evitara las complicaciones que medio siglo antes habían llevado al país a la guerra civil. Buen político y con muchas horas de vuelo, Carranza recuperó las enseñanzas del pasado: si Porfirio Díaz había desarrollado su propio estilo de gobernar, al margen de las limitaciones constitucionales, era precisamente porque sabía de las consecuencias que podría tener.
Así, Díaz había gobernado sin tocar la constitución liberal, pero tampoco se había subordinado por completo a las disposiciones contenidas en ella. Carranza, astuto como era, vio en el Constituyente la oportunidad de dotar al Ejecutivo con márgenes de maniobra que le permitieran operar sin el yugo legislativo.
Carranza, que no era para nada el “viejo pachorrudo” que alguna vez llegó a describir Francisco I. Madero, vio como su proyecto, que resultaba bastante conservador, se transformaba, porque el Constituyente, donde dominaba el obregonismo, pensaba de manera muy diferente: la Carta Magna reflejó, aquel 5 de febrero de 1917, un tenso pacto político, donde aún algunas de las ideas que habían animado a los movimientos de Francisco Villa y Emiliano Zapata, ni victoriosos ni invitados al Constituyente, fueron incluidas.
Así se agregó a la constitución una dimensión social que se emparentaba, de alguna manera, con los proyectos y las esperanzas políticas del maderismo: al hablar de los derechos de los obreros, de la tierra para los campesinos, del estatus de las tierras y aguas nacionales y de la necesidad de una educación pública gratuita, los constituyentes de 1917 construyeron lo que en los años siguientes se consideraría el legado social de la Revolución de 1910.
LOS DEBATES. Emilio Portes Gil recordaría, muchos años después, las discusiones entre dos grandes grupos protagonistas del Constituyente de 1916-1917: por un lado, unos, que se considerarían radicales, y a quienes veía liderados por Álvaro Obregón; del otro lado, revolucionarios “moderados” si los había, pero todos, unidos, o al menos así lo decían por un gran patriotismo. Todos terminarían por aprobar la inclusión de los derechos sociales en la nueva ley fundamental del país.
Los debates ideológicos comenzaron cuando se discutió el artículo tercero, sobre la enseñanza y su carácter laico. En esa discusión Francisco J. Múgica, pronunciaría algunas palabras que revelaban la intención de ese bloque radical, donde lo acompañaban personajes como Heriberto Jara, Froylán G. Manjarrez y Esteban Baca Calderón, claramente anticlericales y juzgaban algunos, hasta socializantes:
“La Comisión [dictaminadora]… vio, sintió que no estaba allí, en ese proyecto [el del artículo tercero], todo el radicalismo que necesitaba la Constitución para poder salvar al país”.
Así, el artículo 27 otorgó a la nación la propiedad de los recursos naturales, subsuelo incluido y tal decisión le iba a causar unos cuantos quebraderos de cabeza al gobierno de Carranza y después al de Obregón, al sentar nuevas bases para la operación de las empresas petroleras extranjeras. Durante casi veinte años, las empresas petroleras extranjeras intentarían torpedear el articulado creado en 1917 y no vacilarían –como lo hicieron- en recurrir hasta a la Suprema Corte de Justicia mexicana.
El artículo 123, que dotó de derechos a los trabajadores (horas de jornada, descansos y salario mínimo), también prohibió el trabajo de los menores de 12 años y la responsabilidad patronal sobre accidentes y condiciones de trabajo; se reconocieron los derechos colectivos y con eso se puso en evidencia, la fuerza que el movimiento obrero habría cobrado desde 1910.
Los constituyentes de 1917 agregaron un factor esencial al proyecto liberal que había dominado el siglo XIX: la justicia social. Y, aunque es cierto que esta nonagenaria ha vivido el tránsito de la Revolución armada a los regímenes civiles y de ellos a la alternancia democrática, en medio de tormentas y críticas, también es cierto que las presiones de las diversas fuerzas políticas que exigen su parte de poder, han dominado la vida nacional en esas nueve décadas y a ratos se le mira lejana, separada de las necesidades y demandas de los mexicanos del siglo XXI.
LA CONSTITUCIÓN: SUMA DE PROMESAS CUMPLIDAS. En febrero de 1917, la constitución era todo un triunfo: las facciones revolucionarias habían logrado algunos acuerdos esenciales para recomenzar la vida nacional. Esta certeza fue en aumento a medida que México se modernizaba.
Cuarenta y tres años después de su promulgación, en 1960, la constitución de 1917 fue homenajeada por los mexicanos, como parte de los festejos del cincuentenario de la revolución: se le presentó como la garantía material de las ofertas sociales que los revolucionarios habían hecho medio siglo atrás: ser campesino aún podía ser una opción de vida, los obreros –con todo y su corporativismo sindical- tenían una ley que protegía sus derechos, y desde 1936 nadie dudaba que los recursos naturales mexicanos eran propiedad de la Nación. Ese 1960, con la entrega de los primeros libros de texto gratuitos, se garantizaba la gratuidad de la educación pública. Se habían tardado cinco décadas, pero la última promesa de la revolución se había cumplido.
La Crónica
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