México.- A la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Alemania lo “acompañaron” los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con protestas en Berlín y Hamburgo para denunciar que “la crisis de derechos humanos en México ha adquirido dimensiones catastróficas”.
Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado.
El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes”.
Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado”.
Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo, dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes “permanece sin ser aclarado”.
Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
Agregaron que las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercida por la policía y el Ejército Mexicano “se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Los activistas reiteraron la situación que se vive en el sistema de justicia mexicano: “El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito”.
Según su punto de vista, después de la presión internacional el gobierno mexicano ha presentado “un bosquejo” de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, éstas “no corresponden con los estándares internacionales”.
Por el contrario, añadieron, el gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y comités de las Naciones Unidas.
De hecho, recordaron que expertos como el relator especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez y los integrantes del GIEI han sido atacados y difamados públicamente.
En tanto, aseguraron, el gobierno de Peña Nieto “trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales”.
Enseguida denunciaron que los ejidos de comunidades indígenas –garantizados en la Constitución–, han sido excavados. “El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos”, afirmaron.
En la lista de críticas al gobierno mexicano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko aseguraron que defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato”.
Por último, los activistas aseguraron que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las Víctimas “han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos”.
Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado.
El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes”.
Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado”.
Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo, dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes “permanece sin ser aclarado”.
Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
Agregaron que las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercida por la policía y el Ejército Mexicano “se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Los activistas reiteraron la situación que se vive en el sistema de justicia mexicano: “El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito”.
Según su punto de vista, después de la presión internacional el gobierno mexicano ha presentado “un bosquejo” de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, éstas “no corresponden con los estándares internacionales”.
Por el contrario, añadieron, el gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y comités de las Naciones Unidas.
De hecho, recordaron que expertos como el relator especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez y los integrantes del GIEI han sido atacados y difamados públicamente.
En tanto, aseguraron, el gobierno de Peña Nieto “trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales”.
Enseguida denunciaron que los ejidos de comunidades indígenas –garantizados en la Constitución–, han sido excavados. “El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos”, afirmaron.
En la lista de críticas al gobierno mexicano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko aseguraron que defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato”.
Por último, los activistas aseguraron que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las Víctimas “han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos”.
Proceso
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