Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR), condicionó acatar la sentencia inapelable de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que la obliga a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado a la indígena ñhä-ñhú (otomí), Jacinta Francisco Marcial, a “analizar” los términos de la resolución. A partir de ello, advirtió, se “cumpliría” la ejecutoria.
La sentencia es inapelable, por lo que la dependencia tiene un plazo de cuatro meses para cumplirla.
En 2006, la PGR acusó a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, de secuestrar a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación Criminal (AFI)-, delito por el que pasó tres años en reclusión penitenciaria.
En un comunicado emitido esta mañana, la Procuraduría señaló que reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, a través de sus instancias o tribunales especializados.
Sin embargo, acotó: “En cuanto a la resolución del caso de Jacinta Francisco Marcial, la Institución estará atenta a que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notifique la resolución correspondiente, a fin de analizar los términos en que fue dictada”.
A partir de ello, se “cumpliría” la ejecutoria respectiva, condicionó la PGR.
Jacinta y dos mujeres más fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusada de secuestrar a los seis agentes, quienes, seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, las tres fueron sentenciadas injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.
El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica.
Teresa y Alberta, también fueron procesadas por delitos contra la salud. A pesar de que no existían pruebas en su contra.
Luego de tres años de permanecer presa, Jacinta quedó en libertad en septiembre de 2009, después de que la PGR se desistió de la acusación.
Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.
El jueves 19 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena.
Después de conocer la sentencia inapelable que obliga a la PGR a ofrecer una disculpa pública y reparar los daños causados, en conferencia de prensa, Jacinta Francisca señaló:
“La reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada… La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos… Preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales”.
La sentencia es inapelable, por lo que la dependencia tiene un plazo de cuatro meses para cumplirla.
En 2006, la PGR acusó a Jacinta Francisco Marcial y a otras dos indígenas, Alberta Alcántara y Teresa González, de secuestrar a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación Criminal (AFI)-, delito por el que pasó tres años en reclusión penitenciaria.
En un comunicado emitido esta mañana, la Procuraduría señaló que reitera su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, a través de sus instancias o tribunales especializados.
Sin embargo, acotó: “En cuanto a la resolución del caso de Jacinta Francisco Marcial, la Institución estará atenta a que la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notifique la resolución correspondiente, a fin de analizar los términos en que fue dictada”.
A partir de ello, se “cumpliría” la ejecutoria respectiva, condicionó la PGR.
Jacinta y dos mujeres más fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusada de secuestrar a los seis agentes, quienes, seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, las tres fueron sentenciadas injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.
El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica.
Teresa y Alberta, también fueron procesadas por delitos contra la salud. A pesar de que no existían pruebas en su contra.
Luego de tres años de permanecer presa, Jacinta quedó en libertad en septiembre de 2009, después de que la PGR se desistió de la acusación.
Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.
El jueves 19 de mayo, el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena.
Después de conocer la sentencia inapelable que obliga a la PGR a ofrecer una disculpa pública y reparar los daños causados, en conferencia de prensa, Jacinta Francisca señaló:
“La reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada… La reparación del daño no me regresa el tiempo que no estuve con mis hijos… Preferiría cambiar esa reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales”.
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