Ciudad de Méxio.- Un juez federal procesó hoy a dirigentes políticos y empresarios al acusarlos de haber lavado dinero para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
El juez Ariel Lijo procesó a Héctor Capaccioli, exsuperintendente de los Servicios de Salud, y a Sebastián Gramajo, exdiputado y responsable político de la campaña de la fórmula, que integraron Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) para presidenta y Julio Cobos para vicepresidente.
Ambos operaron como recaudadores de fondos para la campaña y obtuvieron cuantiosos recursos por parte de empresarios farmacéuticos que terminaron imputados por su participación en el mercado negro de medicamentos y en el tráfico de efedrina que fue a parar a manos de narcotraficantes.
Lijo también procesó a los empresarios farmacéuticos Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, quienes aportaron fondos de procedencia incierta.
“Se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña del 2007, fundamentalmente el que tiene que ver con el aporte de algunas droguerías, tenía origen ilegal, por lo tanto se trata de un caso de lavado de dinero”, afirmó el magistrado.
De acuerdo con expedientes obtenidos por Notimex, de las 104 empresas que donaron recursos a la campaña de Fernández de Kirchner, 28 estaban vinculadas con servicios de salud y medicina, por lo que resulta muy extraño que un solo sector hubiera tenido tanto interés en financiarla.
El donante más generoso fue Julio César Posse, un hombre que aportó 360 mil pesos argentinos (unos 120 mil dólares) y que resultó ser custodio de Sebastián Forza, un empresario que se asoció con narcos mexicanos para venderles efedrina y fabricar metanfetaminas.
Forza, quien fue asesinado en agosto de 2008, también donó fondos de dudosa procedencia a la campaña del oficialismo, ya que las cifras se contradecían con su falta de solvencia económica, pues tenía deudas millonarias y había emitido 412 cheques sin fondos.
Tampoco coinciden las fechas, porque las donaciones de Forza quedaron registradas del 1 al 4 de noviembre de 2007, pero las elecciones se llevaron a cabo el 27 de octubre.
Cuando estalló el escándalo del financiamiento de la campaña, la primera especulación fue que los supuestos narcotraficantes mexicanos habían ayudado al oficialismo, a través de Forza, para obtener favores políticos, lo que fue desmentido por el gobierno.
La investigación giró entonces hacia Capaccioli, el superintendente que en lugar de vigilar a los prestadores de servicios médicos sindicalizados, como era su deber, les pidió dinero para la campaña de Fernández de Kirchner.
hvh
El juez Ariel Lijo procesó a Héctor Capaccioli, exsuperintendente de los Servicios de Salud, y a Sebastián Gramajo, exdiputado y responsable político de la campaña de la fórmula, que integraron Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) para presidenta y Julio Cobos para vicepresidente.
Ambos operaron como recaudadores de fondos para la campaña y obtuvieron cuantiosos recursos por parte de empresarios farmacéuticos que terminaron imputados por su participación en el mercado negro de medicamentos y en el tráfico de efedrina que fue a parar a manos de narcotraficantes.
Lijo también procesó a los empresarios farmacéuticos Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, quienes aportaron fondos de procedencia incierta.
“Se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña del 2007, fundamentalmente el que tiene que ver con el aporte de algunas droguerías, tenía origen ilegal, por lo tanto se trata de un caso de lavado de dinero”, afirmó el magistrado.
De acuerdo con expedientes obtenidos por Notimex, de las 104 empresas que donaron recursos a la campaña de Fernández de Kirchner, 28 estaban vinculadas con servicios de salud y medicina, por lo que resulta muy extraño que un solo sector hubiera tenido tanto interés en financiarla.
El donante más generoso fue Julio César Posse, un hombre que aportó 360 mil pesos argentinos (unos 120 mil dólares) y que resultó ser custodio de Sebastián Forza, un empresario que se asoció con narcos mexicanos para venderles efedrina y fabricar metanfetaminas.
Forza, quien fue asesinado en agosto de 2008, también donó fondos de dudosa procedencia a la campaña del oficialismo, ya que las cifras se contradecían con su falta de solvencia económica, pues tenía deudas millonarias y había emitido 412 cheques sin fondos.
Tampoco coinciden las fechas, porque las donaciones de Forza quedaron registradas del 1 al 4 de noviembre de 2007, pero las elecciones se llevaron a cabo el 27 de octubre.
Cuando estalló el escándalo del financiamiento de la campaña, la primera especulación fue que los supuestos narcotraficantes mexicanos habían ayudado al oficialismo, a través de Forza, para obtener favores políticos, lo que fue desmentido por el gobierno.
La investigación giró entonces hacia Capaccioli, el superintendente que en lugar de vigilar a los prestadores de servicios médicos sindicalizados, como era su deber, les pidió dinero para la campaña de Fernández de Kirchner.
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