México.- Alejandro Gómez Sánchez, procurador general de justicia del Estado de México (PGJEM), consideró que el gobierno estatal cumplió con todos los puntos recomendados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionados con el caso Tlatlaya; sin embargo, reconoció que sigue pendiente el proceso penal por el probable delito de tortura en contra de policías ministeriales y procedimientos administrativos para algunos servidores públicos que tomaron parte en los hechos del 30 de junio de 2014.
En fechas recientes, la CNDH indicó que está parcialmente cumplida la recomendación relacionada con el caso, donde hace un par de años, en un supuesto enfrentamiento, murieron a manos de soldados 22 individuos dentro de una bodega.
En el curso de las investigaciones, el propio Gómez Sánchez informó que eran al menos 18 servidores públicos de la PGJEM, entre policías ministeriales, peritos y agentes del ministerio público, los que eran investigados; quienes habían llegado al lugar de los hechos y que se presumía habían cometido delitos como el de tortura contra sobrevivientes a la matanza.
Indicó que será el Instituto General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), quien determine las sanciones.
En lo que respecta a las tres mujeres sobrevivientes a la múltiple ejecución hecha por militares, Gómez Sánchez explicó que ya se indemnizó el daño a dos y con la tercera no se ha podido hacer contacto, ni con la organización social que la representa.
En fechas recientes, la CNDH indicó que está parcialmente cumplida la recomendación relacionada con el caso, donde hace un par de años, en un supuesto enfrentamiento, murieron a manos de soldados 22 individuos dentro de una bodega.
En el curso de las investigaciones, el propio Gómez Sánchez informó que eran al menos 18 servidores públicos de la PGJEM, entre policías ministeriales, peritos y agentes del ministerio público, los que eran investigados; quienes habían llegado al lugar de los hechos y que se presumía habían cometido delitos como el de tortura contra sobrevivientes a la matanza.
Indicó que será el Instituto General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), quien determine las sanciones.
En lo que respecta a las tres mujeres sobrevivientes a la múltiple ejecución hecha por militares, Gómez Sánchez explicó que ya se indemnizó el daño a dos y con la tercera no se ha podido hacer contacto, ni con la organización social que la representa.
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