Ciudad de México.- Alrededor de 8 mil millones de pesos es el monto de la deuda acumulada en los pasados tres años de entidades federativas e instituciones de salud con fabricantes y distribuidores de medicamentos, a causa de la cual al menos siete estados serán excluidos de la compra consolidada de medicinas para el abasto de 2017, afirmó Dagoberto Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).
De los servicios de salud estatales, cuatro no pudieron realizar adquisiciones por esta vía en 2016 y se mantendrán fuera para esta nueva edición, mientras que con otros tres, entre ellos, el estado de México, los proveedores están pidiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que lidera el proceso, que no se le incluya, porque debe mil 200 millones de pesos.
La entidad mexiquense ya tenía deudas desde el año pasado y estableció un compromiso de pago que no cumplió. Es el que más afecta a los proveedores por su volumen de compra, explicó Cortés.
También preocupa al sector que se aproxima el proceso para cambio de gobernador en el estado de México y no sabemos si el nuevo gobierno va a reconocer deudas de su antecesor.
Otras entidades que no podrán participar en la compra consolidada que iniciará en la segunda quincena de septiembre con la publicación de las bases de las licitaciones son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Colima.
En entrevista, el presidente de la Anafam comentó que también están solicitando al IMSS que los nuevos contratos establezcan que los pedidos tengan niveles mínimos en volumen y precio de los productos que se deben entregar directamente en clínicas y hospitales.
En el IMSS –el mayor comprador de medicinas del sector público–, 40 por ciento de sus contratos son de productos de mayor consumo y menor precio. Le representan un gasto de 2 mil 500 millones de pesos, equivalente a 8 por ciento de los 30 mil millones de la inversión total en medicinas de este año.
De hecho, en una conferencia reciente, funcionarios del instituto resaltaron que esta disposición de que los proveedores entreguen directamente los insumos en clínicas y hospitales ha contribuido a abatir el desabasto y a mantener el surtimiento de recetas en niveles de 98 por ciento en promedio, a escala nacional.
Al respecto, Dagoberto Cortés reconoció que cada parte debe tener estrategias para mejorar la eficiencia de sus procesos, pero para algunos proveedores esta disposición ha sido perjudicial. Indicó que 78 por ciento de las 860 claves de medicinas que adquieren las instituciones, valen 4.60 pesos o menos y hay lugares donde 60 por ciento de las órdenes de reposición son por menos de 2 mil pesos.
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De los servicios de salud estatales, cuatro no pudieron realizar adquisiciones por esta vía en 2016 y se mantendrán fuera para esta nueva edición, mientras que con otros tres, entre ellos, el estado de México, los proveedores están pidiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que lidera el proceso, que no se le incluya, porque debe mil 200 millones de pesos.
La entidad mexiquense ya tenía deudas desde el año pasado y estableció un compromiso de pago que no cumplió. Es el que más afecta a los proveedores por su volumen de compra, explicó Cortés.
También preocupa al sector que se aproxima el proceso para cambio de gobernador en el estado de México y no sabemos si el nuevo gobierno va a reconocer deudas de su antecesor.
Otras entidades que no podrán participar en la compra consolidada que iniciará en la segunda quincena de septiembre con la publicación de las bases de las licitaciones son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Colima.
En entrevista, el presidente de la Anafam comentó que también están solicitando al IMSS que los nuevos contratos establezcan que los pedidos tengan niveles mínimos en volumen y precio de los productos que se deben entregar directamente en clínicas y hospitales.
En el IMSS –el mayor comprador de medicinas del sector público–, 40 por ciento de sus contratos son de productos de mayor consumo y menor precio. Le representan un gasto de 2 mil 500 millones de pesos, equivalente a 8 por ciento de los 30 mil millones de la inversión total en medicinas de este año.
De hecho, en una conferencia reciente, funcionarios del instituto resaltaron que esta disposición de que los proveedores entreguen directamente los insumos en clínicas y hospitales ha contribuido a abatir el desabasto y a mantener el surtimiento de recetas en niveles de 98 por ciento en promedio, a escala nacional.
Al respecto, Dagoberto Cortés reconoció que cada parte debe tener estrategias para mejorar la eficiencia de sus procesos, pero para algunos proveedores esta disposición ha sido perjudicial. Indicó que 78 por ciento de las 860 claves de medicinas que adquieren las instituciones, valen 4.60 pesos o menos y hay lugares donde 60 por ciento de las órdenes de reposición son por menos de 2 mil pesos.
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