Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) formalizó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la filtración del video del atentado al juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el lunes pasado.
La denuncia es contra servidores públicos que pudieron incurrir en conductas ilícitas al filtrar el video en el que se ve el momento justo en que un sujeto armado se acerca al juez que hacía ejercicio en un parque ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento La Asunción, uno de los de mayor plusvalía del municipio de Metepec.
A través de un comunicado, el CJF indicó:
“La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del señor Juez Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, da lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas”.
Por ello solicitó iniciar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el origen de las filtraciones y la identidad de los probables responsables.
Los Consejeros reprobaron las filtraciones debido a que “infringen la reserva de las indagatorias” y además podrían comprometer la eficacia de las mismas y afectan los derechos humanos de intimidad de la viuda y sus menores hijos, reiteraron.
Proceso
La denuncia es contra servidores públicos que pudieron incurrir en conductas ilícitas al filtrar el video en el que se ve el momento justo en que un sujeto armado se acerca al juez que hacía ejercicio en un parque ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento La Asunción, uno de los de mayor plusvalía del municipio de Metepec.
A través de un comunicado, el CJF indicó:
“La divulgación de esos elementos probatorios infringe la reserva de las investigaciones iniciadas por la privación de la vida del señor Juez Bermúdez Zacarías y, en consecuencia, da lugar a la comisión de conductas ilícitas por parte de servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la custodia de las carpetas de investigación, las cuales por ley deben ser reservadas”.
Por ello solicitó iniciar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el origen de las filtraciones y la identidad de los probables responsables.
Los Consejeros reprobaron las filtraciones debido a que “infringen la reserva de las indagatorias” y además podrían comprometer la eficacia de las mismas y afectan los derechos humanos de intimidad de la viuda y sus menores hijos, reiteraron.
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