Veracruz.- El reporte “Pajaritos, una bomba de tóxicos”, publicado en Junio pasado por la organización ambientalista Greenpeace, documenta la presencia en agua de al menos 59 químicos orgánicos aislados tras la letal explosión registrada en la planta Clorados III del complejo Pajaritos pertenecientes a la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por Mexichem y Pemex.
Han pasado seis meses de la tragedia que costó la vida a más de 30 trabajadores, y hasta el momento no ha habido sanciones a esa empresa.
En ese sentido, el coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, Miguel Soto Treviño asegura que tampoco autoridades de Pemex ni de las empresas han dado una explicación sobre las causas del siniestro, que además de víctimas mortales y cientos de heridos, liberó sustancias altamente tóxicas en el ambiente.
“Las autoridades federales, estatales y las empresas siguen actuando con impunidad y negligencia. ¿Dónde están los resultados del supuesto estudio de salud que en mayo prometió el Gobierno del Estado?, es la pregunta.
El activista recordó que pocos días después de la emergencia química ocurrida en abril, Greenpeace realizó un análisis de contaminantes, el primero en su tipo en el país, y encontró en el medio ambiente, incluida el agua de ríos sustancias de alto riesgo y cancerígenos como el Dicloruro de Etileno (EDC), así como la existencia de otras sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos sujetas –al menos en el papel- a estrictas regulaciones en México.
La legislación, como bien se sabe, exige a los emisores de dioxinas informar cualquier cantidad de esta sustancia que sea liberada al medio ambiente. Sin embargo, dice, en México no se analiza el impacto en las personas y en los ecosistemas por la exposición a dioxinas y furanos, pese a que son sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo por su peligrosidad.
“¿Dónde están las recomendaciones que daría a la población? ¿Por qué Mexichem, Pemex y la PGR siguen sin dar una explicación de la explosión?; ¿Dónde está la ‘investigación a fondo’ que anunció el director general de Pemex, José Antonio González Anaya?¿Quiénes son los culpables y cuáles son las sanciones que recibirán?”.
Por ello considera que es completamente irresponsable que las autoridades de salud, estatales y federales, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantengan desinformada a la población y a la opinión pública sobre los riesgos a los que están expuestas las personas tras la explosión.
A la opacidad y falta de seriedad de las citadas autoridades, se suman también las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual aún no ha dado noticias sobre el supuesto plan de remediación que solicitó a Mexichem en junio pasado, ya que tampoco se ha hecho público qué empresas fueron las encargadas de retirar los residuos tóxicos que quedaron tras la explosión, quién los caracterizó y cuál fue el destino final de los mismos.
Han pasado seis meses de la tragedia que costó la vida a más de 30 trabajadores, y hasta el momento no ha habido sanciones a esa empresa.
En ese sentido, el coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, Miguel Soto Treviño asegura que tampoco autoridades de Pemex ni de las empresas han dado una explicación sobre las causas del siniestro, que además de víctimas mortales y cientos de heridos, liberó sustancias altamente tóxicas en el ambiente.
“Las autoridades federales, estatales y las empresas siguen actuando con impunidad y negligencia. ¿Dónde están los resultados del supuesto estudio de salud que en mayo prometió el Gobierno del Estado?, es la pregunta.
El activista recordó que pocos días después de la emergencia química ocurrida en abril, Greenpeace realizó un análisis de contaminantes, el primero en su tipo en el país, y encontró en el medio ambiente, incluida el agua de ríos sustancias de alto riesgo y cancerígenos como el Dicloruro de Etileno (EDC), así como la existencia de otras sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos sujetas –al menos en el papel- a estrictas regulaciones en México.
La legislación, como bien se sabe, exige a los emisores de dioxinas informar cualquier cantidad de esta sustancia que sea liberada al medio ambiente. Sin embargo, dice, en México no se analiza el impacto en las personas y en los ecosistemas por la exposición a dioxinas y furanos, pese a que son sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo por su peligrosidad.
“¿Dónde están las recomendaciones que daría a la población? ¿Por qué Mexichem, Pemex y la PGR siguen sin dar una explicación de la explosión?; ¿Dónde está la ‘investigación a fondo’ que anunció el director general de Pemex, José Antonio González Anaya?¿Quiénes son los culpables y cuáles son las sanciones que recibirán?”.
Por ello considera que es completamente irresponsable que las autoridades de salud, estatales y federales, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantengan desinformada a la población y a la opinión pública sobre los riesgos a los que están expuestas las personas tras la explosión.
A la opacidad y falta de seriedad de las citadas autoridades, se suman también las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual aún no ha dado noticias sobre el supuesto plan de remediación que solicitó a Mexichem en junio pasado, ya que tampoco se ha hecho público qué empresas fueron las encargadas de retirar los residuos tóxicos que quedaron tras la explosión, quién los caracterizó y cuál fue el destino final de los mismos.
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