PLUMA NEGRA

ACABAR CON EL JINETEO DE MUNICIPIOS
SE ECHAN LA BOLITA

 
Por: José Calzada

El Partido Verde busca terminar con los abusos de poder que cometieron los gobernadores de diversos estados de diferentes partidos políticos en la última década y que, generó una quiebra financiera a los municipios, al jinetear las participaciones federales que por ley debía reciben y que también por ley debían trasladar a los municipios, pero que no fue así y se desviaron miles de millones de pesos para cuentas personales o empresas fantasmas con la intención de diluir el rastro del dinero saqueado. El ejemplo más claro y más cercano es Veracruz.
Esta semana, los diputados del PVEM presentaron en la Cámara de Baja, una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley de Coordinación Fiscal y otorgar facultades a la Federación para la recuperación de los recursos que sean entregados a los estados para su transferencia a municipios y que, exista incumpliendo en su entrega. Es decir, que lo jineteen o en los casos más graves que los desvíes a otros fines.
Se trata de modificaciones al Párrafo segundo del Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda exigir a las administraciones estatales la devolución de las participaciones a municipios que no se entreguen en tiempo y forma para realizar los depósitos de manera directa a las arcas municipales, sin el intermediarismo estatal que ahora existe.
En octubre pasado, 20 alcaldes veracruzanos de extracción perredista  exigieron la entrega de casi 300 millones de pesos de recursos federales que ha retenido desde hace dos meses la Secretaría de Finanzas y Planeación de manera ilegal.  Se trata de recursos etiquetados a la bursatilización, Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo de Fortalecimiento de los Municipios, Capufe y Fortafin, que no fueron entregados en tiempo y forma, luego de unieron decenas de alcaldes más, entre ellos priístas que antes fueron afines al gobernador prófugo, Javier Duarte, y después tomaron por dos semanas el Palacio de Gobierno en un hecho bochornoso.
La iniciativa del PVEM iniciativa pretende una reducción sustancial del centralismo en aras de ampliar atribuciones administrativas, financieras y de poder a los municipios, que hoy por hoy están sujetos a la voluntad y ambiciones de los gobernadores que disponen de manera arbitraria de lo que no es suyo.
"Se pretende establecer un mejor mecanismo en la Ley de Coordinación Fiscal que evite incumplimientos por parte de los Estados en la entrega de esos recursos Municipales. De tal suerte, que cuando dicha transferencia no se haga de manera oportuna, la Federación podrá reclamar el pago de esos recursos a los Estados y deberá transferir éstos directamente a los Municipios". Expone la propuesta legislativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal y terminar con el abuso de los gobernadores en sus respectivos estados.
El federalismo implica necesariamente la distribución del poder, reconociendo que hay fuerzas regionales activas que se deben considerar dentro de la pluralidad para gobernar mejor, pero la ley no es una varita mágica y el abuso de poder es pan de cada día, en la mayoría de los servidores públicos, si importar el partido en el que militen.
SE ECHAN LA BOLITA
En medio de las acusaciones de todos contra todos y con la PGR encima de los saqueadores de Veracruz, las comparecencias se convirtieron en la arena ideal para lavar culpas y señalar a los responsables, que dicho sea de paso eluden su participación u omisión en la escandalosa crisis que padecen la mayoría de los veracruzanos a consecuencia del uso indebido del dinero público en la administración que agoniza.
En su comparecencia, el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, aseguró que faltan de solventar dos mil 868 millones 914 mil pesos del año 2014, que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que no se lo reportó su antecesor, Juan Antonio Nemi Dib.
Ante diputados, señaló que le toca al extitular de la dependencia, Juan Antonio Nemi Dib, solventar las inconsistencias administrativas que pudieran derivar en daño patrimonial.
Y es que entre las irregularidades se encuentran: un subejercicio de cuatro mil 400 millones de pesos, recursos que debían utilizarse para la compra consolidada de medicamentos. Además, en su periodo, se entregaron de manera directa el 90% de los contratos para fármacos.
Y ya encarrerado, acuso a Nemi Dib de incrementar la plantilla laboral en 456 trabajadores, por lo que después tuvieron problemas para el pago de salarios e incluso tuvieron que pedir ampliación presupuestal por mil 191 millones de pesos. También, aseguró, se comprometió a homologar a empleados de confianza lo que generó un ambiente laboral confuso e incierto por la mala relación con la representación sindical de mayoría, lo que generó un ambiente hostil y con falta de credibilidad.
En su turno, el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra empinó a Alberto Silva Ramos y su subsecretario Vicente Benítez González y con ello se deslindó de las empresas fantasmas que fueron “proveedoras” de bienes y servicios de las dependencias.
En el ejercicio cirquense de la Legislatura en la Glosa del Informe del Gobierno de Veracruz, Ferrari no sólo se lavó las manos, sino que declaró que colabora en la investigación que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) y comentó que en el caso de las denuncias que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), no ha sido llamado de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el caso de las empresas fantasmas.
La creación de las empresas se dio en el año 2012 y operaron hasta el 2014, y él asumió la titularidad en octubre del 2015. En ese periodo se firmaron 45 contratos con empresas fantasmas por un monto de 243 millones 766 mil 548 pesos.
Los contratos se entregaron vía “licitaciones simplificadas”, un mecanismo legal que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son seleccionadas por los funcionarios.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz presentó una denuncia contra la Secretaría de Desarrollo Social estatal por un presunto daño patrimonial por poco más de 431 millones de pesos, a través de las empresas fantasmas.