Ciudad de México.- “No es un favor el que le hacen a México” con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues a 22 años de su vigencia ha reportado ventajas a los mexicanos e indudablemente a Estados Unidos, afirmó el diputado César Camacho (PRI), al clausurar el XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, y III Internacional.
Sostuvo que el acuerdo comercial es una relación jurídica de derecho internacional entre tres países soberanos. “No querríamos un tratamiento privilegiado y superior, pero no estamos dispuestos a un tratamiento menor, desdeñoso o atropellador”, enfatizó.
Dijo que la relación con el vecino del norte siempre ha sido compleja, al compartir una frontera de más de tres mil kilómetros, lo cual presenta “retos de grandes proporciones”; se pronunció por hacer una férrea defensa de los derechos humanos de los migrantes y no permitir que a los indocumentados se les califique como criminales.
En el último día de trabajos de este Congreso, legisladores, académicos, servidores públicos y productores propusieron establecer una nueva política de desarrollo rural integral en México que aliente la equidad y la justicia, a través de la revisión del marco jurídico agrario para ajustarlo a los tiempos actuales, a fin de mantener la paz en el campo y reivindicar los derechos campesinos.
César Camacho exigió el respeto a los intereses de los migrantes mexicanos y añadió que con las medidas anunciadas por la Cancillería a desarrollarse por los consulados en Estados Unidos, “se redoblará el esfuerzo de las autoridades en aquel país, pero nosotros, aun estando aquí tenemos que hacer causa común y mostrarnos solidarios y con una petición en la que no podemos flaquear: el respeto cabal de los derechos de los migrantes y sus familias, sobre todo de los niños”.
Manifestó confianza respecto a que se defenderán, desde el Ejecutivo, los derechos de las empresas mexicanas “y con actitud abierta para que las inversiones extranjeras, productivas y generadoras de empleo, tengan la seguridad que buscan para que unos y otros nos beneficiemos”.
La vecindad y proximidad entre ambos, hace que el papel de México sea imprescindible para mantener la seguridad hemisférica y apuntó que “a Estados Unidos le resulta indispensable mantener una relación no sólo de comunicación fluida, sino de colaboración, siempre cuidando la soberanía nacional, porque siempre será mejor que tengan un aliado, que un país agraviado”.
No descartó la posibilidad de que se matice la posición de quien ocupará la presidencia de aquel país, ya que “hay un Congreso de conformación republicana en su mayoría, que debe proteger los intereses, -hago votos-, de todos los estadounidenses”.
En torno al tema central del Congreso, César Camacho señaló que el derecho agrario, como parte fundamental de la Constitución, debe mantener doctrina, normativa, tribunales y el compromiso de quienes lo ejercen.
Se analizaron los impactos de reformas transformadoras en el mundo rural, de hondo calado, de mediano y largo plazo, “que a nosotros y generaciones venideras corresponde impulsar, desarrollar, expandir y, de momento a momento, consolidarse y convertirse en hechos y realizaciones tangibles”.
Los resultados de este Congreso Nacional de Derecho Agrario deberán convertirse en iniciativas de ley consensuadas de manera plural entre todas las fuerzas políticas.
Se pronunció por tender puentes “con quienes partidariamente piensan distinto pero que, estoy seguro, su condición de mexicanos y nacionalista, les permitirá, sin ningún empacho, hacer causa común con estos asuntos”.
Indicó que con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 “todos quedamos razonablemente satisfechos”; se logró -en una posición de mutuas cesiones y construcción de espacios- dejar atrás banderas partidistas para no perder la visión de largo plazo.
“El reto es aplicar los recursos con inteligencia, rectitud, transparencia y reconocer a la gente del campo no como objetos de política pública, sino como sujetos de desarrollo”.
Dijo que se invirtieron 318 mil 900 millones en el Programa Espacial Concurrente (PEC); se otorgaron incentivos económicos a productores con base en la productividad, por ocho mil 439 millones; se incrementó en cinco mil 100 millones el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. “Al sector le pudo haber ido mejor, como en otros años, pero este presupuesto no fue inercial, no se parece a ninguno de los anteriores y marca un hito derivado de las dificultades de adentro y de afuera”.
El magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Comité Organizador del Congreso, resaltó que este encuentro permitió sentar las bases de una nueva etapa del análisis del Derecho Agrario, el cual será muy enriquecedor para las instituciones del sector y universidades, a través de la investigación y docencia.
Expresó que el derecho agrario debe seguir vigente en las universidades. “En algunas instituciones académicas, públicas y privadas, se ha retirado de la currícula”, por lo que solicitó al CEDRSSA y al CEDIP que se suscriba una declaratoria para exhortar a las universidades la permanencia, rescate y fortalecimiento del Derecho Agrario como materia obligatoria.
Durante las 16 ponencias y asistencia de 650 personas, se patentizó el interés y la necesidad de acercar el conocimiento de la materia agraria a los actores sociales que inciden en el campo mexicano, principalmente las reformas que impactan directa o indirectamente en la propiedad social, señaló.
Además, revisar el marco legal secundario agrario, a 24 años de la reforma al Artículo 27 constitucional, porque la Ley Agraria se aplica cotidianamente, mientras que el Código de Procedimientos Civiles de manera supletoria.
Sostuvo que el acuerdo comercial es una relación jurídica de derecho internacional entre tres países soberanos. “No querríamos un tratamiento privilegiado y superior, pero no estamos dispuestos a un tratamiento menor, desdeñoso o atropellador”, enfatizó.
Dijo que la relación con el vecino del norte siempre ha sido compleja, al compartir una frontera de más de tres mil kilómetros, lo cual presenta “retos de grandes proporciones”; se pronunció por hacer una férrea defensa de los derechos humanos de los migrantes y no permitir que a los indocumentados se les califique como criminales.
En el último día de trabajos de este Congreso, legisladores, académicos, servidores públicos y productores propusieron establecer una nueva política de desarrollo rural integral en México que aliente la equidad y la justicia, a través de la revisión del marco jurídico agrario para ajustarlo a los tiempos actuales, a fin de mantener la paz en el campo y reivindicar los derechos campesinos.
César Camacho exigió el respeto a los intereses de los migrantes mexicanos y añadió que con las medidas anunciadas por la Cancillería a desarrollarse por los consulados en Estados Unidos, “se redoblará el esfuerzo de las autoridades en aquel país, pero nosotros, aun estando aquí tenemos que hacer causa común y mostrarnos solidarios y con una petición en la que no podemos flaquear: el respeto cabal de los derechos de los migrantes y sus familias, sobre todo de los niños”.
Manifestó confianza respecto a que se defenderán, desde el Ejecutivo, los derechos de las empresas mexicanas “y con actitud abierta para que las inversiones extranjeras, productivas y generadoras de empleo, tengan la seguridad que buscan para que unos y otros nos beneficiemos”.
La vecindad y proximidad entre ambos, hace que el papel de México sea imprescindible para mantener la seguridad hemisférica y apuntó que “a Estados Unidos le resulta indispensable mantener una relación no sólo de comunicación fluida, sino de colaboración, siempre cuidando la soberanía nacional, porque siempre será mejor que tengan un aliado, que un país agraviado”.
No descartó la posibilidad de que se matice la posición de quien ocupará la presidencia de aquel país, ya que “hay un Congreso de conformación republicana en su mayoría, que debe proteger los intereses, -hago votos-, de todos los estadounidenses”.
En torno al tema central del Congreso, César Camacho señaló que el derecho agrario, como parte fundamental de la Constitución, debe mantener doctrina, normativa, tribunales y el compromiso de quienes lo ejercen.
Se analizaron los impactos de reformas transformadoras en el mundo rural, de hondo calado, de mediano y largo plazo, “que a nosotros y generaciones venideras corresponde impulsar, desarrollar, expandir y, de momento a momento, consolidarse y convertirse en hechos y realizaciones tangibles”.
Los resultados de este Congreso Nacional de Derecho Agrario deberán convertirse en iniciativas de ley consensuadas de manera plural entre todas las fuerzas políticas.
Se pronunció por tender puentes “con quienes partidariamente piensan distinto pero que, estoy seguro, su condición de mexicanos y nacionalista, les permitirá, sin ningún empacho, hacer causa común con estos asuntos”.
Indicó que con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2017 “todos quedamos razonablemente satisfechos”; se logró -en una posición de mutuas cesiones y construcción de espacios- dejar atrás banderas partidistas para no perder la visión de largo plazo.
“El reto es aplicar los recursos con inteligencia, rectitud, transparencia y reconocer a la gente del campo no como objetos de política pública, sino como sujetos de desarrollo”.
Dijo que se invirtieron 318 mil 900 millones en el Programa Espacial Concurrente (PEC); se otorgaron incentivos económicos a productores con base en la productividad, por ocho mil 439 millones; se incrementó en cinco mil 100 millones el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. “Al sector le pudo haber ido mejor, como en otros años, pero este presupuesto no fue inercial, no se parece a ninguno de los anteriores y marca un hito derivado de las dificultades de adentro y de afuera”.
El magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Comité Organizador del Congreso, resaltó que este encuentro permitió sentar las bases de una nueva etapa del análisis del Derecho Agrario, el cual será muy enriquecedor para las instituciones del sector y universidades, a través de la investigación y docencia.
Expresó que el derecho agrario debe seguir vigente en las universidades. “En algunas instituciones académicas, públicas y privadas, se ha retirado de la currícula”, por lo que solicitó al CEDRSSA y al CEDIP que se suscriba una declaratoria para exhortar a las universidades la permanencia, rescate y fortalecimiento del Derecho Agrario como materia obligatoria.
Durante las 16 ponencias y asistencia de 650 personas, se patentizó el interés y la necesidad de acercar el conocimiento de la materia agraria a los actores sociales que inciden en el campo mexicano, principalmente las reformas que impactan directa o indirectamente en la propiedad social, señaló.
Además, revisar el marco legal secundario agrario, a 24 años de la reforma al Artículo 27 constitucional, porque la Ley Agraria se aplica cotidianamente, mientras que el Código de Procedimientos Civiles de manera supletoria.
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