Ciudad de México.- Entre mayo y agosto de 2014, la joven J. fue golpeada, violada y amenazada de muerte en cinco ocasiones, por el mismo sujeto: su ex pareja sentimental, Cleotilde Espinosa Terrón, soldado de la 18 Zona Militar, asentada en el estado de Hidalgo.
En el último ataque, ocurrido el 14 de agosto de 2014, J. fue asesinada a balazos.
Todos los ataques previos sufridos por esta madre de dos niños –uno de siete y otro de seis años–, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tan pronto como ocurrieron; pese a ello, las autoridades nunca hicieron nada para proteger a la víctima, aún cuando los delitos denunciados (lesiones, violación, secuestro), deben perseguirse de manera obligatoria tan pronto como son reportados, tal como establece la ley.
El militar Cleotilde Espinosa Terrón asesinó a J. y al hermano de ésta, enfrente de los hijos de la víctima. Luego se dio a la fuga.
Este militar, sin embargo, no fue el único agresor de J. y sus hijos: tal como consta en la recomendación 01/17 de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, esta mujer y sus dos pequeños, fueron también víctimas de maltrato, negligencia y denegación de auxilio, por parte del mismo gobierno estatal hidalguense, concretamente de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de Salud estatales.
Círculo de impunidad
J. y el soldado Celotilde Espinosa Terrón vivieron en unión libre durante siete años, entre 2006 y 2013, tiempo en el que engendraron dos hijos, y tiempo también durante el cual la joven sufrió siempre violencia física por parte de su pareja.
Para finales de 2013, sin embargo, J. denunció esta situación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, organismo que tardó cinco meses más en proceder contra el acusado, el cual fue consignado penalmente y recluido en una cárcel… por dos días.
Un mes después, en junio, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.
J. denunció los hechos a la Procuraduría, cuyo personal le sugirió a la víctima otorgar el perdón al militar, para evitarse así más problemas. La joven se negó e insistió en que se procediera penalmente, y sólo así, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del militar.
No obstante, el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a emitir esta orden de reaprehensión, por considerarlo una molestia para el acusado. Debido a ello, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre.
Ese era un inmueble cuya ubicación conocía Espinosa Torreón, y durante el mes de mayo, el militar allanó dos veces esa vivienda.
En ambas ocasiones, el militar golpeó a la joven madre, y la violó. La segunda ocasión, usó una pistola para golpear a la mujer.
Ambos ataques fueron denunciados a la Procuraduría estatal que, tal como en junio, no hizo nada por dar seguridad a J. y sus hijos.
En julio de 2014, es decir, dos meses después de ser procesado penalmente (durante dos días), el soldado Cleotilde Espinosa atacó nuevamente a su ex pareja, esta vez secuestrándola.
Según la denuncia de la familia, el militar extrajo a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.
Tal como reportó J. tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.
Ahí, la joven fue torturada, violada y, por enésima vez, amenazada de muerte.
Luego de que fue liberada por sus captores, junto con sus hijos, J. buscó de nuevo ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito el soldado Espinosa Terrón.
En dichas instalaciones, sin embargo, el personal militar se negó a ayudarla y la remitió al DIF estatal… Y el DIF estatal la redirigió a la Procuraduría de Hidalgo.
Tal como establece la recomendación 01/17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, tampoco en esta ocasión la Procuraduría procedió en contra del agresor. De hecho, la Procuraduría se negó a catalogar este hecho como un delito de violación, y fue clasificado como “violencia familiar”.
En cambio, por primera vez la Procuraduría se ofreció a remitir a J. a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos, en un lugar secreto, en el que pudiera estar a salvo de su ex pareja.
En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense, J. y sus hijos recibirían cobijo y atención psicológica, supuestamente, por tres meses.
Días después de su ingreso, no obstante, J. y sus hijos fueron expulsados del albergue.
La razón: haber exigido una jarra de agua y papel de baño para atender a uno de sus hijos, quien presentaba fiebre y diarrea, a pesar de lo cual no se le había proporcionado ninguna atención médica.
J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban y, en cambio, las mujeres refugiadas sólo recibían comida en mal estado, lo que tenía enfermos a todos los niños ahí albergados.
Además, denunció que el personal maltrataba y gritaba a las mujeres que estaban ahí, precisamente, para recibir atención psicológica por haber sufrido violencia extrema.
Tales inconformidades fueron catalogadas por la Secretaría de Salud estatal como una “conducta agresiva” de la joven madre, por lo cual no sólo fue expulsada del albergue, sino que le fue negada la canalización a algún otro lugar en el que su seguridad estuviera preservada.
Por sus propios medios, la familia de J. logró que la joven y sus hijos fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.
El 14 de agosto de 2014, tras salir de este segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio, y de la que deseaba extraer sus pertenencias.
Ese mismo día, el soldado Cleotilde Espinosa Terrón invadió dicha vivienda y la asesinó (igual que a su hermano), enfrente de los niños. Luego escapó.
En el último ataque, ocurrido el 14 de agosto de 2014, J. fue asesinada a balazos.
Todos los ataques previos sufridos por esta madre de dos niños –uno de siete y otro de seis años–, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, tan pronto como ocurrieron; pese a ello, las autoridades nunca hicieron nada para proteger a la víctima, aún cuando los delitos denunciados (lesiones, violación, secuestro), deben perseguirse de manera obligatoria tan pronto como son reportados, tal como establece la ley.
El militar Cleotilde Espinosa Terrón asesinó a J. y al hermano de ésta, enfrente de los hijos de la víctima. Luego se dio a la fuga.
Este militar, sin embargo, no fue el único agresor de J. y sus hijos: tal como consta en la recomendación 01/17 de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, esta mujer y sus dos pequeños, fueron también víctimas de maltrato, negligencia y denegación de auxilio, por parte del mismo gobierno estatal hidalguense, concretamente de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de Salud estatales.
Círculo de impunidad
J. y el soldado Celotilde Espinosa Terrón vivieron en unión libre durante siete años, entre 2006 y 2013, tiempo en el que engendraron dos hijos, y tiempo también durante el cual la joven sufrió siempre violencia física por parte de su pareja.
Para finales de 2013, sin embargo, J. denunció esta situación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, organismo que tardó cinco meses más en proceder contra el acusado, el cual fue consignado penalmente y recluido en una cárcel… por dos días.
Un mes después, en junio, el militar invadió la vivienda de J. y la golpeó, enfrente de sus hijos, para luego darse a la fuga.
J. denunció los hechos a la Procuraduría, cuyo personal le sugirió a la víctima otorgar el perdón al militar, para evitarse así más problemas. La joven se negó e insistió en que se procediera penalmente, y sólo así, la Procuraduría aceptó tramitar una orden de reaprehensión en contra del militar.
No obstante, el Juez Segundo Penal de Tulancingo de Bravo se negó a emitir esta orden de reaprehensión, por considerarlo una molestia para el acusado. Debido a ello, J. abandonó su vivienda y huyó a casa de su madre.
Ese era un inmueble cuya ubicación conocía Espinosa Torreón, y durante el mes de mayo, el militar allanó dos veces esa vivienda.
En ambas ocasiones, el militar golpeó a la joven madre, y la violó. La segunda ocasión, usó una pistola para golpear a la mujer.
Ambos ataques fueron denunciados a la Procuraduría estatal que, tal como en junio, no hizo nada por dar seguridad a J. y sus hijos.
En julio de 2014, es decir, dos meses después de ser procesado penalmente (durante dos días), el soldado Cleotilde Espinosa atacó nuevamente a su ex pareja, esta vez secuestrándola.
Según la denuncia de la familia, el militar extrajo a la joven madre de la casa en la que se refugiaba a golpes, tirándola del cabello, y apuntándola con una pistola, para introducirla en un vehículo. Luego, puso a bordo a los dos niños y se fue, con rumbo desconocido.
Tal como reportó J. tras ser liberada, su expareja, en complicidad con otro militar no identificado hasta la fecha, la mantuvieron toda la noche privada de la libertad en una vivienda, junto con sus hijos.
Ahí, la joven fue torturada, violada y, por enésima vez, amenazada de muerte.
Luego de que fue liberada por sus captores, junto con sus hijos, J. buscó de nuevo ayuda de las autoridades, aunque ya no a la Procuraduría, sino a la 18 Zona Militar, a la que estaba adscrito el soldado Espinosa Terrón.
En dichas instalaciones, sin embargo, el personal militar se negó a ayudarla y la remitió al DIF estatal… Y el DIF estatal la redirigió a la Procuraduría de Hidalgo.
Tal como establece la recomendación 01/17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos, tampoco en esta ocasión la Procuraduría procedió en contra del agresor. De hecho, la Procuraduría se negó a catalogar este hecho como un delito de violación, y fue clasificado como “violencia familiar”.
En cambio, por primera vez la Procuraduría se ofreció a remitir a J. a la Secretaría de Salud estatal, para que esta dependencia diera albergue a la joven madre, y a sus dos hijos, en un lugar secreto, en el que pudiera estar a salvo de su ex pareja.
En ese lugar, dirigido por la Unidad Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de la Secretaría de Salud hidalguense, J. y sus hijos recibirían cobijo y atención psicológica, supuestamente, por tres meses.
Días después de su ingreso, no obstante, J. y sus hijos fueron expulsados del albergue.
La razón: haber exigido una jarra de agua y papel de baño para atender a uno de sus hijos, quien presentaba fiebre y diarrea, a pesar de lo cual no se le había proporcionado ninguna atención médica.
J. denunció también que, en ese albergue, las mujeres eran obligadas a cocinar alimentos que no les proporcionaban y, en cambio, las mujeres refugiadas sólo recibían comida en mal estado, lo que tenía enfermos a todos los niños ahí albergados.
Además, denunció que el personal maltrataba y gritaba a las mujeres que estaban ahí, precisamente, para recibir atención psicológica por haber sufrido violencia extrema.
Tales inconformidades fueron catalogadas por la Secretaría de Salud estatal como una “conducta agresiva” de la joven madre, por lo cual no sólo fue expulsada del albergue, sino que le fue negada la canalización a algún otro lugar en el que su seguridad estuviera preservada.
Por sus propios medios, la familia de J. logró que la joven y sus hijos fueran recibidos en otro albergue, el cual, no obstante, la joven decidió abandonar siete días después.
El 14 de agosto de 2014, tras salir de este segundo albergue, J. se dirigió, junto con sus hijos y un hermano, a la casa de la que había huido en junio, y de la que deseaba extraer sus pertenencias.
Ese mismo día, el soldado Cleotilde Espinosa Terrón invadió dicha vivienda y la asesinó (igual que a su hermano), enfrente de los niños. Luego escapó.
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