Xalapa, Ver.- Instalado en el peor escenario político y social, sea por falta de destreza, las condiciones financieras que le heredaron o el torbellino de violencia que le pueden estar creando, lo cierto es que el gobierno estatal o, mejor dicho, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (que reúne en su persona todo el poder del gobierno) debe actuar lo más pronto posible con acciones positivas antes de que sucumba a la vorágine del resentimiento social, el golpeteo político que generan los procesos electorales y el creciente baño de sangre que realizan las bandas delictivas.
Ya le han dicho varios analistas y figuras políticas (del panismo, incluso) que debe dar un golpe de timón en materia de seguridad pública. Jaime Téllez Marié, titular de la SSP, con su inexperiencia en tareas policiales está tirando rápidamente la fama de experto en control de delincuencia que todos le reconocíamos al ahora Gobernador; prácticamente fue, además de su promesa de llevar a la cárcel a los corruptos, uno de sus principales activos en la pasada contienda electoral. Y, sí, hace unas semanas suena como un hecho el relevo de Téllez Marié por Mario Álvaro Marín Zamora, comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), un personaje ligado cercanamente al gobernador Yunes y con mayor experiencia en asuntos policiacos.
Lo que no sabemos es si será suficiente para contener una situación de violencia que ha escalado a niveles preocupantes. No solo es que estén creciendo los números en materia de delitos del fuero común y que el homicidio doloso tenga notables incrementos, sino que las bandas criminales parecen querer imponer condiciones al nuevo gobierno para una actuación libre en el territorio, además de tratar de neutralizar a las bandas contrarias. El poder disuasivo de los carteles que pelean centímetro a centímetro el territorio veracruzano o ha crecido o simplemente ya no se ocultan los hechos.
Al asesinato a mansalva del periodista Ricardo Monlui el domingo pasado, luego de desayunar con su familia en Yanga, cuyo esclarecimiento es el primer reto del actual gobierno en el tema de la violencia contra periodistas, deben sumarse diversas ejecuciones por todos los rumbos de la entidad. Este fin de semana de puente largo hubo ejecutados por todos lados; el más destacado es el que muestra una violencia arraigada en el municipio de Coxquihui, en la sierra Totonaca, cuya última expresión ha sido la actuación de un comando armado que tomó el control de la cabecera municipal con el objetivo de ejecutar al alcalde Reveriano Pérez Vega, alias El Pelón; no lo lograron, pero en cambio acribillaron a cinco policías y a tres civiles.
Lejos de ese municipio, en el sur de la entidad, Coatzacoalcos volvió a resentir el miedo a la violencia criminal. Mientras en la colonia Tierra y Libertad fue encontrado el lunes el cadáver de un hombre, dos personas más –presumiblemente migrantes– fueron asesinados a balazos en las inmediaciones de las vías del tren. A ellos se unieron otros ocho homicidios dejando la cuenta en 11 ejecuciones entre el viernes y el lunes, es decir, apenas 72 horas.
Los datos reportados por la Fiscalía General al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre delitos del orden común de diciembre a febrero no dejan lugar a dudas de que se vive una situación crítica. En los tres primeros meses del gobierno yunista, Veracruz reporta 408 homicidios dolosos, de los cuales 170 fueron ejecuciones, Del total de crímenes violentos, 147 fueron cometidos en diciembre, 119 en enero y 142 en febrero. El delito de secuestro también ha tenido un auge en estos tres meses en que se han denunciado 56 casos (18 en diciembre, 15 en enero y 23 en febrero).
Hay que recordar que los asesinatos más sonados en febrero fueron los de los líderes cañeros de las confederaciones Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y Nacional Campesina (CNC), Norberto Echevarría Ortiz y Fernando Maza, en el municipio de Córdoba, un círculo que se ha cerrado en marzo con el homicidio de Ricardo Monlui, quien fungiera como jefe de prensa de las organizaciones productoras de caña de azúcar.
Ya le han dicho varios analistas y figuras políticas (del panismo, incluso) que debe dar un golpe de timón en materia de seguridad pública. Jaime Téllez Marié, titular de la SSP, con su inexperiencia en tareas policiales está tirando rápidamente la fama de experto en control de delincuencia que todos le reconocíamos al ahora Gobernador; prácticamente fue, además de su promesa de llevar a la cárcel a los corruptos, uno de sus principales activos en la pasada contienda electoral. Y, sí, hace unas semanas suena como un hecho el relevo de Téllez Marié por Mario Álvaro Marín Zamora, comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), un personaje ligado cercanamente al gobernador Yunes y con mayor experiencia en asuntos policiacos.
Lo que no sabemos es si será suficiente para contener una situación de violencia que ha escalado a niveles preocupantes. No solo es que estén creciendo los números en materia de delitos del fuero común y que el homicidio doloso tenga notables incrementos, sino que las bandas criminales parecen querer imponer condiciones al nuevo gobierno para una actuación libre en el territorio, además de tratar de neutralizar a las bandas contrarias. El poder disuasivo de los carteles que pelean centímetro a centímetro el territorio veracruzano o ha crecido o simplemente ya no se ocultan los hechos.
Al asesinato a mansalva del periodista Ricardo Monlui el domingo pasado, luego de desayunar con su familia en Yanga, cuyo esclarecimiento es el primer reto del actual gobierno en el tema de la violencia contra periodistas, deben sumarse diversas ejecuciones por todos los rumbos de la entidad. Este fin de semana de puente largo hubo ejecutados por todos lados; el más destacado es el que muestra una violencia arraigada en el municipio de Coxquihui, en la sierra Totonaca, cuya última expresión ha sido la actuación de un comando armado que tomó el control de la cabecera municipal con el objetivo de ejecutar al alcalde Reveriano Pérez Vega, alias El Pelón; no lo lograron, pero en cambio acribillaron a cinco policías y a tres civiles.
Lejos de ese municipio, en el sur de la entidad, Coatzacoalcos volvió a resentir el miedo a la violencia criminal. Mientras en la colonia Tierra y Libertad fue encontrado el lunes el cadáver de un hombre, dos personas más –presumiblemente migrantes– fueron asesinados a balazos en las inmediaciones de las vías del tren. A ellos se unieron otros ocho homicidios dejando la cuenta en 11 ejecuciones entre el viernes y el lunes, es decir, apenas 72 horas.
Los datos reportados por la Fiscalía General al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre delitos del orden común de diciembre a febrero no dejan lugar a dudas de que se vive una situación crítica. En los tres primeros meses del gobierno yunista, Veracruz reporta 408 homicidios dolosos, de los cuales 170 fueron ejecuciones, Del total de crímenes violentos, 147 fueron cometidos en diciembre, 119 en enero y 142 en febrero. El delito de secuestro también ha tenido un auge en estos tres meses en que se han denunciado 56 casos (18 en diciembre, 15 en enero y 23 en febrero).
Hay que recordar que los asesinatos más sonados en febrero fueron los de los líderes cañeros de las confederaciones Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y Nacional Campesina (CNC), Norberto Echevarría Ortiz y Fernando Maza, en el municipio de Córdoba, un círculo que se ha cerrado en marzo con el homicidio de Ricardo Monlui, quien fungiera como jefe de prensa de las organizaciones productoras de caña de azúcar.
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