Nezahualcóyotl, Estado de México.- En el marco del día Internacional de la Libertad de Expresión, el Comité para la Protección de los Periodistas, instó al Presidente Enrique Peña Nieto a que se haga justicia en los crímenes contra la libertad de expresión.
Peña Nieto tendrá apenas un año y medio, lo que resta de su mandato al frente de la Presidencia de la República; para “comprometerse públicamente” a resolver la impunidad que prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y de la misma manera garantizar la protección de los periodistas, indica la recomendación del informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el cual será presentado el día de hoy.
Así mismo el Presidente también deberá asegurar que el mecanismo de protección sea eficaz para prevenir agresiones letales. Según la opinión generalizada de los medios consultados para el informe de la CPJ, el mecanismo ha sido ineficaz y “totalmente insuficiente”. El documento afirma que a Peña Nieto “se le está acabando el tiempo” para demostrar su voluntad política.
El documento también hace alusión a la violencia y los ataques contra la prensa durante el mandato del gobernador Javier Duarte. En el Estado Veracruzano se registró la tasa de un periodista asesinado al año y uno desaparecido cada dos años durante el sexenio del ex mandatario ahora preso en Guatemala. Hoy en día, durante cinco meses gobernados por Miguel Ángel Yunes, se sigue manchando de sangre el Estado, ya que cuenta con otro reportero asesinado y un atentado contra un editor que resultó gravemente herido.
En esta década, los sucesivos gobiernos mexicanos crearon tres herramientas para enfrentar esta problemática: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el mecanismo de protección federal dirigido a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y una enmienda de ley para ampliar las facultades federales para ejercer la atracción de las investigaciones judiciales. Pero el análisis caso por caso de los asesinatos de periodistas demuestra que ninguna de las tres herramientas es aprovechada en plenitud por las autoridades.
De este modo, los medios mexicanos no sólo están expuestos a la violencia y las amenazas de los perpetradores, sino también a un sistema judicial con fallas estructurales, a los efectos de los retrasos e inconsistencias en los procesos judiciales y a las ineficiencias presentes en los mecanismos de protección.*
Peña Nieto tendrá apenas un año y medio, lo que resta de su mandato al frente de la Presidencia de la República; para “comprometerse públicamente” a resolver la impunidad que prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y de la misma manera garantizar la protección de los periodistas, indica la recomendación del informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el cual será presentado el día de hoy.
Así mismo el Presidente también deberá asegurar que el mecanismo de protección sea eficaz para prevenir agresiones letales. Según la opinión generalizada de los medios consultados para el informe de la CPJ, el mecanismo ha sido ineficaz y “totalmente insuficiente”. El documento afirma que a Peña Nieto “se le está acabando el tiempo” para demostrar su voluntad política.
El documento también hace alusión a la violencia y los ataques contra la prensa durante el mandato del gobernador Javier Duarte. En el Estado Veracruzano se registró la tasa de un periodista asesinado al año y uno desaparecido cada dos años durante el sexenio del ex mandatario ahora preso en Guatemala. Hoy en día, durante cinco meses gobernados por Miguel Ángel Yunes, se sigue manchando de sangre el Estado, ya que cuenta con otro reportero asesinado y un atentado contra un editor que resultó gravemente herido.
En esta década, los sucesivos gobiernos mexicanos crearon tres herramientas para enfrentar esta problemática: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el mecanismo de protección federal dirigido a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y una enmienda de ley para ampliar las facultades federales para ejercer la atracción de las investigaciones judiciales. Pero el análisis caso por caso de los asesinatos de periodistas demuestra que ninguna de las tres herramientas es aprovechada en plenitud por las autoridades.
De este modo, los medios mexicanos no sólo están expuestos a la violencia y las amenazas de los perpetradores, sino también a un sistema judicial con fallas estructurales, a los efectos de los retrasos e inconsistencias en los procesos judiciales y a las ineficiencias presentes en los mecanismos de protección.*
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