Ciudad de México.- Con el plazo vencido para la aprobación de los dictámenes sobre la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones del 4 de junio, pero ante la gran cantidad de información contenida en los engroses de la Unidad Técnica de Fiscalización circulados apenas ayer a las 19 horas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, decretó un receso de la sesión, para discutirlos el próximo lunes.
Sin embargo, en vísperas de iniciar el debate sobre el dictamen de gastos de campaña de los comicios en Nayarit, el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, abría la puerta para otorgarse más tiempo y ampliar la revisión sobre omisiones en un tema neurálgico que ha separado a los partidos de la postura de la mayoría de los consejeros electorales.
Desde mi punto de vista no hubo una debida oportunidad de defensa, como la describe el artículo 80 de la Ley de Partidos Políticos, y se ha interpretado por la sala superior del tribunal, en el que se dice claramente que se debe dar la posibilidad de que el sujeto obligado en el procedimiento de fiscalización debe conocer las faltas que se le imputan para poder tener la oportunidad de exponer sus posiciones, argumentos y alegatos.
Por ello, ante la falta de certeza que esto podría suponer para la defensa de los partidos, subrayó que el procesamiento de los formatos de los partidos para que acreditaran que sus representantes de casilla no recibieron pago por su desempeño el día de la jornada electoral, pues lo hicieron de manera voluntaria, y su consiguiente consideración como gasto reportado, lo motivaría a votar en contra de los dictámenes.
Sin embargo, dejó abierta la ruta para destrabar el tema más polémico de la fiscalización: el gasto no reportado por el pago a representantes de casilla. Y pidió valorar la posibilidad de realizar este procedimiento de carácter oficioso, para desahogar con el debido tiempo y cubriendo las debidas garantías el procedimiento oficioso para que se valoren los formatos presentados y en su momento se determine lo que corresponda.
Acto seguido, el consejero Ciro Murayama iría más allá al referirse a la distribución de los engroses prácticamente en esos momentos, los cuales no conocía nadie en el Consejo General: Solicito que pudiéramos tener un receso para que de una vez se nos entreguen todos los engroses a los dictámenes por estado que se van a votar. Buena parte tiene que ver con representantes de casilla, pero también hay muchos números que conviene revisar.
Secundada por el consejero Marco Antonio Baños, la propuesta fue retomada por Córdova, y lo que en un principio se planteaba como unas horas terminó prolongándose hasta el lunes a fin de que consejeros y partidos políticos puedan revisar detenidamente los engroses.
En su intervención, el panista Francisco Gárate cuestionó que se circularan a esa hora los engroses, pues se trataba en realidad de nuevos dictámenes. Expresó su molestia por el procedimiento, sugiriendo que lo conducente sería votar los documentos en contra y replantearlos, de lo contrario se afectaba la certeza en la fiscalización.
Sin embargo, ante la inconformidad, Córdova apeló al reglamento de sesiones que le confería la potestad de decretar receso cuando las modificaciones derivadas de alguna propuesta o en documentos así lo requieran, con el respaldo de los consejeros electorales y de la mayoría de los partidos políticos.
Para entonces, la sesión llevaba ya nueve horas de discusión de quejas relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas y se aprestaban a debatir el tema central.
Sin embargo, en vísperas de iniciar el debate sobre el dictamen de gastos de campaña de los comicios en Nayarit, el consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, abría la puerta para otorgarse más tiempo y ampliar la revisión sobre omisiones en un tema neurálgico que ha separado a los partidos de la postura de la mayoría de los consejeros electorales.
Desde mi punto de vista no hubo una debida oportunidad de defensa, como la describe el artículo 80 de la Ley de Partidos Políticos, y se ha interpretado por la sala superior del tribunal, en el que se dice claramente que se debe dar la posibilidad de que el sujeto obligado en el procedimiento de fiscalización debe conocer las faltas que se le imputan para poder tener la oportunidad de exponer sus posiciones, argumentos y alegatos.
Por ello, ante la falta de certeza que esto podría suponer para la defensa de los partidos, subrayó que el procesamiento de los formatos de los partidos para que acreditaran que sus representantes de casilla no recibieron pago por su desempeño el día de la jornada electoral, pues lo hicieron de manera voluntaria, y su consiguiente consideración como gasto reportado, lo motivaría a votar en contra de los dictámenes.
Sin embargo, dejó abierta la ruta para destrabar el tema más polémico de la fiscalización: el gasto no reportado por el pago a representantes de casilla. Y pidió valorar la posibilidad de realizar este procedimiento de carácter oficioso, para desahogar con el debido tiempo y cubriendo las debidas garantías el procedimiento oficioso para que se valoren los formatos presentados y en su momento se determine lo que corresponda.
Acto seguido, el consejero Ciro Murayama iría más allá al referirse a la distribución de los engroses prácticamente en esos momentos, los cuales no conocía nadie en el Consejo General: Solicito que pudiéramos tener un receso para que de una vez se nos entreguen todos los engroses a los dictámenes por estado que se van a votar. Buena parte tiene que ver con representantes de casilla, pero también hay muchos números que conviene revisar.
Secundada por el consejero Marco Antonio Baños, la propuesta fue retomada por Córdova, y lo que en un principio se planteaba como unas horas terminó prolongándose hasta el lunes a fin de que consejeros y partidos políticos puedan revisar detenidamente los engroses.
En su intervención, el panista Francisco Gárate cuestionó que se circularan a esa hora los engroses, pues se trataba en realidad de nuevos dictámenes. Expresó su molestia por el procedimiento, sugiriendo que lo conducente sería votar los documentos en contra y replantearlos, de lo contrario se afectaba la certeza en la fiscalización.
Sin embargo, ante la inconformidad, Córdova apeló al reglamento de sesiones que le confería la potestad de decretar receso cuando las modificaciones derivadas de alguna propuesta o en documentos así lo requieran, con el respaldo de los consejeros electorales y de la mayoría de los partidos políticos.
Para entonces, la sesión llevaba ya nueve horas de discusión de quejas relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas y se aprestaban a debatir el tema central.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario