Ciudad de México.- Las autoridades son las responsables de reinsertar a la sociedad a los presos que podrían salir libres pese a estar acusados de delitos que ya no se consideran graves, en el marco del nuevo Sistema Penal Acusatorio, coincidieron expertos en derecho.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón comentó a Publimetro que los gobiernos locales, en particular el de la Ciudad de México no puede alertar que habrá más delincuencia por la preliberación de reos, de lo contrario su administración “se está lavando las manos”.
La semana pasada el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera dijo previó la posible salida de la cárcel de cuatro mil reos, debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar libertad provisional a quienes cometieron delitos que ahora no se consideran graves.
Recordó que uno de los objetivos del nuevo sistema es considerar a los centros de reclusión con un esquema de reinserción social basado en el trabajo, educación, salud y deporte.
“Se están lavando las manos el jefe de Gobierno. Llevan ocho años en que se cambió el sistema, en que se dijo que no sería readaptación sino reinserción social y a muchos centros penitenciarios ni siquiera les han cambiado el nombre (…) La pregunta sería dime qué programas has hecho en las prisiones en ocho años que estas personas que están por salir, no cometan otro delito cuando salgan”, advirtió.
Además alertó que no se debe dejar de lado la deficiente capacitación sobre el el nuevo sistema de los policías estatales y municipales, pues ocurrió en tres meses.
Dijo que 2015 la Comisión Nacional de Seguridad hizo una propuesta de capacitar 333 mil 865 policías estatales y municipales en el sistema penal acusatorio y 237 mil 761 en habilidades policiales básicas, por más de mil millones de pesos.
Dicha instrucción se habría hecho del 1 de febrero al 31 de mayo del año pasado, de ahí que pueda haber deficiencias en las calidad de tal preparación por el corto tiempo en el que se dio.
Acotó que otro argumento del nuevo sistema fue no seguir saturando los reclusorios, ya que entre 2006 y 2007 se estimó que 70% de la población penitenciaria estaba recluida por montos menores a cuatro mil pesos y sentenciados con cuatro a cinco años de prisión.
Por otra parte, el profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel refirió que la Corte advirtió que no todos los acusados de delitos que ahora no son graves saldrán libres.
Explicó que queda a criterio de los jueces la interpretación de los expedientes, puesto que sin hay un preso que cometió homicidio con un arma de uso exclusivo del Ejército, pero el primero no está bien documentado se va a juzgar sólo lo del arma.
Los errores en el nuevo sistema, señaló, pueden darse desde el actuar de los policías porque ellos ya pueden presentar pruebas para juzgar al presunto delincuente pero no cuentan con la capacitación adecuada para hacerlo. Los sentenciados no entran en este esquema, expresó.
Datos
La Comisión Nacional de Seguridad reporta que hasta julio de 2016 había en el país 379 penales; 17 federales, 13 dependientes de la Ciudad de México, 278 de administraciones estatales, y 71 municipales.
Había 209 mil 248 espacios disponibles, en los cuales se alojaban 233 mil 469, es decir que la sobrepoblación ascendía a 24 mil 221 reos.
Los 20 penales del Estado de México concentran la mayor sobrepoblación con 16 mil 333 presos, es decir 163.92% más de lo que pueden alojar.
En los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México hay nueve mil 765 reos más, es decir 40.78% más del espacio disponible.
Algunos delitos que ya no son considerados como graves son: posesión por armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, robo calificado, extorsión, contrabando y ataques a las vías de comunicación, entre otros.
El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón comentó a Publimetro que los gobiernos locales, en particular el de la Ciudad de México no puede alertar que habrá más delincuencia por la preliberación de reos, de lo contrario su administración “se está lavando las manos”.
La semana pasada el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera dijo previó la posible salida de la cárcel de cuatro mil reos, debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar libertad provisional a quienes cometieron delitos que ahora no se consideran graves.
Recordó que uno de los objetivos del nuevo sistema es considerar a los centros de reclusión con un esquema de reinserción social basado en el trabajo, educación, salud y deporte.
“Se están lavando las manos el jefe de Gobierno. Llevan ocho años en que se cambió el sistema, en que se dijo que no sería readaptación sino reinserción social y a muchos centros penitenciarios ni siquiera les han cambiado el nombre (…) La pregunta sería dime qué programas has hecho en las prisiones en ocho años que estas personas que están por salir, no cometan otro delito cuando salgan”, advirtió.
Además alertó que no se debe dejar de lado la deficiente capacitación sobre el el nuevo sistema de los policías estatales y municipales, pues ocurrió en tres meses.
Dijo que 2015 la Comisión Nacional de Seguridad hizo una propuesta de capacitar 333 mil 865 policías estatales y municipales en el sistema penal acusatorio y 237 mil 761 en habilidades policiales básicas, por más de mil millones de pesos.
Dicha instrucción se habría hecho del 1 de febrero al 31 de mayo del año pasado, de ahí que pueda haber deficiencias en las calidad de tal preparación por el corto tiempo en el que se dio.
Acotó que otro argumento del nuevo sistema fue no seguir saturando los reclusorios, ya que entre 2006 y 2007 se estimó que 70% de la población penitenciaria estaba recluida por montos menores a cuatro mil pesos y sentenciados con cuatro a cinco años de prisión.
Por otra parte, el profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel refirió que la Corte advirtió que no todos los acusados de delitos que ahora no son graves saldrán libres.
Explicó que queda a criterio de los jueces la interpretación de los expedientes, puesto que sin hay un preso que cometió homicidio con un arma de uso exclusivo del Ejército, pero el primero no está bien documentado se va a juzgar sólo lo del arma.
Los errores en el nuevo sistema, señaló, pueden darse desde el actuar de los policías porque ellos ya pueden presentar pruebas para juzgar al presunto delincuente pero no cuentan con la capacitación adecuada para hacerlo. Los sentenciados no entran en este esquema, expresó.
Datos
La Comisión Nacional de Seguridad reporta que hasta julio de 2016 había en el país 379 penales; 17 federales, 13 dependientes de la Ciudad de México, 278 de administraciones estatales, y 71 municipales.
Había 209 mil 248 espacios disponibles, en los cuales se alojaban 233 mil 469, es decir que la sobrepoblación ascendía a 24 mil 221 reos.
Los 20 penales del Estado de México concentran la mayor sobrepoblación con 16 mil 333 presos, es decir 163.92% más de lo que pueden alojar.
En los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México hay nueve mil 765 reos más, es decir 40.78% más del espacio disponible.
Algunos delitos que ya no son considerados como graves son: posesión por armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, robo calificado, extorsión, contrabando y ataques a las vías de comunicación, entre otros.
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