San Andrés Tuxtla, Ver.- En lo que podría ser el comienzo de una escalada de denuncias en contra de alcaldes salientes por parte de quienes serán sus sucesores, sobre todo, en aquellos municipios donde los electos son de un origen político distinto al de los ediles en turno, el futuro presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay interpuso denuncia por peculado y abuso de autoridad en contra del alcalde en funciones de ese municipio, Manuel Rosendo Pelayo.
Al acudir a la Fiscalía General del Estado, el Edil electo señaló que la denuncia por peculado fue por favorecer con contratos a 15 empresas “fantasma” a las que se otorgaron obras de la Comisión Municipal de Agua Potable, a pesar de que en documentos expedidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las mismas están señaladas como empresas "fantasma".
En ese sentido, Pérez Garay precisó que cuenta con documentos que amparan los presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado, “y las pruebas fueron entregadas a la autoridad", señaló al acudir este lunes a las oficinas de la Fiscalía del Estado (FGE).
El alcalde electo y ex diputado local – que ganó la alcaldía de San Andrés Tuxtla como candidato independiente - dijo que encontró que en el caso de las empresas “fantasma” hay una cuyo domicilio incluso sirve de pensión de estudiantes, a pesar de que la dirección está asociada a una empresa que prestaba servicios al municipio, y que fue beneficiada con más de 20 operaciones. Por otro lado, el Edil electo también interpuso una denuncia en contra del actual presidente municipal de filiación priista, por abuso de autoridad.
Con relación a este tema, Pérez Garay señaló que la administración municipal favoreció con una adjudicación directa a la empresa Luminarias de Veracruz S.A. de C.V., con un contrato por 36.9 millones de pesos, por la cual no solo fue denunciado el presidente municipal, Manuel Rosendo Pelayo, sino quien resulte responsable, e incluso los miembros del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, pues consideró que no debieron hacer la adjudicación de manera directa.
“La denuncia incluye al Comité de Adquisiciones, así como el órgano de gobierno de la Comisión de Agua Potable, y es en contra de quien o quienes resulten responsables”, concluyó. Hay que subrayar que en las próximas semanas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, dará a conocer el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2016, que contendrá el resultado de las auditorías practicadas a los 212 ayuntamientos y a los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo y a los órganos autónomos, lo que podría derivar en observaciones sobre el manejo de los recursos públicos, sobre todo en las administraciones municipales y, en su caso, de existir daño patrimonial o malversación de fondos públicos, en una escalada de denuncias contra los alcaldes salientes debido a que los próximos ediles difícilmente querrán cargar con eventuales desfalcos provocados por sus antecesores.
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