Presuntamente él y Virginia Serrano elaboraron contratos apócrifos para cobrarlos aprovechando que era apoderado legal de la asociación
Poza Rica. Ver.- Con apoyo del ahora ex apoderado legal de la cartera vencida de la caja de ahorros de Solidaridad, Armando Violante Herrera, ejecutado hace poco en pleno centro la ciudad, la abogada Virginia Serrano Cobos elaboró al menos tres contratos de inversión ficticios además de uno de prestación de servicios, para despojar a verdaderos socios y ahorradores de la citada asociación civil, del dinero del que fueron privados en pasadas administraciones.
Según consta en la denuncia de hechos delictivos entregada a la fiscalía, el difunto legista se valió de un tercero para que les ayudara a crear un contrato apócrifo en beneficio de Virginia Serrano Cobos por 3 millones de pesos, el cual logró ascender a 6 millones 144 mil pesos, luego de que ésta emplazara a juicio a la asociación y Violante Herrera, en vez de responder las demandas como apoderado legal, conviniera pagarle la última cantidad y permitiera el embargo de cuatro inmuebles.
De acuerdo con los antecedentes revelados en la citada denuncia, Armando Violante aplicó descuentos indebidos en la pensión jubilatoria de varios petroleros debido a que supuestamente mantenían adeudos con Solidaridad, lo cual era falso. Esas cantidades las demandó Virginia Serrano Cobos para algunos afectados que buscaron la representación de la abogada en el caso para demandar vía judicial a Solidaridad.
Ante la existencia de varios afectados y para presuntamente apoyar a todos, Serrano Cobos y Violante Herrera obligaron al presidente de la asociación a convenir que los alcances recuperados se dividieran en 3 partes iguales: 33% para los representados de ella, 33% para los de Solidaridad, 33% para honorarios de Armando Violante y 1% para supuestas mejoras en el edificio de la asociación.
La denuncia indica que se recuperó mucho dinero, pero el grupo representado por Solidaridad sólo recibió 604 mil 275 pesos que se repartieron entre los afectados, mientras que Violante y Serrano se hicieron acreedores a más dinero.
Ante estas irregularidades, la actual directiva de Solidaridad buscó retirarle a Armando Violante los poderes que en su momento Héctor Cruz Rodríguez le cedió como apoderado legal. Sin embargo, la misma denuncia de hechos señala que al intentarlo el finado amenazó con matar o secuestrar al presidente de la asociación; incluso el documento revela que el 24 de febrero de 2017 el presidente Raúl Hernández Rosales, fue secuestrado por captores que le indicaron haber recibido la indicación de Armando Violante, mientras tanto el abogado aprovechó para adueñarse de la documentación de los ahorradores y socios y, presuntamente, maquinar con Virginia Serrano Cobos la realización del contrato a su favor, así como otros 2 más.
Estos 2 contratos se elaboraron para gente cercana a Armando Violante, además de uno por la presunta prestación de servicios y otro que ya había sido cobrado pero volvió a presentarse para desfalcar a la asociación; éstos últimos vinculados a allegados de Virginia Serrano. Entre estos contratos y el elaborado para la legista, la suma defraudada asciende a 14 millones 388 mil pesos.
Los casos expuestos, según la denuncia de hechos, se conocieron tras el asesinato de Armando Violante Herrera, que permitió a Solidaridad recuperar la cartera vencida y conocer la existencia de los contratos apócrifos. A quiénes se les entregaron, se difundirá próximamente.
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