Puebla, Pue.- En medio de la polémica que han generado las dos solicitudes para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida en Puebla, donde a la semana es asesinada una mujer, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó un “plan de acciones” para impedir que acepten la segunda solicitud y decreten una AVG para su entidad.
Cabe recordar que una primera solicitud fue presentada por organizaciones civiles en marzo de 2016, misma que fue rechazada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al argumentar que la violencia vivida por las poblanas “no era suficiente” para activarla, sin embargo, emitió 11 recomendaciones “para hacer frente a la violencia”, que a decir de las organizaciones, no se cumplieron pues en medio de ello fue la transición de gobierno de Rafael Moreno Valle.
Un caso que provocó indignación en la sociedad poblana y mexicana en general, fue el de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue asesinada el 8 de septiembre de este año por el conductor, Ricardo Alexis “N”, del transporte privado que abordó de la empresa Cabify, y que motivó una segunda petición de AVG para el estado.
En esta ocasión la solicitud provino no solamente de las organizaciones, sino también del Senado de la República quien en reiteradas ocasiones exhortó a la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDH) a que volviera a presentar la solicitud de Alerta, instancia que no respondió al llamado y que a pregunta de Cimacnoticias, señaló que estaba “analizando dicha propuesta”.
Ante este panorama, la Conavim volvió a emitir 6 recomendaciones, ahora al gobierno de Gali, para atender la violencia de género, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la segunda solicitud de AVG el pasado 20 de octubre, por lo que aún se espera que sea aceptada por la Conavim.
En medio de esta espera y a 3 días de la segunda solicitud de AVG, el pasado 23 de octubre, el gobernador de la entidad, Antonio Gali Fayad, presentó ante su gabinete, “De una vez por todas”, nombre que otorgó al plan de acción gubernamental para “prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género”, en el que destaca la creación de una aplicación para teléfonos móviles en la que las mujeres reporten las agresiones que viven en los espacios públicos; una ley contra el acoso y hostigamiento sexual, y regulaciones al transporte público y privado.
La Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual, busca “tipificar como conductas constitutivas de delito los actos no verbales, como gestos obscenos, captación de imágenes o videos sin consentimiento, exhibicionismo y contacto corporal de carácter sexual”; así como la modificación al Código Civil “para incluir como causa de responsabilidad la violencia de género”; y la creación de una Unidad especializada para atender los casos de feminicidio, son otras acciones anunciadas por Gali Fayad.
Todo ello, tuvo que haberse cumplido desde 2016, cuando Conavim emitió las primeras 11 recomendaciones al gobierno de Moreno Valle y que ahora Gali Fayad presenta como “nuevas”.
Para la directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Cinayini Carrasco Colotla, estas medidas no son suficientes para lograr un impacto directo o a largo plazo en la seguridad de las poblanas porque no atienden el problema de fondo, la prevención de la violencia y el acceso a la justicia en los casos de feminicidio.
“Podemos crear unidades, programas y nada va a servir, lo que urge es un diagnóstico del Sistema de Justicia Penal porque no cuenta con el personal capacitado y sensibilizado para permitir que las mujeres accedan a la justicia”, precisó la defensora.
Criticó que el gobierno de su entidad sea siempre reaccionario ante la presión y agregó: “Se declare o no la Alerta el estado debe trabajar. Lo que pedimos desde las organizaciones civiles es que después de que se implementen las acciones se evalúen, porque evidentemente no se está dando un cambio”.
En medio de todo ello a las poblanas las siguen asesinando y las cifras oficiales no concuerdan con los registros de las organizaciones civiles; mientras la Fiscalía General de Justicia reporta 47 casos de feminicidio en lo que va del año, el conteo de las asociaciones indica un total de 87, sin ninguna sentencia.
Cimac
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