Ciudad de México.- Legisladores y urbanistas consideran que el Proyecto de decreto por el que se expide el programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, concebido por Miguel Ángel Mancera, sólo privilegia a las desarrolladoras urbanas. El problema no es tanto la redensificación que se propone, sino que, en el fondo, no se está repensando la ciudad, lo que puede conducirla a repetir los errores.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no conforme con otorgar a las grandes compañías desarrolladoras la construcción de los edificios que sustituirán a los inmuebles derrumbados y a los que se van a demoler, ahora pretende que la Asamblea Legislativa le autorice aumentar en 35% la densidad de construcción que tenían los inmuebles dañados antes del sismo del 19 de septiembre.
En los primeros días de octubre, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) envió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de decreto por el que se expide el programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente.
El capítulo tercero, referente a las demoliciones en caso de riesgo inminente, inciso III, autoriza a la Secretaría de Obras y Servicios para que de manera inmediata “lleve a cabo las demoliciones de los inmuebles cuyo dictamen de seguridad estructural, emitido por el auxiliar de la administración pública, con el aval de la Comisión (de Desarrollo e Infraestructura Urbana), determine que las condiciones estructurales del inmueble ponen en riesgo la integridad de las personas”.
Para la diputada Margarita María Martínez Fisher, presidenta de esa instancia legislativa, dicho inciso puede abrir la puerta para que de manera indiscriminada se cataloguen edificios con riesgo estructural sólo con el fin de derribarlos.
La legisladora asegura que la iniciativa enviada por el jefe de gobierno pretende beneficiar únicamente a los desarrolladores urbanos, quienes serán los encargados de construir en los sitios en que se encontraban los edificios derrumbados y los que serán demolidos.
Considera que no se justifica el incremento de 35% en la utilización del suelo, como señala la iniciativa, que en su capítulo cuarto –sobre la reconstrucción de inmuebles habitacionales– señala: “Se considerará un incremento de hasta 35% respecto del coeficiente de utilización del suelo, niveles máximos de edificación y viviendas máximas construibles permitidos por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano”.
El mismo capítulo también establece que los proyectos “deberán” contar con al menos el número de viviendas originales existentes en el predio.
“Hemos bajado información que hemos recolectado para ver cuántas viviendas son las colapsadas. Esa es una primera pregunta que nadie nos ha podido responder: conocer cuántos son los metros cuadrados. Es muy importante saber si eran condóminos, propietarios o un solo propietario; si rentaba, había inquilinos y propietarios; si eran edificios intestados. Toda esa información es muy relevante a la hora de revisar la propuesta que se está haciendo”, comenta la diputada Martínez Fisher.
Puntualiza: Tal vez no es necesariamente 35% más pisos, ni necesariamente 35% más vivienda, porque el 90% de los edificios colapsados se construyeron antes de 1985, es decir, antes de que se expidieran programas normativos.
Y explica: Pero cuando los urbanistas y técnicos hagan el cálculo, podría alcanzarse un porcentaje de potencial constructivo. Al incrementar niveles se aumentan las viviendas y el potencial constructivo. La idea central es que los metros que se construyan se vendan y con ello se financien las viviendas que deban reponerse. Esta es la esencia del proyecto del jefe de gobierno.
Martínez Fisher no está de acuerdo en que la iniciativa excluya a los edificios que construyeron pisos de más en lugares como la colonia Roma, donde sólo se permiten tres.
“Si hay un edificio que sobrepasa el número de niveles, y que se construyó posteriormente a la expedición del programa delegacional, en 2008, los niveles extra de ninguna manera se pueden reconocer. Eso lo planteamos con claridad desde que leímos la iniciativa”, subraya.
Proceso
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