jueves, 14 de diciembre de 2017

Luz verde en comisiones a la repudiada Ley de Seguridad; dan primera lectura en el pleno del Senado

Ciudad de México.- Con una clara mayoría de 15 senadores del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.
En cuanto se aprobó el dictamen, se volvió a reunir el pleno del Senado para darle la primera lectura al proyecto de ley. Este jueves 14 pretenden darle la segunda lectura, votarla en lo general y en lo particular, y enviarla a la Cámara de Diputados para que, antes del término de sesiones, quede aprobada esta nueva norma que legaliza las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.
En el debate en comisiones, el senador panista Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa, negó que se haya dado un procedimiento “atropellado” o que se aprobara fast track, mientras que el presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Benjamín Robles Montoya, aseguró que los cambios introducidos son insuficientes porque no generan “ningún tipo de control adicional y extraordinario” ni se supervisa el cumplimiento de derechos humanos.
“Sólo trata de cubrir la inconstitucionalidad de la ley, se fomenta la opacidad y se incumplen con las expectativas de los organismos internacionales y de especialistas”, acusó Robles Montoya, cuya solicitud de moción suspensiva fue desechada por 15 votos contra ocho.
El legislador Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que solicitaron un marco jurídico adecuado porque “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”.
Uno de los defensores más vehementes de la minuta procedente de la Cámara de Diputados fue el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, quien admitió que no existía acto jurídico alguno ni de autoridad que fundamentara la orden del Ejecutivo para sacar a los militares de sus cuarteles.
“De eso se trata esta Ley de Seguridad Interior. De darle certeza jurídica. Tratamos de poner orden al desorden”, sentenció el exsecretario privado de Felipe Calderón, el mandatario que ordenó desde el 2007 los operativos militares para combatir al crimen organizado.
“Esta ley no va a cambiar el problema de seguridad pública porque no está pensada para eso”, exclamó Gil Zuarth, mientras el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, escuchaba de pie y con interés la alocución de uno de los “rebeldes” del PAN.
El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que esta ley es un “error histórico” del gobierno de Peña Nieto.
“El gobierno federal no ignora el rechazo a la ley, pero no le importa”, sentenció el senador poblano.
Barbosa argumentó que el gobierno federal y sus aliados “están desesperados y quieren esta ley porque saben que van a perder el poder” en las elecciones del 2018. “La mano dura, la militarización del país, es un largo anhelo de la oligarquía”, alertó Barbosa.
Otros senadores del PRD, PT-Morena y del PAN argumentaron también en contra, al señalar que esta ley busca encubrir el fracaso de la estrategia de seguridad pública, no garantiza la paz ni da certeza jurídica a los ciudadanos.
El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el pleno de los artículos primero, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto.
En la sesión de este jueves 14 se realizará la segunda lectura, el debate y la previsible aprobación en el pleno de 128 senadores, donde el PRI, el Verde y los siete legisladores del PAN que apoyan la controvertida ley tienen mayoría simple.

Proceso

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