Ciudad de México.- En julio de 2018, el Estado mexicano enfrentará a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que está considerada como la carta internacional de los derechos de la mujer. El Comité del organismo evaluará las políticas implementadas por México para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.
De acuerdo a la lista de cuestiones que al Comité de la CEDAW le interesa revisar y que envió ya al gobierno mexicano para discutirlas en la reunión que se realizará en sesión pública en Ginebra, Suiza, el organismo internacional llama la atención sobre la falta de mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar y erradicar sentencias que perpetúan estereotipos y discriminación por diversas causas como sexo, raza, clase, discapacidad, entre otras.
Esto es relevante, además de la importancia del tema, porque es la primera vez que el Comité voltea a ver al poder judicial en México, especifica Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de la organización de la sociedad civil Equis Justicia para las Mujeres.
La intención del Comité de CEDAW es abordar el tema de transparencia en las sentencias como algo que afecta el acceso a la justicia. En este sentido, señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) de 2015 significó un retroceso en el derecho de conocer el contenido de las resoluciones judiciales emitidas por los jueces.
La LGTAIP, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redujo la obligación de los poderes judiciales de los 32 estados de la República Mexicana para difundir las sentencias emitidas, ahora solo podrán conocerse aquellas de “interés público”, aunque no se establece exactamente qué incluye ese término.
Equis Justicia para las Mujeres denunció, al dar a conocer su informe Transparencia en la Publicación de Sentencias ¿Retroceso a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?, que esta legislación daba pie a la opacidad del Poder Judicial, puesto que diariamente las personas defensoras de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil constatan, en sus experiencias de litigio, la existencia de resoluciones judiciales injustas basadas en estereotipos de género, prejuicios hacia las mujeres y sesgos de las y los jueces.
Justo sobre esos temas ha llamado el Comité de CEDAW al gobierno mexicano a rendir cuentas, aunque también hará revisión sobre otros aspectos, como representación política, salud sexual y reproductiva, desapariciones e impunidad y respuesta a la violencia.
Cada cuatro años, el Estado mexicano está obligado por la CEDAW-México -que se integró a este instrumento en 1981- a rendir un informe sobre la atención a mujeres en el país. El último que presentó fue el noveno, en diciembre de 2016, en el que respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores. El informe fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
En paralelo, cada cuatro años, organizaciones civiles mexicanas entregan a la CEDAW “informes sombra”, documentos alternos al oficial que aportan información, desde la sociedad civil, sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Hasta ahora el Comité ha recibido siete de estos informes, entre ellos el de Equis Justicia para las Mujeres sobre acceso a la justicia. Aunque el organismo todavía está abierto a recibir más, de aquí a julio de 2018.
El grupo de trabajo del Comité analizó estos informes y como respuesta ha pedido a las autoridades mexicanas que aclaren ciertos puntos. La petición hace referencia a los protocolos legislativos que se han aprobado para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, en concreto: solicita indicar si se han tomado medidas para medir su impacto, especialmente en relación con la eliminación de los estereotipos de género y formas entrecruzadas de discriminación en la administración de justicia.
Además, pide aportar detalles sobre los criterios interpretativos aplicados por los jueces en la resolución de los casos y que especifiquen si existen mecanismos para identificar las decisiones y prácticas discriminatorias.
Respecto a la opacidad en las sentencias, el documento es claro al estipular que las autoridades mexicanas deben indicar si existen mecanismos para vigilar la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, máxime a la luz de las informaciones que sugieren que, a raíz de la entrada en vigor de esta Ley, se ha reducido considerablemente el número de condenas publicadas y se ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información de los casos.
Sobre el tema de capacitación, en el que Equis Justicia para las Mujeres ha documentado -a través de solicitudes de acceso a la información- la erogación de cientos de millones de pesos, el Comité le ha pedido al gobierno de México aportar más detalles sobre la naturaleza de las actividades, los cursos en línea y los talleres que tienen por objeto crear conciencia entre la judicatura y los funcionarios públicos sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en la tramitación de casos.
“El informe oficial presentado a CEDAW por el gobierno mexicano tiene problemas muy serios en acceso a la justicia, por ejemplo; habla y habla de protocolos y capacitaciones, como si eso fuera la solución, pero no habla de cómo se aplican ni cómo se miden los resultados con indicadores claros. Su posición ha sido presentar datos numéricos”, subraya Erreguerena
En lo concerniente a mujeres indígenas y de escasos recursos, el organismo solicita informar si se han establecido medidas para evaluar los efectos de las decisiones judiciales en las mujeres de los pueblos originarios y rurales, e indicar si todas la mujeres y niñas de ingresos limitados disponen de un acceso adecuado a la asistencia jurídica.
Será la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de decidir quiénes integrarán el equipo que acudirá a Ginebra a contestar las dudas del Comité. Erreguerena adelanta que, seguramente, esa representación llegará en el mismo tono, con cifras y números, pero sin información cualitativa sobre los resultados de las acciones en defensa de las mujeres.
“La posición va a ser mencionar números, pero son números que pueden ser una simulación, porque hay miles de protocolos de acceso a la justicia, por ejemplo, y a la hora que hablas con funcionarios públicos no tienen idea de esos protocolos”.
Frente a esto, “lo más probable” es que CEDAW emita otra serie de recomendaciones específicas que el gobierno mexicano irá cumpliendo “aunque sea a medias”, para no someterse al señalamiento internacional público a falta de otra sanción -explica Erreguerena- toda vez que los mismos protocolos y la capacitación han sido una respuesta a otras recomendaciones del organismo.
AP
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