Número cero

El estigma de Ayotzinapa

Por: José Buendía Hegewisch

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa es una marca de impunidad en la piel de la justicia. Se ha convertido en un estigma porque, a cuatro años, parece que poco ha pasado para en verdad resolverse el crimen y la crisis de derechos humanos que evidenció del país. El caso Iguala y el debilitamiento de la justicia es una herencia hipotecada que lega Peña Nieto al próximo gobierno con su determinación de combatir el problema de las drogas con la reafirmación del prohibicionismo y la misma política de seguridad de los últimos 12 años.

Sin necesidad aparente y en la misma semana del cuarto aniversario del caso Ayotzinapa, el actual gobierno se adhirió al llamado Global de Acción Mundial sobre el Problema de las Drogas, que refuerza la postura de combatir el problema bajo el mismo paradigma proteccionista de la “guerra” contra el narco que impulsa, entre sus principales convocantes, Donald Trump. Y sin ofrecer mención o reacción alguna al reconocimiento del expresidente Zedillo sobre su “error” de seguir esa política de drogas, así como tampoco respecto de la declaración de la Comisión Global de Política Drogas sobre el riesgo de caer en el “narcoestado” sin acciones para quitar el negocio de los estupefacientes al crimen.

En suma, las voces que alertan sobre el fracaso del prohibicionismo y la urgencia de regular no merecen ser escuchadas, sin atender el alto costo en violencia y víctimas de las que Ayotzinapa es sólo un “botón de muestra”. Mientras, el país se suma sin mayor cuestionamiento a los llamados para proseguir con la “guerra al narco” que, entre otras razones, está detrás de la disolución de la justicia y refuerza el contexto de “macrocriminalidad” que se advierte del caso Iguala sobre el involucramiento de autoridades de todos los niveles de gobierno.

Si alguna cosa está clara del caso Iguala —como señala el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas— es que la investigación tiene vicios de origen, al menos, por falta de profesionalismo (como en privado convalida un extitular de la PGR) y omisiones, manipulación de pruebas y tortura que —como señala el informe del GIEI— apuntan a extender coberturas y protecciones. Algo que desde la misma noche de la desaparición de los estudiantes consignaron periodistas de Guerrero al notar la pasividad de los militares de la zona y el control de la población por parte de la policía; y luego incluso la dilación para llamar a testificar al secretario de seguridad pública del Estado o al entonces gobernador Ángel Aguirre.

En este contexto, el gobierno de López Obrador se moverá en un terreno escabroso respecto a la crisis de derechos humanos y de la solución del emblemático caso Ayotzinapa, aunque Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación del próximo gobierno) confía en resolver. Por lo pronto, está sometido a tres grandes exigencias de las víctimas, la sociedad civil y del gobierno de Peña Nieto. La primera, crear una comisión de investigación independiente —como anunció ya López Obrador— en los términos del Protocolo de Minnesota que aplica cuando hay desapariciones escandalosas que no puede resolver la justicia formal, con la participación de las familias de las víctimas.

La segunda, incorporar un mecanismo internacional de expertos como el GIEI con decreto expreso del próximo Ejecutivo a todos niveles de gobierno para colaborar en la indagatoria. Y relacionado con lo anterior, la designación del fiscal general que, antes del 1 de diciembre, le corresponderá presentar a Peña Nieto en presumible acuerdo con López Obrador del que será el responsable de reactivar las investigaciones. Después de esto, como dijo el diputado priista Luis Miranda, podrá incluirse hasta el Ejército en la indagatoria. 

La complejidad de esta ruta es mayúscula porque atraviesa por la propia definición del plan de paz al que López Obrador se comprometió antes de tomar posesión cuando concluyan los foros “escucha” con las víctimas y otras mesas de análisis de la política de seguridad con la sociedad civil. Pero comienza a abrirse paso el reclamo de las víctimas: justicia.

Excelsior