Xalapa, Ver.- Debido a que un juez federal le negó un amparo que había promovido para evitar pagar una multa, ahora el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tuvo que recurrir al recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito para conseguir la protección de la justicia federal.
Esto derivado del incumplimiento de pago a un proveedor, que fue contratado en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y que ahora, la administración yunista fue sentenciada a pagar y no lo ha hecho.
Conforme al tablero de avisos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, se puede leer que el mandatario estatal tuvo que recurrir al Tribunal, luego de que el juez federal le negó el amparo.
El gobernador tuvo que promover el juicio de amparo 792/2018 radicado ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Xalapa en contra del acuerdo del pasado 13 de julio dictado por un juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, donde se le impone una multa porque no se le paga a un proveedor.
El origen de este asunto data de 2009, cuando era gobernador Fidel Herrera Beltrán y desde la Secretaría de Educación de Veracruz se hizo un arrendamiento de 303 computadoras. La empresa, al no obtener el pago por el contrato establecido, decidió proceder legalmente y obtuvo la resolución favorable por parte de juez civil.
Desde entonces, la parte afectada ha intentado cobrar el adeudo pero durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no hubo reconocimiento al pasivo, por lo cual también promovió el amparo 1176/2016 ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, donde alega violaciones a su derecho de acceso a la justicia, al no poder ejecutarse la sentencia donde se obliga al gobierno de Veracruz a pagar por el contrato de la renta de 303 computadoras.
En 2017, el proveedor logró ganar el amparo para obligar al gobierno estatal para que le sea pagado por el gobierno yunista la deuda que fue heredada desde el gobierno fidelista, pero no ha sido liquidada.
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