Vida Pública

Para que el gobierno gobierne

Por: Arturo Huicochea Alanís

Gobierno que no garantiza la seguridad de todos, no gobierna, si acaso, administra. Recauda impuestos, presta algunos servicios, administra los ingresos y distribuye poco entre muchos muy necesitados; es decir, administra. Pero si no es capaz de poner orden, resolver las controversias que surgen entre las personas, investigar los delitos cuando ocurren, sancionar clara y ejemplarmente a quienes rompen la Ley, en ejercicio de la justicia, respetando los derechos de todos y bajo el imperio de la norma, no gobierna.

Si como dice el INEGI, más de 32 millones de delitos, de los 33.6 que ocurren en México al año, ni siquiera se denuncian; esto es, las autoridades ni se enteran, significa que la gente lo asume y se aguanta, o lo resuelve por sí misma y a su modo, sea negociando, sea desquitándose, sea enfrentando a sus agresores, sea pagando por protección de la delincuencia organizada, sea delinquiendo también, sea modificando sus hábitos, cambiando su lugar de residencia o, simplemente, continúa su vida esperando que jamás resulte víctima de un delito, a sabiendas de que no hay gobierno que la proteja.

Al mismo tiempo es importante saber que actualmente medio millón de mexicanos son miembros de la fuerza aérea, del ejército, de la marina, de la policía federal, la gendarmería nacional, la policía ministerial y de investigación, o policías judiciales de los estados, policías estatales, policías municipales y hasta policías auxiliares y todos ellos, juntos, aunados a los miles de ministerios públicos y jueces de todo el país, apenas resuelven cerca de 150 mil delitos de los pocos que sí fueron denunciados, según cifras oficiales. Así las cosas, significa que podríamos carecer de todos esos servidores públicos, y la situación no cambiaría mucho: la mayoría de los conflictos los resolveríamos como ya lo hacemos ahora: sin intervención gubernamental.

Aunque el panorama de la inseguridad, visto desde esta perspectiva, luce desolador, sí hay modo de cambiarlo. Si bien es difícil, el principio de la solución es, sorprendentemente básico: hay que reivindicar, lo que significa recuperar, las tareas originales de las diversas autoridades de gobierno.

Para que un gobierno gobierne requiere, sencillamente, que la policía realice tareas de prevención en proximidad de la población, de atención a las víctimas en caso de delito y de investigación del mismo; que la fiscalía no investigue, ni conduzca la investigación, pues no se da abasto, y que se concentre en su tarea original y primaria: litigar ante los jueces, los casos que la policía le presente. Esto implica transferir las policías “especiales” que están bajo el mando de las fiscalías -que siendo autónomas, ya no son parte del Poder Ejecutivo- y concentrarlas en las áreas de seguridad, para que ya no haya pretexto en la eficacia de la prevención y persecución de los criminales. Después de eso, innumerables acciones hay que realizar, pero son posibles, sobre la base firme del orden y la claridad en las responsabilidades de cada instancia. Así de fácil, pero ninguna autoridad federal o local lo ha planteado y realizado, y así de complicado. El principio de la solución al problema de seguridad es la voluntad política, lo que significa: la decisión del gobernante que se decida a gobernar.