Ciudad de México.- La Primera Comisión de la Permanente -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- hizo un reconocimiento al aumento histórico al salario mínimo impulsado por el Ejecutivo Federal, en vigor a partir del 1º de enero de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y avaló un exhorto para que el gobierno de la república continúe con la recuperación del salario base hasta alcanzar la línea de bienestar.
La propuesta de continuar con el rescate salarial fue hecha por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), quien consideró que todavía no se ha llegado a la línea de bienestar y hay muchas personas que están con necesidades importantes.
La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) dijo que el salario mínimo había perdido su esencia de ser el ingreso remunerativo y suficiente, hasta llegar a ser sólo un instrumento de medición. “No está de más hacer el llamado para permanecer en este camino hasta lograr que el salario tenga la esencia de su retribución justa al trabajo”.
La senadora Adriana Abreu Artiñano (Morena) expresó que se tenía una deuda pendiente con la clase trabajadora porque los aumentos al salario mínimo, por años, fueron irrisorios y este no puede estar debajo de la inflación, como se venía manejando.
El senador Dante Delgado Rannauro (MC) afirmó que el salario mínimo permite una vida digna y esto incluye acceso a la salud, vivienda, educación y alimentación y “todavía estamos lejos de cumplir con el mandato constitucional, pero qué bien que se estén haciendo estas correcciones”.
En otro dictamen, esta instancia presidida por el senador Óscar Ramírez Aguilar (Morena), condenó el asesinato cometido contra el presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago y los legisladores integrantes expresaron sus condolencias a familiares y amigos.
Asimismo, llamó a las autoridades del estado de Oaxaca de Juárez a realizar las investigaciones pertinentes a efecto de esclarecer el caso y emprender acciones para prevenir y sancionar los hechos delictivos, así como para restablecer la paz y la seguridad, en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Avaló el exhorto para que la Coordinación Nacional de Protección Civil, y las instancias correspondientes de las entidades federativas, elaboren y den seguimiento a protocolos de seguridad en forma estandarizada para el almacenaje, distribución y uso de fuegos pirotécnicos, así como para llevar a cabo campañas informativas que promuevan recomendaciones y medidas de seguridad para todas las personas que participan y observan las celebraciones en las que se utilizan fuegos artificiales.
Los legisladores pidieron a las secretarías, entidades y dependencias de la administración pública federal cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, que los mensajes y comunicados oficiales sean de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social, quedando exentos de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
En este tema, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) presentó una reserva -que fue rechazada por el pleno- que proponía incorporar en el dictamen, que el Instituto Nacional Electoral tomara medidas cautelares para cumplir el artículo 134, así como la Ley General de Comunicación Social.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) puntualizó que el gobernante se tiene que ceñir al principio de legalidad que la ley mandata. “La libertad de expresión es para el ciudadano, y es un derecho fundamental y el Estado tiene el principio de legalidad que debe respetar”.
Otro punto aprobado fue para pedir al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que remita un informe, a esta soberanía, sobre el estado que guarda el predio del Campo Militar No. 1-F, ubicado en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, especialmente sobre la condición de uso de suelo, si existe un plan de urbanización por parte del gobierno federal.
En el mismo punto, exhortan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que remita un informe detallado de los recursos destinados y por destinar en la construcción de las instalaciones de la industria militar en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla.
Al respecto, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) pidió conocer el proyecto que tienen para ese espacio, porque si se está contemplando una construcción muy grande, implicaría violación de derechos, como el de movilidad, establecido en la Constitución.
“Queremos ver el planteamiento completo, porque no queremos que haya una afectación grave a quienes habitan en la zona, que la mayor parte son zonas populares con poco acceso a servicios, como agua y movilidad. Queremos que los residentes tengan acceso a la información”, subrayó.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) dijo que es importante saber qué uso de suelo tiene ese lugar, dado que hoy es de equipamiento, y se habla de vender el predio a particulares; entonces, es viable conocer cuántos metros tiene de potencialidad y qué porcentaje de área libre están obligados a dejar.
En su oportunidad, el senador perredista Miguel Ángel Mancera se unió a las interrogantes acerca de cuál es el uso de suelo permitido y hasta dónde está la densidad de ese predio. “La idea es que no se construya nada ahí y se recupere para el bosque de Chapultepec”.
El presidente de la Primera Comisión, senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que los proyectos de dictamen se enviarán a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a fin de que se incluyan en el orden del día de la próxima sesión.
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