lunes, 6 de mayo de 2019

Lamenta CNDH que FGE obstaculice labor de colectivos

Xalapa, Ver.- Veracruz lidera el grupos de búsqueda de personas desaparecidas en el país, con 20 colectivos; después Sinaloa, con 13; Guerrero, con 12 y Tamaulipas, con 7, por mencionar los más destacados en número, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los 17 estados del país con organizaciones sociales y colectivos de familiares de personas desaparecidas son, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, con 6;  Ciudad de México, con 5; Coahuila, 5; Baja California, 3; Michoacán, 3; Estado de México, 2; Morelos, 2; Puebla, 2; San Luís Potosí, 2: Jalisco, con 1; Querétaro, 1; Sonora, 1 y Zacatecas, 1, que suman en total 86 organizaciones o colectivos.
De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2018 de la CNDH, con el fin de fortalecer de manera integral la coadyuvancia en la labor de búsqueda y localización de personas desaparecidas, se tuvo mayor acercamiento con colectivos y familiares de personas desaparecidas y no localizadas, a efecto de recabar datos de identificación necesarios para hacer eficiente la ayuda en las labores de búsqueda y localización.
Ejemplo de ello, menciona la CNDH en su informe anual, fueron los 235 días de trabajo ininterrumpido que se dedicaron al acompañamiento del colectivo “Solecito de Veracruz”,  en el predio Colinas de Santa Fe, en la ciudad de Veracruz, cuyo propósito fue la localización de fosas clandestinas en las que se encontraron restos de personas desaparecidas, de los que algunos resultaron con identificación positiva, por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos procuró se notificara a los familiares.
Sin embargo, lamentó la CNDH con respecto a Veracruz que, no obstante los esfuerzos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destaca la debilidad institucional de los sistemas de procuración e impartición de justicia de esa entidad, lo cual obstaculizó la identificación de un mayor número de restos y, sobre todo, el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a familiares de las víctimas directas”, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado (FGE).

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