El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señala que los foros lograrán analizar la viabilidad del proyecto.
Ciudad de México.- En el foro 1 del parlamento abierto, “Política, gobierno, austeridad en la función pública y combate a la corrupción”, especialistas y funcionarios de diversas dependencias, indicaron que es primordial que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 atienda la migración y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía.
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que los foros serán muy importantes porque el objetivo es valorar y luego decidir respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Se refirió a un gran tema de nuestro tiempo: la gobernabilidad democrática, pero no la gobernanza, que es el resultado, sino al método.
Es un tema muy complicado porque hay factores que han contribuido muy poderosamente los últimos 30 años, a bajar los niveles de gobernabilidad. “Hay un retraso en esta materia, porque hay realidades y factores a los cuales nos enfrentábamos. El primero de ellos, la ineficiencia para la mayor parte de las entidades, en el sentido de prestar los servicios y asegurar las libertades que legitiman al Estado”.
Otro asunto relevante es la movilidad de la gente sobre el territorio, porque es el trasfondo de lo que estamos viviendo hoy. Preguntó si el fenómeno migratorio ha conducido a una crisis social, porque la migración ha existido siempre y es una característica del siglo XXI, pero ahora hay un descontrol que antes no se tenía.
“Eso nos obliga -y es el momento que estamos viviendo en México-, a cambiar la política migratoria, y ese es el tema que estamos afrontando. Durante muchísimos años hubo un entendido entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, para que nuestro país sellara la frontera sur ante la imposibilidad de sellar la frontera norte, y ahora, las quieren orillar a las dos”.
Estimó que es un momento dramático, porque México puede iniciar o está iniciando una crisis migratoria enorme, cuyo principio conocemos, pero el final todavía desconocemos.
Un tercer tema es el de las mayorías democráticas operantes. “Los sistemas presidenciales están prácticamente obsoletos porque no lograron mayoría estable, son mayorías excesivamente cambiantes”.
Dijo que México vive un fenómeno particular, no solamente en América Latina, sino en el panorama internacional, porque hoy tiene un régimen presidencial con mayoría y eso es único. “Ningún otro gobierno tiene mayoría clara; existen regímenes parlamentarios, porque el Estado se resuelve en las urnas con mayoría.
El dato, continuó, es muy importante para nuestro país, porque aparte de su situación geográfica, es un hecho insólito; podríamos dar la vuelta al mapa y a lo mejor nos encontramos por ahí.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), dijo que urge una nueva política de Estado que evite la criminalización de los inmigrantes y tenga la concepción de migrar como un derecho y no como una necesidad.
“Una política que se enfoque en dar mayor atención a la diáspora mexicana, mediante el fortalecimiento de las instituciones junto con el de los lazos de los mexicanos en el exterior”.
Después de escuchar a los ponentes, subrayó que en este tema fue recurrente el llamado para que a través del PND se modernice la política migratoria y de asilo.
Mencionó que las intervenciones refuerzan el convencimiento de que el Plan Nacional de Desarrollo cumple con los requisitos de forma y fondo legalmente establecidos; sin embargo, consideró que “aún cuando sea perfectible en temas particulares, no debemos perder de vista que a partir de este documento, se formularán diversas políticas públicas y que el instrumento de análisis traza objetivos generales, por lo que estos temas deberán de ser subsanados por el Ejecutivo en la fase del diseño e implantación y en la opinión que emita cada una de las comisiones de esta Cámara de Diputados”.
Durante las ponencias, expresó la diputada, se señaló que es importante incluir la perspectiva de género y de multiculturalidad en el PND. Asimismo, se pidió que se agreguen indicadores de desempeño, metas y derechos humanos; se resaltó el papel de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de ciudadanía, señalando la trascendencia de su participación en el proceso de construcción del PND.
“De varias de las ponencias aquí presentadas, se entiende que si bien, el Plan sí incluye parcialmente los fines del proyecto nacional y puede considerarse idóneo para definir las políticas que transforman al país, hay áreas que pudieran ser mejor expresadas, por ejemplo, lo relativo a la promoción, protección, respeto y garantía de derechos humanos, igualdad de género y política migratoria, dichos objetivos deberán de ser fortalecidos”, finalizó.
Laura Gurza Jaidar, directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indicó que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser equitativo, incluyente, sustentable, sostenible y preservar la perspectiva de la interculturalidad.
También sugirió incorporar como criterio transversal la igualdad de género, a fin de abordar los temas estratégicos de las mujeres; asimismo, solicitó realizar un análisis de la situación actual de los temas prioritarios para impulsar el desarrollo nacional, pues ello permitirá resolver la desigualdad que afecta al país.
Consideró necesario se incluyan indicadores vinculantes para el Estado en diversas materias, como es el caso de la progresividad de los derechos humanos, pues “parece que cada sexenio nos reinventamos, entendemos que hay una transformación de fondo, pero es indispensable cumplir con lo mandatado en la Constitución, a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el cumplimiento de acuerdos internacionales que México ha adquirido”.
Clara Jusidman, representante de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, AC, indicó que el PND reconoce la complejidad que se vive, las crisis de derechos humanos y la inseguridad en materia de gobernabilidad democrática.
Señaló que se debe analizar el concepto de austeridad, porque se están disminuyendo la experiencia y los conocimientos del adecuado manejo del quehacer público, toda vez que esto afectará la operación de bienes y servicios públicos, el retraso de la ejecución de los nuevos programas, el desempleo y empobrecimiento de profesionales.
“Es un error cercenar a hachazos al gobierno, en lugar de aplicar el bisturí o confiar en los nuevos funcionarios, para que reorganicen las instituciones acorde al presupuesto definido”.
Mencionó que otro factor a analizar, es que el desarrollo y participación de la ciudadanía es fundamental, pues las organizaciones civiles han hecho grandes aportes a la transición democrática y a la detección y atención de problemáticas emergentes, como derechos sexuales, ambientales, el combate a la corrupción y la impunidad, entre otros.
Suhayla Bazbaz Kuri, de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC, indicó que para que un gobierno pueda mandar obedeciendo, es imprescindible que se tenga un conjunto de mecanismos e instrumentos con los que se respete y garantice el derecho de las personas, grupos, pueblos y comunidades a involucrarse de manera significativa y afectiva, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos y en cada una de las etapas de la política pública.
“La consulta popular indígena, pública y previa; libre e informada y con pertinencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, son figuras que pueden ser complementarias, mas no sustitutas”.
Florian Hoepfner, oficial de soluciones duraderas de la agencia de los refugiados, ACNUR señaló que México está tomando un liderazgo dentro del proceso de refugiados, por lo que es necesario agilizar el proceso de la documentación, para que lo antes posible las personas puedan acceder a los servicios públicos y de empleo formal.
Comentó que hay sistemas más automatizados que se podrían desarrollar para que las personas se puedan reportar en línea, recibir las constancias que necesitan, en vez de acudir físicamente a las oficinas para firmar.
Melissa Vertiz, representante del grupo de trabajo sobre política migratoria, dijo que dentro del plan se reconoce que hay debilidades en las instituciones, para atender el tema migratorio y asilo en México, lo cual contribuye no sólo a generar acciones de accesibilidad y garantía de derecho, sino también de fortalecimiento institucional y asignación presupuestal adecuada.
Manifestó que a través del programa, se debe aportar para reorientar la política de Estado en materia de migración y de asilo; se fundamente en la seguridad de las personas y respeto de sus derechos humanos, y se deje de vincular con el tema de seguridad nacional. “México requiere una nueva visión en la materia, que se traduzca en la creación de un sistema institucional coordinado al más alto nivel con prioridades en corto, mediano y largo plazos”.
Luis Eduardo Pelayo Gómez, presidente del Concilio Hispano de Chicago, recomendó crear una política pública orientada a auxiliar y proteger los derechos humanos de los migrantes, “no se puede tener la desfachatez de exigir un trato digno para los mexicanos en Estados Unidos, cuando en el país se maltrata a los centroamericanos”.
Por otra parte, propuso generar un fideicomiso para el migrante repatriado con dinero semilla del gobierno, a fin de dar créditos a bajo costo para poner un negocio y que este fondo crezca con las aportaciones de los connacionales.
Apuntó que la inversión en programas de asistencia, es la oportunidad de aprovechar el capital humano de los connacionales repatriados. Finalmente solicitó que se evalúe la posibilidad del libre tránsito, bajo los lineamientos del Tratado del Libre Comercio.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) preguntó si en nombre de la corrupción vale la pena echar a un lado el conocimiento y la especialización que tienen las organizaciones de la sociedad civil y de quienes se han entregado a tener una formación específica en este tema.
María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena, sostuvo que existe disposición para mejorar todas las condiciones terribles en diferentes áreas que se heredó de gobiernos pasados y afirmó que este parlamento abierto habla de la vocación democrática y de la apertura absoluta que este gobierno está teniendo para la discusión de los grandes temas nacionales.
Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía expuso que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una importante carga ideológica y la tarea del Legislativo, es verificar el trabajo del Ejecutivo, pero cuando “se tiene un inadecuado documento, se hace complicada la labor; recibimos un texto con una estrategia tan general y vaga, y se desconoce cómo será el traslado de las secretarías federales a los estados”.
Lorena Villavicencio Ayala, diputada de Morena, se congratuló con el esfuerzo que está haciendo esta legislatura con el tema de parlamento abierto. “No sólo revisar lo que mandó el Ejecutivo, también fortalecer los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo; hay temas importantes para la transformación del país, como es la cultura democrática, la inclusión de la sociedad civil organizada y el asistencialismo”.
Del PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández destacó que este documento debe decir el cómo, por qué, dónde y cuándo se estaría ejecutando un programa de política pública. “Este gobierno que habla de la Cuarta Transformación, prometió un futuro importante para las y los mexicanos, pero tiene ideas de hace más de 30 años y no aborda a plenitud el tema de igualdad entre mujeres y hombres, desaparece el apoyo a las estancias infantiles y los apoyos para los refugios a las mujeres”.
La diputada Julieta Macías Rábago (MC) consideró que las organizaciones de la sociedad civil deben tener recursos y apoyo para seguir haciendo su trabajo, porque son ellas las que apoyan las responsabilidades que debe tener el gobierno.
En tanto, el diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) estimó que este documento no contiene claridad en los programas a desarrollar, ni cómo hacerlos y medirlos. Ejemplificó que no hay una mención clara en torno a un programa relativo a pueblos indígenas. También, dijo, no se sabe cómo se medirá el impacto del PND.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) comentó que México refrenda y retoma la doctrina Estrada, en la cual se regresa lo que se había perdido, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica a las controversias. Mencionó que la Comar y ACNUR, son instancias muy importantes para que documenten a todos los migrantes que están ingresando al país.
De la misma bancada, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano expresó su inquietud sobre cómo configurar una nueva relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, cuyo gobierno se orienta a la construcción de un nuevo régimen político. Asimismo, cómo fortalecer el entorno en el sur, esto es la cooperación internacional de la ONU y otros organismos internacionales.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que el documento no cumple con los mínimos que establece la Ley de Planeación, ya que no cubre lo que se requiere para verificar efectivamente si se cumple o no con los objetivos planteados en el PND. Mencionó que no hay una atención integral de las necesidades de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que esto debe formar parte de los planteamientos que deben incluirse.
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