Ciudad de México.- La negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a recibir el Informe de Actividades 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en evidencia la distancia que ha guardado sobre el tema, que delegó a la Secretaría de Gobernación (Segob).
López Obrador se abstuvo de recibir el documento que resume parte de la crisis de derechos humanos que heredó de la administración de Enrique Peña Nieto, así como a escuchar el mensaje del ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez.
En su discurso, González Pérez habla de la persistencia de la crisis –sobre todo en materia de salud, seguridad y la atención a grupos vulnerables–, agravada por la austeridad republicana de la administración de López Obrador:
“Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho, identificando el agravamiento de la crisis por la que atraviesa el sector salud por la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el gobierno de la República.
“Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y se ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen. Sin embargo, ello no debe implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a que se tengan derecho.”
Como no hubo ceremonia protocolaria, el ómbudsman nacional omitió la lectura de su discurso y entregó una copia a los periodistas.
Según información de la CNDH, en los primeros seis meses de la administración de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de mayo último, se integraron 539 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas sólo con los programas para discapacitados (1), estancias infantiles (204), refugios para mujeres víctimas de violencia (1); falta de medicinas en el IMSS (124) y el ISSSTE (120) y falta de antirretrovirales para personas con VIH en el IMSS (63) y en el ISSSTE (26).
“2018 concluyó con cifras que no son favorables y el panorama que presenta el inicio de 2019 también está lejos de ser positivo, a menos de que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a los problemas y seguridad de las personas”, se lee en el discurso que el ómbudsman no pudo leer ante López Obrador.
El lunes 3 González Pérez entregó a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, el documento sobre las actividades de la CNDH de enero a diciembre de 2018, que refiere la emisión de 101 recomendaciones –90 ordinarias, ocho por violaciones graves y tres generales–, de las cuales 21 fueron dirigidas principalmente al IMSS; 13, a la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República); 10, a la Comisión Nacional de Seguridad; cinco, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y cuatro, a la Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras dependencias.
Silencio presidencial
En conferencia de prensa convocada el mismo lunes 3, el ómbudsman nacional dio cuenta de que por lo menos desde enero último ha enviado comunicaciones al presidente López Obrador para acordar el acto de entrega del informe, como lo ha venido haciendo la comisión desde hace 29 años. La Presidencia no respondió.
Detalló que una semana previa a la entrega recibió una notificación de la Segob, en la cual le pedía acudir a la dependencia a depositar el documento.
“Yo tenía la receptividad del señor presidente de que habría ceremonia. Algo pasó en el camino”, señala González Pérez a Proceso.
–¿Hubo algún reproche de por medio? –le pregunta la reportera.
–No. Si hay un reproche, la sociedad debería conocerlo. En un principio había la receptividad para que se hiciera la entrega en acto público; por eso la paciencia del ombudsperson y la prudencia, pero al final no sé a qué haya obedecido el cambio de directriz, y se entregó físicamente en Gobernación.
González Pérez considera “desalentador” el hecho y lamenta que no se llevara a cabo la ceremonia, como cada año, “porque es la oportunidad que tiene el ombudsperson para decirle a la máxima magistratura del Ejecutivo el estado en que se encuentran los derechos humanos del año inmediato anterior, pero también la prospectiva (…), que se empiezan a acumular hechos y actos que nos hablan de que hay que tomar acciones para que podamos revertir la situación por la que atraviesa el país”.
La mañana del lunes 3, Sánchez Cordero recibió de manos de González Pérez el Informe de actividades 2018, así como el discurso que el ómbudsman nacional leería ante el presidente y la Agenda básica de derechos humanos 2019.
El martes 4 López Obrador explicó que “la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal, la defensa de los derechos humanos; por eso se decidió que la licenciada Olga Sánchez Cordero recibiera ese informe”, amén de que su gobierno está en disposición de aceptar las recomendaciones que haga la CNDH.
Por lo pronto, en la Agenda básica de derechos humanos 2019 la CNDH enlista 186 puntos que, de atenderse, podrían contribuir a abatir la crisis de derechos humanos.
Como preámbulo, el documento incluye un apartado denominado “Compromiso básico”, con nueve asuntos que las autoridades encabezadas por López Obrador deben atender de manera urgente, entre ellos “la conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo, Ocoyucán y los demás en los que se ha determinado la existencia de violaciones graves a los derechos humanos”.
Como paso para el abatimiento de la impunidad, la CNDH recomienda al gobierno federal agotar las indagatorias de casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias, así como de los feminicidios y las agresiones sufridas por periodistas y defensores de derechos humanos.
Para el organismo es indispensable la “implementación administrativa y operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las Fiscalías Autónomas, previendo en este último caso un plan transparente y verificable para la transición entre la Procuraduría General de la República y la nueva Fiscalía General”.
Las demandas
En el documento la CNDH urge al gobierno federal a establecer mecanismos de monitoreo de la aplicación de las leyes generales de desaparición y tortura, “así como de la adopción inmediata y suficiente con recursos presupuestales requeridos para su establecimiento y operación”.
Sugiere asimismo la revisión del Mecanismo de Alerta de Género por Violencia en contra de la Mujer, “para fortalecerlo, hacerlo más eficaz y eficiente y contar con indicadores claros de seguimiento”, como debería hacerse en el caso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en este caso que se creen instrumentos similares en las entidades federativas.
Fechada el 1 de abril último, la Agenda agrupa en seis apartados los 186 puntos que para la CNDH son de fundamental aplicación en el gobierno de López Obrador; tienen que ver con políticas públicas, seguridad y justicia; temas de urgente atención, como la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la investigación de casos de tortura y de violencia contra mujeres, así como el esclarecimiento de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y la trata de personas.
La relación de temas propuestos por el organismo se extiende a los grupos vulnerables (discapacitados, menores, adultos mayores, personas con VIH, mujeres, migrantes, indígenas y afrodescendientes); a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y la ratificación de compromisos internacionales.
En su diagnóstico sobre seguridad, la CNDH sostiene que “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes de las y los mexicanos”.
Si bien reconoce que se han realizado diversas acciones y la inversión de “cuantiosos” recursos, señala que el país “lleva más de una década sin poder encontrar la solución a los graves problemas que se enfrentan en este ámbito, lo cual lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”.
Para el organismo, la injusticia, la impunidad y la corrupción son “problemas endémicos y sistémicos en nuestro país, debilitan las instituciones, afectan la convivencia social pacífica y victimizan a las personas”; su combate requiere “atención urgente y prioritaria en tanto son elementos que inciden negativamente en todos los ámbitos vinculados a la legalidad, la seguridad, la justicia y la paz”.
Tareas urgentes
En el documento entregado a la Segob la CNDH reflexiona sobre la importancia de que en la instrumentación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos se cuente con presupuestos suficientes.
“Si bien hay situaciones prácticas como la violencia o la inseguridad que también impiden la vigencia plena de los derechos humanos en diversas regiones del país, es inaceptable que sean cuestiones de planeación administrativa y presupuestal o disposiciones normativas indebidamente elaboradas las que condicionen o imposibiliten el que los derechos se materialicen y concreten. Hacer posibles los derechos humanos alude a generar las condiciones (presupuestales, administrativas y normativas) que permiten materializar los derechos humanos”, resalta el escrito.
La urgencia de tomar en serio el tema, insiste el organismo, se fundamenta en que “subsisten prácticas graves”, como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, en tanto que la falta de actuación de las autoridades para frenarlas “fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder”.
Los números expuestos en el informe de 2018 sirven de parámetro para comprender la preocupación de la CNDH, que en ese año registró 696 expedientes de “mayor impacto”, de los cuales 25 se integraron por privación de la vida, 39 por desaparición forzada, 57 por tortura, 255 por tratos crueles inhumanos o degradantes, dos por ejecución sumaria y 318 por detención arbitraria.
El reto para el gobierno de López Obrador en materia de derechos humanos es mayúsculo si se considera que el rezago en el cumplimiento de recomendaciones es de 394, de las cuales las autoridades con mayor número de puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento al cierre de 2018 son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 302; el IMSS, con 261; la PGR (ahora FGR), con 235; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 113, y la Secretaría de la Marina, con 103.
De ahí la relevancia de atender las observaciones de organismos de derechos humanos; de lo contrario, “el costo para el Estado” podría ser “muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel nacional e internacional con la causa y dignidad humana queda en entredicho. Y, lo más grave, el incumplimiento de las obligaciones contraídas frente a sus propios habitantes, mujeres y hombres, que no ven cumplida la palabra dada por su gobierno de que, en nombre de la Constitución, se van respetar y hacer respetar los derechos humanos”.
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