De Guardia Nacional a policía migratoria.
Por: Federico Ponce Rojas
El 29 de septiembre de 2018, AMLO, como presidente electo, anunciaba desde la icónica plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco: “… nos comprometemos a no utilizar nunca jamás al Ejército para reprimir al pueblo de México. Vamos a suprimir el Estado Mayor y a crear una guardia civil que limitará el uso de la fuerza y garantizará los derechos humanos”.
Durante su campaña reiteradamente y de forma por demás hostil recriminaba una y otra vez, con imputaciones graves, la labor de las FA en las tareas de seguridad pública: “abrazos, no balazos” y otras citas meramente retóricas.
Después vino el giro y ya como presidente en funciones, decide hacer reconocimientos de las FA y ampliar las facultades mientras se procesaba la reforma constitucional, 13 artículos de la Carta Magna, para dar paso a la creación de la ahora Guardia Nacional, que se constituirá, desde su entrada en vigor, con elementos de las policías Federal, Militar y Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.
En tanto se expida la ley respectiva, la Guardia asumirá las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan (según el boletín 16-01-2019 de la Cámara de Diputados que contiene las reformas a la Constitución Política en materia de Guardia Nacional). Al respecto, AMLO señaló en su momento: “si la Constitución impide la participación castrense en la seguridad pública, hay que enmendar los artículos constitucionales que sean necesarios para permitirla”.
Desde la promesa de campaña a la creación de la Guardia Civil y la Reforma constitucional y legal para dar paso a la Guardia Nacional, se transitó por un camino político, técnico, legislativo y, finalmente, administrativo muy accidentado y complejo que tenía como misión fundamental combatir la inseguridad y no la de ser policía auxiliar migratoria.
La crisis de seguridad que hoy con datos duros nos aqueja como nación y que nos hace rehenes del terror, de la pérdida de libertades, de posesiones y lo más sagrado de la vida, alcanza niveles inimaginables; la ineficiencia, corrupción e impunidad campea y penetra lo más íntimo del tejido social degradándolo a pasos agigantados.
Los recursos para la seguridad son recortados bajo el argumento de una “austeridad republicana”. Claro ejemplo, el de la Coordinación Nacional Antisecuestro, sin titular y con un presupuesto que no responde a la realidad, el resultado está a la vista, no se necesitan cifras para ilustrarlo, los casos brutales son del conocimiento de la sociedad, desde luego que la cifra negra aumenta, el horror de un delito execrable que destruye la vida, las familias, y todo aquello que buscamos como sociedad civilizada.
El caso público más reciente del estudiante Norberto Ronquillo (Q.E.P.D.), mantiene en el miedo grave y la incertidumbre a una juventud que pierde la alegría de vida en manos de la delincuencia brutal que se ensaña en contra de esta vulnerable parte de nuestra sociedad y que parece no tener fin.
Las explicaciones de la PGJ CDMX no son congruentes con la realidad que se vive a diario en los terrenos de la procuración de justicia, los casos de ineficiencia, corrupción y favoritismo son demasiados y graves cuando se atropella la presunción de inocencia, cuando se pervierte la función del MP y lo vuelve cobrador de deudas civiles, cuando el despojo se suma a la parálisis inmobiliaria que vive la ciudad y que simplemente no se persigue.
Capítulo aparte es la violencia familiar y los agravios criminales contra menores que caen en la desatención o en la ignorancia.
Tampoco convencen las razones que ofrece la doctora Magaloni, cuando refiere que la transición de Procuraduría a Fiscalía, accidentada per se, es la causa del aumento de la criminalidad en la ciudad.
Excelsior
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