Xalapa, Ver.- El fideicomiso que se creó en 2017 a partir de la reestructuración de la deuda bancaria que implementó el mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares, como una garantía de pago para las entidades financieras que mejoraron las donciciones de pago de los créditos a los que estaba comprometido el gobierno estatal por 38 mil millones de pesos está por ser suprimido.
Esto si los diputados locales de la actual LXV Legislatura avalan en sus términos la nueva reestructuración que impulsa el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a través de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a cargo de José Luis Lima Franco.
Cabe recordar que hace dos años los legisladores tuvieron que avalar el Decreto 317 por el que se autorizó al Gobierno para que, al amparo y con base a la reestructuración Yunista, se contratara un fideicomiso público sin estructura como una especie de garantía para las instituciones que compraron la deuda bancaria ampliando los plazos de pagos en algunos casos hasta por 25 años.
Lo anterior fue una exigencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de esta manera el dinero se comenzó a destinar directamente por la Federación al fideicomiso, recursos que a la fecha se dispersan a las entidades financieras gracias a que sirvió como una garantía, misma que está por desaparecer si se aprueba tal y como está planteado el refinanciamiento de García Jiménez.
Se reúnen diputados con funcionarios de Finanzas
Este miércoles, previo a la antepenúltima sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias, los diputados de todas las fracciones, menos la del PAN, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación para analizar el refinanciamiento que propone el actual gobierno.
En esta reunión se explicó que de avalarse la iniciativa se desaparecería dicho fideicomiso heredado por Yunes Linares para el pago de los créditos o deuda bancaria. De esta manera, a partir de las mejores calificaciones crediticias, el gobierno estatal volvería a ser la instancia responsable de los pagos, algo que ocurrió en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La coordinadora de la bancada PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, descartó que el proyecto vaya a someterse a discusión del pleno este jueves, puesto que se proyecta hacerlo el próximo miércoles 31 de julio.
Refirió que la iniciativa del Ejecutivo morenista además otorga la posibilidad al de gestionar los nuevos créditos con condiciones de pago durante este 2019 e incluso durante 2020, al abrir una licitación en la que podrían participar todas las instituciones bancarias o entidades financieras.
La diputada detalló que el plazo de pago para los créditos a los que se acceda con la reestructuración sería pagadero a 20 años, lo que garantiza mejores tasas de interés.
En entrevista Ayala Ríos comentó que el gobierno señala que ya no habría necesidad del fideicomiso, pues Veracruz ya cuenta con mejores perspectivas económicas o calificaciones crediticias.
Cabe recordar que la reestructuración en esta ocasión sería por 41 mil millones de pesos y según el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, permitiría un ahorro de 4 mil 600 millones de pesos.
El proyecto plantea que al adecuar los créditos se podrían ahorrar más de 2 mil 700 millones de pesos en el actual sexenio y en la siguiente administración durante los primeros tres años habría otra liberación por mil 900 millones de pesos.
El funcionario añadió que se busca disminuir de 21.5 años en promedio a 20 años el pago de la deuda pública de Veracruz, y que se abrirá la licitación para la reestructuración a todos los bancos interesados. Las tasas de interés, que ahora de 1.17 por ciento, podrían pasar a .90 o incluso menos.
"Este refinanciamiento no significará más deuda y tampoco significará mayor plazo al que está contratado; el plazo promedio para el plazo incluso será menor y el esquema de pagos es más equilibrado, a lo largo de la vida de los créditos lo que vamos a lograr es contar con mejores condiciones para cumplir con las obligaciones pero sin comprometer nuestros recursos y tengamos respiro para sanear nuestras finanzas", garantizó Lima Franco.
No obstante, en conferencia de prensa el martes pasado tanto Lima Franco como García Jiménez no anunciaron que sería el gobierno el responsable de cumplir con el endeudamiento.
Instituciones bancarias obligaron a Yunes a crear fideicomiso
Cabe recordar que en 2017, ante las dificultades para concretar la reestructuración de la deuda, el entonces gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso solicitando permiso para realizar diversas acciones relativas a la reestructuración.
Concretamente propuso la creación de ese contrato e incluso de forma urgente envió a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de instituciones bancarias para analizar las modificaciones al Poder Legislativo.
Así se estableció que sería dicho fideicomiso y no el Estado el que se encargaría de pagar todos los créditos, poniendo como garantía parte de sus participaciones federales.
Solo con dicha fianza las instituciones bancarias accedieron a pagar los 21 créditos a los que estaba comprometido el gobierno por un monto por 38 mil millones de pesos.
El entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Sergio Rodríguez, añadió que el fideicomiso derivó de una exigencia de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algo que desde entonces se consideró una buena medida para evitar la llamada licuadora o cuenta concentradora de recursos de distintos rubros que se dispersaban para las distintas obligaciones del estado, esquema que fue llevado a cabo en el sexenio de Javier Duarte.
e-CV
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