Ciudad de México.- En el primer año legislativo de la actual Cámara de Diputados se han presentado siete iniciativas para incluir la definición de “violencia política contra las mujeres” en cinco leyes generales y así atender casos como el atentado contra la presidenta municipal de Manzanillo, en Colima, Griselda Martínez, ocurrido el 26 de julio.
Dos iniciativas fueron presentadas por integrantes de diversos grupos parlamentarios y las otras fueron promovidas por las diputadas Lourdes Erika Sánchez Martínez y Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC); Martha Elisa González Estrada, de Acción Nacional (PAN); y Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT).
Sin embargo, a la fecha ninguna ha sido dictaminada, razón por la cual las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la morenista Wendy Briceño Zuloaga, informaron que realizan mesas de trabajo para analizar estas propuestas y la ruta para su aprobación.
Un informe de la consultora Etellekt sobre el Indicador de Violencia Política, indica que, en el contexto del proceso electoral federal, de septiembre de 2017 a junio de 2018 se registraron 417 actos de violencia, de los cuales 106 se llevaron a cabo en contra de mujeres, 16 de ellos fueron asesinatos de mujeres.
La mayoría de las iniciativas de reforma fueron presentadas en abril, previo al cierre del periodo de sesiones. Una de estas fue suscrita por diputadas de diversas fracciones parlamentarias, quienes retomaron ideas de 15 iniciativas elaboradas por legisladoras a partir de 2012 y hasta 2018. Así propusieron incluir una definición de violencia política en cinco leyes generales.
La definición, de acuerdo con esta propuesta, se establecería en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
La propuesta, además de definir la violencia política contra las mujeres, violencia política de género y en razón de género, también busca precisar las sanciones, hacer que el Instituto Nacional Electoral tenga facultad para prevenir y erradicar la violencia política de género y que la FGR cree una Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género.
En esta iniciativa se define la violencia política contra las mujeres como la “acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”.
La idea de esta reforma también era sancionar estas conductas. Es decir, las sanciones por los ilícitos definidos en la Ley General en materia de Delitos Electorales se aumentarían en caso de que se cometieran en contra una mujer o por razones de género. Además, los agresores podrían ser destituidos o inhabilitados del puesto o anular su candidatura si eran aspirantes a un cargo de elección.
La segunda propuesta, que también se presentó en abril pasado fue de la priista Lucero Saldaña Pérez, quien, en 2012, como senadora, presentó la primera iniciativa en la materia. En esta ocasión la que planteó fue tipificar la violencia política en la ley de delitos electorales, definir las razones de género y sancionar este delito con penas de 100 a 400 días multa y prisión de tres a siete años.
En el mismo mes, la también priista Lourdes Erika Sánchez Martínez propuso algo similar y reformar cinco leyes electorales, incluyendo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que se puedan promover juicios contra ciudadanos que violen el ejercicio de los derecho político-electorales de las mujeres.
En abril, la diputada Martha Tagle presentó una propuesta más de modificaciones legales para buscar que las autoridades electorales aseguren condiciones libres de violencia y de igualdad de género en los procesos político-electorales y establecer que incurrir en hechos de violencia política es causa de pérdida de registro de un partido político.
Mientras que la petista, Maribel Martínez Ruiz, llamó a incluir la violencia política de género como causal para la anulación de un proceso electoral a nivel federal y estatal.
A su vez, la diputada panista Martha Elisa González Estrada presentó, en diciembre de 2018, una iniciativa enfocada en modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir una definición y prever los elementos para acreditar la existencia de esta violencia.
Aun cuando en México existe la paridad en candidaturas desde 2014 y a pesar de que la Cámara de Diputados se integra por un 48.48 por ciento de mujeres, un avance en comparación con 1991 cuando sólo existía un 7.80 por ciento de curules ocupadas por mujeres, la violencia persiste contra quienes desean incursionar en la política.
Para las diputadas estos esfuerzos no han sido suficientes pues si bien se ha logrado alcanzar una igualdad formal o numérica, datos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE) indican que entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género, a la par que, entre enero y junio de 2017, se contabilizaron 87 víctimas más.
RM/CN
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