Fiscalía Anticorrupción busca procesar al Alcalde y a Síndica, después de conseguir inhabilitación de tesorero.
Xalapa, Ver. - La solicitud de revocación de mandato contra el presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, refuerza las acusaciones por actos de corrupción que denunció en vida el periodista Celestino Ruiz, asesinado luego de recibir amenazas del edil.
En su momento el alcalde fue señalado como posible autor intelectual del crimen contra el reportero de “El Gráfico de Xalapa”, ocurrido el 3 de agosto de 2019, cuando fue atacado por un comando en la localidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan.
Los medios de comunicación dieron cuenta de las amenazas que presuntamente había recibido por parte del alcalde y el intento de soborno que intentó apenas 15 días antes de su asesinato.
Este 9 de enero, el Congreso local dio entrada a la solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, en la que pidió la suspensión y revocación del cargo al presidente municipal y a la Síndica, Lucero Yazmín Palmeros Barradas.
Aunque el documento apenas fue enviado a las Comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constituciones, recientemente circularon en medios audios en los que aparentemente Domínguez Sánchez habla sobre acuerdos con la Síndica; la tesorera, María Nelly Alarcón y el secretario, Alfredo López Carretón, sobre la entrega de plazas para “aviadores”.
Incluso, el alcalde instruye a la tesorera para que haga creer al Sindicato de empleados del Ayuntamiento que se analizará la entrega de plazas, aunque admite que no tienen intenciones de hacerlo, pues en otro audio se escucha una supuesta repartición de plazas “fantasma” que eran cobradas por los ediles.
“Te estoy marcando y no me contestas María Nelly. Nada más es para decirte que tengan ya la reunión, ya le dije a Alfredo (López Carreto) y a David con Sindicato y platiquen amablemente con ellos; no les vayan a decir que yo dije que no les iba a dar ni madres, lo que tienen que decirles es que van a hacer los cálculos y para la siguiente junta de Advenimiento, ya se les tendrá una solución”, dice en el audio el alcalde.
En un segundo audio que se filtró a medios de comunicación se escucha a la síndica Yazmín Palmeros quejarse con la tesorera porque cancelaron una plaza que ella había quitado a un trabajador para entregársela a su cuñado.
“Sí Nelly, mira yo en el acuerdo, cuando entramos con Paulino (Domínguez) yo puedo tener tres gentes, a mi disposición, y había tres personas al principio, se sacó a esa persona que estaba conmigo y le pedí a mi cuñado que me prestara su nombre para que no se perdiera esa nómina, porque era Pedro, era Pedro el que estaba en esos tiempos y esa nómina se iba a seguir cobrando ellos; o sea Pedro, porque no la iban a dejar, que se la iban a echar ellos a la bolsa, entonces metí los papeles de mi cuñado, y es un 'avión' y ese dinero lo voy ocupando para ciertas cosas, o le voy a mi hermana, o sea es un extra que no le dejé a Pedro (Benítez) porque con Paulino llegué a un acuerdo de tres personas, entonces así quedó, eso es”, señala la síndica.
Este caso también involucra al extesorero de Tuxpan, quien también laboró como tesorero de Actopan, Pedro Benítez, quien acaba de ser vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en agravio del municipio de Actopan.
El funcionario fue separado del cargo que actualmente desempeñaba en el municipio de Tuxpan, gobernado por el panista Juan Antonio Aguilar Mancha y, como parte de las medidas cautelares del Juzgado, se le impuso el pago de una garantía económica de 40 mil pesos, aunado a que debe acudir a firmar de manera periódica el cuaderno de control cada 15 días.
En el audio antes señalado se escucha cómo la síndica de Actopan se intenta justificar de haber entregado una de las plazas en cuestión a su cuñado, al decir que de otra manera el ex tesorero Pedro Benítez “se la iba a embolsar”.
Esto derivó en la inhabilitación para ejercer el servicio público por parte del Ayuntamiento de Actopan, a pesar de que el edil recientemente señaló que el Ayuntamiento no puede fungir como Contraloría, por lo que desestimó la medida.
"El contralor me ha estado mandando oficios, pero no es una autoridad como un juez para inhabilitar a un servidor público, hay que esperar a la juez a que tenga la última palabra", dijo el pasado martes minutos antes en los juzgados de Pacho Viejo, Coatepec; al concluir la audiencia el día miércoles terminó siendo inhabilitado y vinculado.
LA LABOR DE CELESTINO
A los señalamientos anteriores se suman aquellos que relacionan al alcalde de ser el probable autor intelectual del asesinato del periodista Celestino Ruiz, acribillado en agosto del año pasado.
El periodista denunció ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) las amenazas del alcalde e incluso dio a conocer que días antes de su asesinato el edil le ofreció 10 mil pesos a cambio de desistirse de las denuncias.
La información publicada por E-Consulta Veracruz señala que Ruiz Vázquez fue citado en la redacción de su periódico y su jefe le insistió en aceptar el pago ofrecido por el alcalde.
El integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, señaló que el propio alcalde habló con el director de El Gráfico, José Luis Poceros, para ejercer presión contra el reportero a fin de que aceptara el recurso.
“Debes desistirte de las denuncias y dejar de publicar contra el alcalde de Actopan”, le habría instruido el empresario.
El dinero habría sido “el pago” por los daños materiales derivados de dos agresiones contra Ruiz Vázquez, ocurridas el 24 de octubre y el 17 de noviembre de 2018.
El 24 de octubre de 2018 el auto del comunicador modelo Tsuru fue impactado por personas desconocidas con bates; posteriormente, el 17 de noviembre de 2018, personas armadas cometieron un segundo atentado en la casa del comunicador, puesto que la fachada de s vivienda fue rafagueda, así como los parabrisas de dos vehículos.
Tras reportar este hecho la Fiscalía General, todavía a cargo de Jorge Winckler Ortiz, se citó a comparecer al edil en calidad de testigo; sin embargo, a cinco meses de ocurrido el crimen, en la solicitud entregada por la Fiscalía Anticorrupción para la suspensión del alcalde, no se detalla que este crimen sea parte de la investigación o que haya si quiera avances en la que se realiza por el asesinato del periodista.
Una de las últimas notas que el periodista redactó y publicó era sobre el presunto pago que habría hecho el alcalde Paulino Domínguez para liberar a su hijo Fermín Domínguez Barradas de la cárcel; señaló que los recursos habrían salido de las arcas municipales.
“Otro fuerte señalamiento por presunto desvío de recursos del Ayuntamiento de Actopan surgió, pero en esta ocasión, -señalan-, se trata de una fuerte cantidad de dinero que se calcula por más de 10 o 12 millones de pesos que al parecer dispuso el alcalde para poder solucionar un fuerte problema de carácter familiar que se le presentó con uno de sus hijos”, puntea la nota en la que el comunicador señaló contar con toda la información y fotografías.
Aparentemente el joven, que radica en la Ciudad de México, habría cometido un asesinato en la delegación de Iztacalco, luego de que dentro de su departamento asesinó accidentalmente a un amigo, al accionar una escopeta en su contra.
“Se menciona también, que dicho dinero sustraído del Ayuntamiento por el PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACTOPAN, fue utilizado por él mismo para sobornar, corromper y comprar, tanto a la misma Policía Ministerial como al Juez o Fiscal que llevaban este caso y Carpeta de Investigación en contra del hijo del Alcalde, incluso también para algunos medios de la capital que callaron inmediatamente esta noticia e información ante dicho ofrecimiento del alcalde, logrando frenar con todo esto”, acusó el periodista.
Pese a ello, no hay noticias sobre los avances en la investigación por el asesinato y este jueves el presidente de la Comisión Instructora en el Congreso local, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, reconoció no tener datos a fondo sobre la petición de la fiscalía especializada para suspender al alcalde y a la Síndica.
“Todo lo que sabemos es por los medios de comunicación, pero necesitamos tener la información exacta y puntual para hacer el estudio con la Comisión y determinar lo que corresponda (...) No quisiera apresurarme a dar un punto de vista que sería irresponsable hasta no ver exactamente cuáles son los señalamientos en las acusaciones de cada una de las partes”.
Incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, minimizó estos señalamientos ya que en un recorrido en Soledad Atzompa, mencionó que no se solicitaría el desafuero del alcalde.
"Luego se malinterpreta, el día de antier me preguntaron a mí que si el alcalde resultaba culpable qué se iba hacer, pues si el alcalde es culpable de un asesinato, por lógica se le tiene que desaforar de su cargo; entonces nosotros no vamos a contribuir en actos donde sea perjudicada la ciudadanía, así de sencillo y concreto", dijo.
Todavía en el papel de Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz reveló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) retiró la vigilancia asignada al comunicador y, días después, ocurrió el homicidio.
El entonces investigador dio a conocer que la familia del periodista señaló que desde el 19 de julio la SSP, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, le retiró los elementos encargados de realizar rondines y visitarlo en su domicilio.
Detalló que la justificación que dio la dependencia es que se hizo una rotación de personal, que habría generado la suspensión de las medidas de protección ordenadas por la autoridad ministerial.
En vista de que se suspendieron las acciones cautelares por parte de Seguridad Pública, Winckler Ortiz indicó el pasado 8 de agosto que la Fiscalía abriría una línea de investigación contra los elementos de Seguridad Pública, sin embargo, un mes después, se dio la remoción de su cargo y la designación de la encargada de despacho Verónica Hernández Giadáns dejó sin avances tal pista.
e-C Veracruz
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