El del transporte público es un negocio que genera 102 millones de pesos diariamente.
Estado de México.- Líderes transportistas del Valle de Toluca hicieron un llamado a la Fiscalía de Justicia mexiquense a fin de que dicha instancia continúe los procedimientos iniciados por el secuestro de sus unidades y garantice seguridad a sus trabajadores ante las acciones de normalistas rurales de Tenería, que toman unidades para negociar con el gobierno la asignación de plazas laborales directas.
Pero el conflicto no es tan fácil de resolver porque apenas se entienden los motivos que lo han generado. Pues al menos 8 millones y medio de usuarios abordan algún tipo de unidad en el Estado de México. Esto se desprende de datos que el secretario estatal de Movilidad, Raymundo Martínez, dio durante una reunión que mantuvo con el ayuntamiento de Toluca, el 29 de enero de este año.
A pesar de que cada mes este servicio genera a las empresas que lo controlan cerca de 3 mil millones de pesos, subieron el costo del pasaje de 10 a 12 pesos, que se paga de manera forzada desde el primero de enero de este año, pues el gobierno autorizó los aumentos y no castigó los cobros indebidos, las empresas se enfrentaron a diputados locales, quienes por lo menos enviaron un exhorto al gobernador del Edoméx, Alfredo del Mazo, solicitándole revirtiera el llamado “tarifazo”.
El servicio del transporte está en poder de unos cuantos empresarios, por ejemplo la familia Alcántara, cuyos miembros están relacionados por compadrazgo con el ex presidente de México, Enrique Peña. Son dueños de los servicios Caminante y Flecha Roja, entre otros, así como de la terminal de Observatorio en la ciudad de México.
Otros empresarios y políticos metidos en este negocio son Axel García y el ex alcalde de Toluca, el panista Juan Carlos Núñez Armas. Axel García fue “subprocurador de justicia en el Estado de México durante una parte del sexenio del gobernador Arturo Montiel y presidente municipal de Cuautitlán Izcalli de 1988-1990 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en 2006 fue el candidato del Partido del Trabajo (PT) a la misma alcaldía”, dice una nota del portal electrónico La Silla Rota, que refiere además la adherencia priista de las organizaciones de García.
En esa ecuación en la que los dueños del transporte son también políticos y funcionarios públicos, la normal de Tenería, ubicada en Tenancingo, ha usado el secuestro de camiones para presionar al gobierno. El secuestro de unidades es una actividad de práctica recurrente entre normalistas rurales de todo el país, que piden permiso a usuarios y choferes, pues esos autobuses los usan para traslados. La práctica quebró algunas líneas camioneras en Guerrero, propiedad del ex gobernador Rubén Figueroa, a quien se le conoce como el Patrón de Huitzuco, un enemigo político de la escuela de Ayotzinapa, por lo que decidió hacer un trato con los estudiantes para evitar problemas y pérdidas. El secuestro es consensuado y se trata en realidad de un préstamo de las empresas para las normales.
Sin embargo, Tenería no es como Ayotzinapa y la presión que ejerce contra el gobierno representa la finalidad de sus acciones, por encima de las causas sociales.
El enojo de las empresas, sobre todo la Flecha Roja de la familia Alcántara se centra en los constantes secuestros y en el daño que pudieran hacer a los choferes, lo cual tampoco es verdad, pues incluso Tenería los provee de alimento y hospedaje.
Samuel Zarza Tejocote, asesor general del Sindicato Nacional de Autotransporte, reveló que en este momento son 8 los conductores plagiados al interior de la escuela normal de Tenería. Señalan la omisión del gobierno mexiquense por intervenir en este recurrente problema que provoca pérdidas considerable en los ingresos de las líneas camionera así como afectaciones en desplazamiento a los cerca de 4 mil usuarios diarios de este servicio, que deben pagar cerca de 80 pesos por viaje entre Toluca y Tenancingo.
Viceversa
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