Luis Ayala Ramos
Toluca, Méx.- La dirigencia estatal del PRD y diputados locales de la misma filiación política rechazaron la reciente aprobación del dictamen de decreto donde se sancionará a maestros que den clases y su plantel no cuente con el registro respectivo extendido por la Secretaría de Educación del gobierno del estado de México.
Entrevistados por separado, Juan Hugo de la Rosa García, dirigente del Sol Azteca, Héctor Miguel Bautista López, coordinador de la fracción parlamentaria y el presidente de la mesa directiva de a Legislatura Local, Octavio Martínez Vargas, señalaron que esa actitud asumida por el gobierno de Eruviel Ávila Villegas criminaliza a gente bien intencionada que crea escuelas populares, porque después con justa razón exigen su registro oficial.
Juan Hugo de la Rosa García, presidente PRD en la entidad, denunció que la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes, criminaliza a quienes buscan paliar el déficit en materia educativa.
Señaló que si existen este tipo de escuelas es para contrarrestar los problemas que en materia de educación el gobierno del Estado no ha podido atender.
En el Estado de México para el año 2010 de acuerdo con el INEGI sólo el 26% de la población de 15 años o más cuentan con estudios de educación secundaria, por lo que resulta absurdo que en lugar de procurar incorporar más escuelas al sistema educativo se busque evitar que haya quien se ofrezca a dar educación.
Héctor Miguel Bautista López señaló que el gobierno del estado de México no tiene la capacidad para construir escuelas a la velocidad que crece la población estudiantil en la entidad.
“Yo calculo que en el estado de México hay aproximadamente dos mil escuelas que han tenido este origen, donde por falta de capacidad del gobierno del estado, vecinos y estudiantes suman sus esfuerzos”, dijo.
Por su parte, el legislador por Ecatepec, Octavio Martínez Vargas señaló que es un tema grave, porque el gobierno mexiquense no debe actuar contra escuelas públicas que no tienen su registro, lo que debería de hacer es sancionar a quien lucre a través de escuelas particulares, quien abusan en el costo de las cuotas, es ahí donde la problemática se debe atender.
Aseveró que con estas nuevas disposiciones de reformas a la ley educativa se sancionará con una pena que va de cinco a diez años de prisión y una multa de mil 500 días de salarios mínimo, al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido.
Martínez Vargas señaló que esta nueva ley se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos.
En este sentido, Martínez Vargas, espera que esta iniciativa no sea para golpear a las organizaciones sociales, sino que sea golpear a la iniciativa privada que lucra.
Entrevistados por separado, Juan Hugo de la Rosa García, dirigente del Sol Azteca, Héctor Miguel Bautista López, coordinador de la fracción parlamentaria y el presidente de la mesa directiva de a Legislatura Local, Octavio Martínez Vargas, señalaron que esa actitud asumida por el gobierno de Eruviel Ávila Villegas criminaliza a gente bien intencionada que crea escuelas populares, porque después con justa razón exigen su registro oficial.
Juan Hugo de la Rosa García, presidente PRD en la entidad, denunció que la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado viernes, criminaliza a quienes buscan paliar el déficit en materia educativa.
Señaló que si existen este tipo de escuelas es para contrarrestar los problemas que en materia de educación el gobierno del Estado no ha podido atender.
En el Estado de México para el año 2010 de acuerdo con el INEGI sólo el 26% de la población de 15 años o más cuentan con estudios de educación secundaria, por lo que resulta absurdo que en lugar de procurar incorporar más escuelas al sistema educativo se busque evitar que haya quien se ofrezca a dar educación.
Héctor Miguel Bautista López señaló que el gobierno del estado de México no tiene la capacidad para construir escuelas a la velocidad que crece la población estudiantil en la entidad.
“Yo calculo que en el estado de México hay aproximadamente dos mil escuelas que han tenido este origen, donde por falta de capacidad del gobierno del estado, vecinos y estudiantes suman sus esfuerzos”, dijo.
Por su parte, el legislador por Ecatepec, Octavio Martínez Vargas señaló que es un tema grave, porque el gobierno mexiquense no debe actuar contra escuelas públicas que no tienen su registro, lo que debería de hacer es sancionar a quien lucre a través de escuelas particulares, quien abusan en el costo de las cuotas, es ahí donde la problemática se debe atender.
Aseveró que con estas nuevas disposiciones de reformas a la ley educativa se sancionará con una pena que va de cinco a diez años de prisión y una multa de mil 500 días de salarios mínimo, al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido.
Martínez Vargas señaló que esta nueva ley se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación de servicios educativos.
En este sentido, Martínez Vargas, espera que esta iniciativa no sea para golpear a las organizaciones sociales, sino que sea golpear a la iniciativa privada que lucra.
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