jueves, 16 de enero de 2014

SCJN respalda a PGR en geolocalización

Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la facultad de la Procuraduría General de la República (PGR), y las entidades judiciales estatales, de buscar en tiempo real un teléfono o dispositivo móvil que se vincule con actividades de la delincuencia organizada sin la necesidad de una orden judicial.
Con una votación de 8 votos a favor y tras cuatro días de debate en el Pleno de la Corte Suprema se aprobó la constitucionalidad de la geolocalización de equipos móviles sin una orden judicial.
El debate se abrió por una acción de inconstitucionalidad demandada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos 133 quater del Código Federal de Procedimientos Penales, 16 fracción primera apartado a y 40 Bis, de la Ley federal de telecomunicaciones.
El proyecto presentado por la Ministra Margarita Luna Ramos y aprobado en votación, acotó que para estimar la validez de la solicitud de información de la PGR a las empresas de telecomunicaciones deberán tratarse de casos de extrema urgencia, entendido esto cuando está en riesgo la vida o integridad física de las víctimas y ante el peligro de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.
Al momento de que la autoridad emita una orden correspondiente al concesionario, brevemente tendrá que exponer los delitos que se investigan, la averiguación previa y las condiciones fácticas que revelen la eventualidad del daño a las personas para esclarecer los hechos de la investigación.
El Ministro Sergio Armando Valls Hernández, uno de los tres ministros que votaron en contra de la propuesta aprobada, expuso que “la única forma de garantizar que no haya un exceso o un uso indebido por parte de la autoridad investigadora y de ahí proteger los derechos humanos ante medidas como las que ahora se impugna, es mediante la previa autorización judicial, como contrapeso institucional, de la función investigadora que realizan las Procuradurías de Justicia”.

El economista

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