Ciudad de Méx.- Se reconocen los avances en materia de derechos de usuarios en telefonía que se alcanzó con las leyes secundaria en materia de telecomunicaciones, sin embargo, consideró que dichos avances no omiten ni subsanan los graves retrocesos en derechos fundamentales que la nueva legislación tendría que haber garantizado.
En ese sentido, dijo que el Congreso de la Unión faltó a su obligación derivada del artículo 1º constitucional al aprobar y avalar una ley que viola los derechos a la libertad de expresión y privacidad; el proceso legislativo no abonó a una discusión franca y transparente; por el contrario --dijo--, la nueva legislación es un ataque directo a la constitución y a los estándares internacionales en la materia.
La organización aseguró que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla tres figuras violatorias al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión: la geolocalización en tiempo real, la retención de datos y el bloqueo de telecomunicaciones.
La organización señaló que de acuerdo a la fracción LXI del artículo 15, da al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de “ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones” que sean contrarias a las audiencias y a la programación infantil.
Impide además la contratación de publicidad comercial en medios de comunicación comunitarios e indígenas, violando las normas internacionales en la materia, como la disposición que reconoce este derecho para la comunicación comunitaria en la Declaración Conjunta Sobre Diversidad en la Radiodifusión.
Asimismo, da facultades de sancionar incumplimientos en materia de contenidos, tiempos de Estado y otros a la Secretaría de Gobernación (artículo 297). Lo anterior da a un órgano distinto al autónomo creado por la Constitución, la posibilidad de intervenir en materia de contenidos, lo que potencialmente tiene un efecto inhibitorio en la materia y puede derivar en restricciones ilegítimas o, incluso, en casos de censura.
En ese sentido, dijo que el Congreso de la Unión faltó a su obligación derivada del artículo 1º constitucional al aprobar y avalar una ley que viola los derechos a la libertad de expresión y privacidad; el proceso legislativo no abonó a una discusión franca y transparente; por el contrario --dijo--, la nueva legislación es un ataque directo a la constitución y a los estándares internacionales en la materia.
La organización aseguró que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla tres figuras violatorias al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión: la geolocalización en tiempo real, la retención de datos y el bloqueo de telecomunicaciones.
La organización señaló que de acuerdo a la fracción LXI del artículo 15, da al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de “ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones” que sean contrarias a las audiencias y a la programación infantil.
Impide además la contratación de publicidad comercial en medios de comunicación comunitarios e indígenas, violando las normas internacionales en la materia, como la disposición que reconoce este derecho para la comunicación comunitaria en la Declaración Conjunta Sobre Diversidad en la Radiodifusión.
Asimismo, da facultades de sancionar incumplimientos en materia de contenidos, tiempos de Estado y otros a la Secretaría de Gobernación (artículo 297). Lo anterior da a un órgano distinto al autónomo creado por la Constitución, la posibilidad de intervenir en materia de contenidos, lo que potencialmente tiene un efecto inhibitorio en la materia y puede derivar en restricciones ilegítimas o, incluso, en casos de censura.
IZQ.mx
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