México, D.F.- La Procuraduría General de la República, la PGR, no investigará por su cuenta la red de prostitución tejida en torno al ex líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
En un escrito elaborado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, se explica que no encontraron pruebas relacionadas con delitos de su competencia como lo serían, en este caso, la Trata de Personas o la propia Delincuencia Organizada.
Este archivo de 15 páginas fue entregado en las oficinas del Partido Acción Nacional, el PAN, el pasado viernes 20 de junio y está dirigido a un grupo de asambleístas del Distrito Federal encabezados por Federico Döring .
Casi un mes antes, el 26 de mayo, este legislador anunció, que exigirán a la PGR atraer el caso sobre la red de prostitución en el PRI del Distrito Federal. De hecho, en una entrevista, Döring dijo que darían el beneficio de la duda al procurador Jesús Murillo Karam. Pero la PGR cerró la puerta. En su respuesta de descartó, uno a uno, los argumentos de los panistas para abrir una investigación.
Al inicio del documento, advirtieron que al tratarse de hechos cometidos en la ciudad de México, la pesquisa corresponde sólo a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, instancia que ya tiene abierta una averiguación previa.
Por otra parte, argumentan que tanto el personaje principal de la investigación, Cuauhtémoc Gutiérrez, así como la reclutadora de mujeres, Priscila Martínez González y sus cómplices Adriana Rodríguez y “Sandra”, no pueden ser acusados por delincuencia organizada, ya que los hechos sucedieron cuando eran empleados del PRI.
En este contexto argumentaron que, en todo caso, serían responsables de asociación delictuosa, delito que corresponde atender, exclusivamente, a la procuraduría capitalina.
Para la SEIDO no hay pruebas, ni siquiera indicios, de que pertenezcan a alguna organización delincuencial como para ser investigados a nivel federal.
Las partes sustanciales de la investigación periodística, y retomadas por los panistas para su denuncia, fueron desestimadas por la PGR al analizarlas por separado , de forma aislada, sin concatenar cada una de ellas como un sólo hecho.
Por ejemplo, afirmaron que en la investigación periodística presentada como evidencia por los panistas, se cita como fuente de información sólo a “víctimas”, sin aportar mayores detalles de su identidad, hecho que, desde su perspectiva es “insuficiente”.
Cabe destacar que se reservó el nombre de esas víctimas y sus datos personales por razones de seguridad.
La SEIDO agregó que la publicación de anuncios en internet para enganchar a las jóvenes por sí mismos no son un delito, tampoco pueden tomarse como una prueba ya que existen muchos de ese tipo.
Más adelante, siempre analizado sólo por separado las partes del reportaje, califican como “irrelevante” que les pidan a las jóvenes llevar ropa ajustada y faldas cortas, o que las citas de trabajo fueran en oficinas del PRI en el Distrito Federal.
Una de las partes importantes de esta respuesta oficial de la PGR está en la página 7 cuando también desechan los audios en los cuales la principal enganchadora, Priscila Martínez González ofrece a las mujeres quedarse con un empleo a cambio de prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez.
Desde su perspectiva, para que esto tenga valor legal, sólo un perito puede identificar a quién pertenece esa voz y, hasta en tanto no se cuente con ello, esa parte de la grabación no es considerada como una prueba.
En esta parte, la SEIDO no explica por qué ellos no estaban en condiciones de practicar ese peritaje.
En al parte final, la SEIDO explica que no puede configurarse del delito de trata de personas porque, de acuerdo con la investigación periodística, las mujeres no son obligadas a prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
También destacan que el empleo es aceptado con pleno conocimiento y en ningún momento, las jóvenes fueron sometidas contra su voluntad con el fin de ser explotadas, ni trasladadas a un lugar distinto y, mucho menos –dicen-, fueron obligadas a ejercer la prostitución ajena.
En torno al uso de recursos públicos en la contratación de las edecanes, consideran que si bien el grupo a fin a Cuauhtémoc Gutiérrez se le atribuyen conductas ilícitas en el reportaje, el hecho de que trabajaran para el PRI, no significa que pertenezcan a la delincuencia organizada por ello insisten en que se trataría de asociación delictuosa.
Este oficio esta firmado por el subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos y se le envió una copia al procurador Jesús Murillo Karam.
Este archivo de 15 páginas fue entregado en las oficinas del Partido Acción Nacional, el PAN, el pasado viernes 20 de junio y está dirigido a un grupo de asambleístas del Distrito Federal encabezados por Federico Döring .
Casi un mes antes, el 26 de mayo, este legislador anunció, que exigirán a la PGR atraer el caso sobre la red de prostitución en el PRI del Distrito Federal. De hecho, en una entrevista, Döring dijo que darían el beneficio de la duda al procurador Jesús Murillo Karam. Pero la PGR cerró la puerta. En su respuesta de descartó, uno a uno, los argumentos de los panistas para abrir una investigación.
Al inicio del documento, advirtieron que al tratarse de hechos cometidos en la ciudad de México, la pesquisa corresponde sólo a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, instancia que ya tiene abierta una averiguación previa.
Por otra parte, argumentan que tanto el personaje principal de la investigación, Cuauhtémoc Gutiérrez, así como la reclutadora de mujeres, Priscila Martínez González y sus cómplices Adriana Rodríguez y “Sandra”, no pueden ser acusados por delincuencia organizada, ya que los hechos sucedieron cuando eran empleados del PRI.
En este contexto argumentaron que, en todo caso, serían responsables de asociación delictuosa, delito que corresponde atender, exclusivamente, a la procuraduría capitalina.
Para la SEIDO no hay pruebas, ni siquiera indicios, de que pertenezcan a alguna organización delincuencial como para ser investigados a nivel federal.
Las partes sustanciales de la investigación periodística, y retomadas por los panistas para su denuncia, fueron desestimadas por la PGR al analizarlas por separado , de forma aislada, sin concatenar cada una de ellas como un sólo hecho.
Por ejemplo, afirmaron que en la investigación periodística presentada como evidencia por los panistas, se cita como fuente de información sólo a “víctimas”, sin aportar mayores detalles de su identidad, hecho que, desde su perspectiva es “insuficiente”.
Cabe destacar que se reservó el nombre de esas víctimas y sus datos personales por razones de seguridad.
La SEIDO agregó que la publicación de anuncios en internet para enganchar a las jóvenes por sí mismos no son un delito, tampoco pueden tomarse como una prueba ya que existen muchos de ese tipo.
Más adelante, siempre analizado sólo por separado las partes del reportaje, califican como “irrelevante” que les pidan a las jóvenes llevar ropa ajustada y faldas cortas, o que las citas de trabajo fueran en oficinas del PRI en el Distrito Federal.
Una de las partes importantes de esta respuesta oficial de la PGR está en la página 7 cuando también desechan los audios en los cuales la principal enganchadora, Priscila Martínez González ofrece a las mujeres quedarse con un empleo a cambio de prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez.
Desde su perspectiva, para que esto tenga valor legal, sólo un perito puede identificar a quién pertenece esa voz y, hasta en tanto no se cuente con ello, esa parte de la grabación no es considerada como una prueba.
En esta parte, la SEIDO no explica por qué ellos no estaban en condiciones de practicar ese peritaje.
En al parte final, la SEIDO explica que no puede configurarse del delito de trata de personas porque, de acuerdo con la investigación periodística, las mujeres no son obligadas a prestar servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
También destacan que el empleo es aceptado con pleno conocimiento y en ningún momento, las jóvenes fueron sometidas contra su voluntad con el fin de ser explotadas, ni trasladadas a un lugar distinto y, mucho menos –dicen-, fueron obligadas a ejercer la prostitución ajena.
En torno al uso de recursos públicos en la contratación de las edecanes, consideran que si bien el grupo a fin a Cuauhtémoc Gutiérrez se le atribuyen conductas ilícitas en el reportaje, el hecho de que trabajaran para el PRI, no significa que pertenezcan a la delincuencia organizada por ello insisten en que se trataría de asociación delictuosa.
Este oficio esta firmado por el subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos y se le envió una copia al procurador Jesús Murillo Karam.
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