jueves, 4 de septiembre de 2014

La Profepa investiga 8 resolutivos ambientales de la mina de Sonora

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiga irregularidades en otros ocho resolutivos de impacto ambiental presentados por la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México y responsable del derrame contaminante en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Estas indagatorias son adicionales al juicio por reparación de daños que por primera vez en la historia del país la dependencia promoverá en contra de una empresa, con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental vigente desde mediados del año pasado.
Para operar en la zona con sustancias químicas, Buenavista del Cobre entregó 10 estudios de impacto ambiental. Hasta ahora, dos han sido anulados, lo que ha derivado ya en la clausura parcial de un par de sus procesos de trabajo. Los otros ocho ya están en la mira…
“Lo que nosotros podemos hacer ante  la gravedad del caso es recomendar a la Secretaría del Medio Ambiente que retire la autorización en materia de impacto ambiental. Si no se cuenta con ese aval, la empresa o la parte de la empresa que es beneficiaría de esta autorización no puede operar”, explicó a Crónica Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de inspección industrial de Profepa.
“La compañía tiene 10 resolutivos y cada uno tiene que ver con una parte distinta de la planta de producción. El accidente ocurrió en una que abarca 800 hectáreas y ese perímetro ya lo hemos clausurado. En los próximos días estaremos en condiciones de conocer otras anomalías y clausurar otras partes”, añadió el funcionario.
Sin precipitaciones. En torno a la demanda por reparación de daños, que el titular de Semarnat Juan José Guerra Abud ha calculado en cientos o miles de millones de pesos, Abitia reveló que no habrá precipitaciones y que tardará semanas en presentarse, “porque no queremos dejar dudas o vacíos, Grupo México es muy poderoso y cuenta con abogados que sólo esperan encontrar un recoveco para zafarse”.
Y detalló: “Será la primera demanda en la que utilicemos el procedimiento establecido por la Ley de Responsabilidad Ambiental, y se promoverá ante el poder judicial. Lo que nosotros buscamos es exigirle a la empresa la reparación de los daños ocasionados por la emergencia ambiental que fue su responsabilidad”.

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