Ciudad de México.- Es tan elevado el número de desapariciones y desapariciones forzadas que persisten en el País -desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico propuesta por el presidente Felipe Calderón en 2006, hasta la administración de Enrique Peña Nieto 2014, se han denunciado 22 mil casos, según lo registrado en actas de las diferentes entidades de la Nación-, que organizaciones civiles han llegado al punto de proponer al gobierno Federal legislar sobre la figura de colaboración eficaz con delincuentes, alternativa para esclarecer el destino de personas desaparecidas.
Esa medida, reconocida por los propios promotores como polémica, representa un canal de negociación con los criminales para que den información útil que lleve a la ubicación de personas, a cambio, por ejemplo, de reducción de penas.
Se trata de dar facultades al Ministerio Público para que pueda negociar, en algunos casos, con personas que saben dónde están los desaparecidos, señala Juan Carlos Gutiérrez, del grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Y es que las víctimas comprendidas en el periodo de 2006 a 2014, se suman a los desaparecidos de las décadas de los años 60, 70 y 80, hechos en los cuales algunos gobiernos estatales se han visto implicados.
Uno de los mayores actos de desapariciones forzadas cometidos a lo largo de 8 años de lucha contra el crimen, se perpetró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, suceso ocurrido en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 donde resultó involucrado el presidente municipal de Iguala, Guerrero. Ese día, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron atacados por agentes de la policía municipal dando como resultado 6 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos que a la fecha continúan como tal.
Y aunque el 7 de Diciembre se confirmó la identidad de los restos mortales de uno de los estudiantes desaparecidos, no hay claridad todavía acerca del paradero de los otros 42 normalistas. Por ello las organizaciones civiles proponen al gobierno federal legislar sobre la figura de colaboración eficaz con delincuentes, alternativa para esclarecer el destino de personas desaparecidas.
La colaboración, dice Juan Carlos Gutiérrez, será útil para clarificar las líneas de mando de los participantes en una desaparición. Esta vía ha sido utilizada en Colombia, Italia y Perú con buenos resultados. Y es que Gutiérrez advierte que ante este problema no basta una ley que eleve penas, sino que sirva para que el Estado encuentre a los desaparecidos. Lo que ocurre día a día es que hay personas en las cárceles condenadas por la desaparición que saben dónde están los restos o personas vivas, pero no dan información porque el Estado no tiene facultades para negociar con ellos, dijo.
La propuesta civil, elaborada por un colectivo de más de 35 organizaciones civiles, incluye, entre otros temas: tipos penales del problema, registro único de personas desaparecidas, mecanismo de búsqueda, investigación, derecho de las víctimas y reparación del daño, declaración de ausencia por desaparición, sanciones y armonización legislativa.
Gobernantes.com
Esa medida, reconocida por los propios promotores como polémica, representa un canal de negociación con los criminales para que den información útil que lleve a la ubicación de personas, a cambio, por ejemplo, de reducción de penas.
Se trata de dar facultades al Ministerio Público para que pueda negociar, en algunos casos, con personas que saben dónde están los desaparecidos, señala Juan Carlos Gutiérrez, del grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Y es que las víctimas comprendidas en el periodo de 2006 a 2014, se suman a los desaparecidos de las décadas de los años 60, 70 y 80, hechos en los cuales algunos gobiernos estatales se han visto implicados.
Uno de los mayores actos de desapariciones forzadas cometidos a lo largo de 8 años de lucha contra el crimen, se perpetró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, suceso ocurrido en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 donde resultó involucrado el presidente municipal de Iguala, Guerrero. Ese día, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron atacados por agentes de la policía municipal dando como resultado 6 personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos que a la fecha continúan como tal.
Y aunque el 7 de Diciembre se confirmó la identidad de los restos mortales de uno de los estudiantes desaparecidos, no hay claridad todavía acerca del paradero de los otros 42 normalistas. Por ello las organizaciones civiles proponen al gobierno federal legislar sobre la figura de colaboración eficaz con delincuentes, alternativa para esclarecer el destino de personas desaparecidas.
La colaboración, dice Juan Carlos Gutiérrez, será útil para clarificar las líneas de mando de los participantes en una desaparición. Esta vía ha sido utilizada en Colombia, Italia y Perú con buenos resultados. Y es que Gutiérrez advierte que ante este problema no basta una ley que eleve penas, sino que sirva para que el Estado encuentre a los desaparecidos. Lo que ocurre día a día es que hay personas en las cárceles condenadas por la desaparición que saben dónde están los restos o personas vivas, pero no dan información porque el Estado no tiene facultades para negociar con ellos, dijo.
La propuesta civil, elaborada por un colectivo de más de 35 organizaciones civiles, incluye, entre otros temas: tipos penales del problema, registro único de personas desaparecidas, mecanismo de búsqueda, investigación, derecho de las víctimas y reparación del daño, declaración de ausencia por desaparición, sanciones y armonización legislativa.
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