Ciudad de México.- El Senado inició este día los trabajos para dictaminar las iniciativas de ley sobre desaparición forzada y entre particulares, que se encuentran presentadas ante esta cámara, en espera de que el Ejecutivo federal en las próximas semanas les haga llegar su propuesta, como lo anunció públicamente.
Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos inauguraron las audiencias públicas esta mañana, en la que participaron organizaciones civiles que desde hace años buscan a sus familiares.
Al inicio de los trabajos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, hizo notar que después de la reforma constitucional al artículo 73, el Congreso de la Unión cuenta con 180 días para elaborar la ley de desaparición forzada y entre particulares, y esa fecha concluye el 17 de diciembre este año. “Por eso hoy empezamos tres días de trabajos para escuchar a las redes de familiares de personas desaparecidas”.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunez, destacó que el delito de desaparición forzada “es una de las conductas que más aquejan y han dañado a nuestra sociedad en los últimos años. En los tiempos recientes, el mejor caso de ello es Ayotzinapa, uno de los acontecimiento más trágicos para el país, que a todos duele”.
Sostuvo que en México existen miles de personas desaparecidas en diversos estados y regiones de la República, pero no todos los casos se encuentran documentados por la falta de confianza de la población hacia las instancias de procuración de justicia, además de que no se cuenta con un marco jurídico para poder llevar cabo una verdadera investigación y encontrar a los desaparecidos.
La priísta Graciela Ortíz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que en esta etapa “vamos a dar lugar a la expedición de leyes generales en materia de desaparición forzada de personas”.
Alan García Campos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, propuso que la futura ley sea una que favorezca la aplicación inmediata, porque la experiencia es que las leyes van delegando facultades, por ello “nos sumamos a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, que la próxima ley tiene que ser necesariamente de aplicación necesaria”.
Además, el manto protector de esa jurisdicción debe abarcar un concepto amplio, generoso, debe incluir a toda persona desaparecida y establecer el derecho a ser buscada y que se le encuentre. La ley general debe contener como mínimo tipos penales, sanciones y otras formas de privación de la libertad, y debe regular el sistema de búsqueda de personas, eso es indispensable.
García Campos subrayó ante los senadores que esta ley debe dar respuesta “a las desapariciones ocurridas en la guerra sucia, de la década de los 70 y 80; a las desapariciones ocurridas en el contexto de la violencia e inseguridad y a las actuales desapariciones”.
Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), sección México, Perseo Quiroz Rendón, insistió en que la ley que se elabore, “sea de aplicación inmediata; no se requiere una ley más burocrática, y debe contener como disposiciones inmediatas la búsqueda, la declaración de ausencia y tiene que involucrarse a todas las instituciones púbicas y privadas de salud, las compañías telefónicas, que son actores clave para solucionar estos casos.
AI exigió a los senadores “es importante que se escuche las voces de los familiares, de las organizaciones y de los colectivos de personas desaparecidas, porque tienen mucho conocimiento adquirido a través de los años, en la búsqueda de sus familiares”.
Las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos inauguraron las audiencias públicas esta mañana, en la que participaron organizaciones civiles que desde hace años buscan a sus familiares.
Al inicio de los trabajos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, hizo notar que después de la reforma constitucional al artículo 73, el Congreso de la Unión cuenta con 180 días para elaborar la ley de desaparición forzada y entre particulares, y esa fecha concluye el 17 de diciembre este año. “Por eso hoy empezamos tres días de trabajos para escuchar a las redes de familiares de personas desaparecidas”.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunez, destacó que el delito de desaparición forzada “es una de las conductas que más aquejan y han dañado a nuestra sociedad en los últimos años. En los tiempos recientes, el mejor caso de ello es Ayotzinapa, uno de los acontecimiento más trágicos para el país, que a todos duele”.
Sostuvo que en México existen miles de personas desaparecidas en diversos estados y regiones de la República, pero no todos los casos se encuentran documentados por la falta de confianza de la población hacia las instancias de procuración de justicia, además de que no se cuenta con un marco jurídico para poder llevar cabo una verdadera investigación y encontrar a los desaparecidos.
La priísta Graciela Ortíz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que en esta etapa “vamos a dar lugar a la expedición de leyes generales en materia de desaparición forzada de personas”.
Alan García Campos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, propuso que la futura ley sea una que favorezca la aplicación inmediata, porque la experiencia es que las leyes van delegando facultades, por ello “nos sumamos a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, que la próxima ley tiene que ser necesariamente de aplicación necesaria”.
Además, el manto protector de esa jurisdicción debe abarcar un concepto amplio, generoso, debe incluir a toda persona desaparecida y establecer el derecho a ser buscada y que se le encuentre. La ley general debe contener como mínimo tipos penales, sanciones y otras formas de privación de la libertad, y debe regular el sistema de búsqueda de personas, eso es indispensable.
García Campos subrayó ante los senadores que esta ley debe dar respuesta “a las desapariciones ocurridas en la guerra sucia, de la década de los 70 y 80; a las desapariciones ocurridas en el contexto de la violencia e inseguridad y a las actuales desapariciones”.
Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), sección México, Perseo Quiroz Rendón, insistió en que la ley que se elabore, “sea de aplicación inmediata; no se requiere una ley más burocrática, y debe contener como disposiciones inmediatas la búsqueda, la declaración de ausencia y tiene que involucrarse a todas las instituciones púbicas y privadas de salud, las compañías telefónicas, que son actores clave para solucionar estos casos.
AI exigió a los senadores “es importante que se escuche las voces de los familiares, de las organizaciones y de los colectivos de personas desaparecidas, porque tienen mucho conocimiento adquirido a través de los años, en la búsqueda de sus familiares”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario