Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la nueva legislación para sancionar el robo de combustibles que excluye la tipificación de “terrorismo”.
La nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, propuesta por el senador Omar Fayad, fue aprobada por 340 votos, siete en contra y 54 abstenciones.
La confección de la nueva ley reforma otros cuatro ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia organizada, Ley Federal de Extinción de dominio y Código Nacional de Procedimientos Penales.
La ley fue devuelta al Senado de la República debido a que se le hicieron dos modificaciones importantes que eran condición para ser aprobada por el PRD.
Se trata de la eliminación de la adición del párrafo IV del artículo 139 del Código Penal Federal referente a las sanciones contra el “terrorismo”.
En la propuesta del senador Fayad, que la comisión de Justicia avaló tal como llegó del Senado, se consideraba delito de “terrorismo” la protesta social, es decir, si un grupo de personas de alguna organización o partido político utilizara la toma de ductos o pozos como una forma de presión para la atención de sus demandas podían ser acusados de terroristas.
El diputado del PRD Arturo Santana cabildeó con los diversos partidos políticos para que se eliminara el término por considerarlo un atentado contra la protesta social. A su vez Movimiento Ciudadano adelantó que no avalaría una reforma que bajo el pretexto de evitar la toma clandestina y robo de hidrocarburos, criminalizara la protesta social.
Al adelantar el voto a favor del PRD y luego de las negociaciones que se llevaron a cabo a lo largo de la sesión ordinaria, Arturo Santana dijo:
“En el caso particular de un delito que afecta a las izquierdas en nuestro país, hablo del delito de terrorismo, creo que es necesario decirles a todos ustedes que nunca la protesta social y la libre manifestación de las ideas podrá ser considerada como delito de terrorismo, y por eso saludo y agradecemos en particular la sensibilidad para eliminar del dictamen esta agravante que se había propuesto”.
En el dictamen aprobado por el Senado de la República se consideraba terrorismo: “cuando se genere un daño o perjuicio en ductos, equipos e instalaciones o activos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Contra de la Industria Petrolera”.
Por ejemplo, de haberse aprobado ese término, en el intento de toma de una pipa de gasolina que realizaron los estudiantes de Ayotzinapa el mes pasado y que derivó en un enfrentamiento con policías federales y locales de Guerrero, se les habría atribuido el delito de “terrorismo” y habrían sido sancionados con entre 40 y 60 años de cárcel.
El diputado de MC Víctor Sánchez aplaudió la eliminación de la tipificación de terrorismo, sin embargo se abstuvo de votar porque, dijo, “no pondrán al Congreso al servicio de los interés privados (…) es cuestionable que esta ley busque privilegiar interés económicos privados por encima de los ciudadanos”.
Aclaró que también está de acuerdo en que el dictamen “dejara de considerar como información de seguridad nacional los contratos y toda la información en relación a las inversiones privadas y que se suprimiera la equiparación del delito con terrorismo”.
Reclamó que con más leyes se quiera frenar el robo de combustibles: “la bancada decidió no votar a favor de esta ley porque no considera el problema de fondo el robo de hidrocarburos”.
Hay, dijo, una deficiente procuración e impartición de justicia. “Lo que necesitamos es que la Procuraduría General de la República sea más eficiente al investigar y perseguir estos delitos”, afirmó.
Y dio cifras: “de enero de 2012 a octubre de 2015 se presentaron 10 mil 263 denuncias de robo de hidrocarburos y sólo se ejecutaron 53 sentencia condenatorias”.
Los diputados de Morena, el tercer partido de izquierda en San Lázaro, elaboraron un voto particular a través de los legisladores Jesús Emiliano Álvarez López y Cuitláhuac García Jiménez, quienes destacaron que “tal y como se encuentra redactada esta adición se privilegia la protección de bienes privados sobre las empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad”.
PRI, PAN, PVEM, Panal y Pes, al igual que el PRD, respaldaron la reforma con sus cambios. La minuta se regresará al Senado debido a las modificaciones que se hicieron y en caso de que sea avalada con los cambios será enviada al ejecutivo federal para su publicación y aplicación.
La nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, propuesta por el senador Omar Fayad, fue aprobada por 340 votos, siete en contra y 54 abstenciones.
La confección de la nueva ley reforma otros cuatro ordenamientos, entre ellos el Código Penal Federal, Ley Federal contra la Delincuencia organizada, Ley Federal de Extinción de dominio y Código Nacional de Procedimientos Penales.
La ley fue devuelta al Senado de la República debido a que se le hicieron dos modificaciones importantes que eran condición para ser aprobada por el PRD.
Se trata de la eliminación de la adición del párrafo IV del artículo 139 del Código Penal Federal referente a las sanciones contra el “terrorismo”.
En la propuesta del senador Fayad, que la comisión de Justicia avaló tal como llegó del Senado, se consideraba delito de “terrorismo” la protesta social, es decir, si un grupo de personas de alguna organización o partido político utilizara la toma de ductos o pozos como una forma de presión para la atención de sus demandas podían ser acusados de terroristas.
El diputado del PRD Arturo Santana cabildeó con los diversos partidos políticos para que se eliminara el término por considerarlo un atentado contra la protesta social. A su vez Movimiento Ciudadano adelantó que no avalaría una reforma que bajo el pretexto de evitar la toma clandestina y robo de hidrocarburos, criminalizara la protesta social.
Al adelantar el voto a favor del PRD y luego de las negociaciones que se llevaron a cabo a lo largo de la sesión ordinaria, Arturo Santana dijo:
“En el caso particular de un delito que afecta a las izquierdas en nuestro país, hablo del delito de terrorismo, creo que es necesario decirles a todos ustedes que nunca la protesta social y la libre manifestación de las ideas podrá ser considerada como delito de terrorismo, y por eso saludo y agradecemos en particular la sensibilidad para eliminar del dictamen esta agravante que se había propuesto”.
En el dictamen aprobado por el Senado de la República se consideraba terrorismo: “cuando se genere un daño o perjuicio en ductos, equipos e instalaciones o activos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Contra de la Industria Petrolera”.
Por ejemplo, de haberse aprobado ese término, en el intento de toma de una pipa de gasolina que realizaron los estudiantes de Ayotzinapa el mes pasado y que derivó en un enfrentamiento con policías federales y locales de Guerrero, se les habría atribuido el delito de “terrorismo” y habrían sido sancionados con entre 40 y 60 años de cárcel.
El diputado de MC Víctor Sánchez aplaudió la eliminación de la tipificación de terrorismo, sin embargo se abstuvo de votar porque, dijo, “no pondrán al Congreso al servicio de los interés privados (…) es cuestionable que esta ley busque privilegiar interés económicos privados por encima de los ciudadanos”.
Aclaró que también está de acuerdo en que el dictamen “dejara de considerar como información de seguridad nacional los contratos y toda la información en relación a las inversiones privadas y que se suprimiera la equiparación del delito con terrorismo”.
Reclamó que con más leyes se quiera frenar el robo de combustibles: “la bancada decidió no votar a favor de esta ley porque no considera el problema de fondo el robo de hidrocarburos”.
Hay, dijo, una deficiente procuración e impartición de justicia. “Lo que necesitamos es que la Procuraduría General de la República sea más eficiente al investigar y perseguir estos delitos”, afirmó.
Y dio cifras: “de enero de 2012 a octubre de 2015 se presentaron 10 mil 263 denuncias de robo de hidrocarburos y sólo se ejecutaron 53 sentencia condenatorias”.
Los diputados de Morena, el tercer partido de izquierda en San Lázaro, elaboraron un voto particular a través de los legisladores Jesús Emiliano Álvarez López y Cuitláhuac García Jiménez, quienes destacaron que “tal y como se encuentra redactada esta adición se privilegia la protección de bienes privados sobre las empresas productivas del Estado como Pemex y Comisión Federal de Electricidad”.
PRI, PAN, PVEM, Panal y Pes, al igual que el PRD, respaldaron la reforma con sus cambios. La minuta se regresará al Senado debido a las modificaciones que se hicieron y en caso de que sea avalada con los cambios será enviada al ejecutivo federal para su publicación y aplicación.
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