lunes, 1 de agosto de 2016

Papel Social

Eliminar la pobreza, prioridad nacional
Por: Javier Herrera Borunda
El debate que se ha suscitado en los últimos días con motivo de los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el sentido de que en el lapso de un año se presentó un incremento del 33.6% en el ingreso económico de las familias de nuestro país que se encuentran en situación de mayor pobreza, obedece a la decisión de esta institución de revalorar la metodología que se venía utilizando en el Manual del Entrevistador para el levantamiento de los datos que sustentan los estudios estadísticos que realiza, y que permiten al Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) medir los índices de pobreza que se presentan en nuestro país.
A partir del 2008 el INEGI realiza un anexo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que denomina Módulo de Condiciones Socioeconómicas, el resultado obtenido en este instrumento estadístico para 2015 es el que el CONEVAL cuestiona. El INEGI argumenta que los cambios metodológicos se dieron a conocer al CONEVAL en tiempo y forma antes de comenzar el trabajo de campo, aunque reconoce que probablemente no hizo con el énfasis y el detalle requeridos; por su parte, esta institución sostiene que debido a modificaciones en las variables utilizadas, los datos obtenidos ya no tienen compatibilidad de análisis con los anteriores. Para solventar esta diferencia el INEGI realizará un ejercicio estadístico de extrapolación con objeto de conocer cifras de ingreso anteriores y así poder hacer las comparaciones necesarias.
Más allá de si a una u a otra institución asiste la razón, considero que esta medida tiene su fundamento en el hecho de que es precisamente este sector de la población el que recibe mayores apoyos económicos gubernamentales, tanto en efectivo como en especie, a través de los programas sociales que implementa la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y los analistas consideraron que este hecho no se ve reflejado en los datos externados por este sector poblacional sobre los ingresos que en realidad recibe, situación que muy probablemente también se presenta en el sector de mayores ingresos.
En esta confrontación de posiciones la única realidad que subyace es un hecho irrefutable: “El combate a la pobreza es, sin duda, una de las tareas más complejas que afronta el Estado mexicano. México tiene que abatir la pobreza, trabajar decididamente en todos los sectores y niveles de gobierno junto con la sociedad civil y el sector productivo, todos los días, para vencer las carencias sociales que aquejan a millones de mexicanos”, como bien afirmó el titular de la SEDESOL, José Antonio Meade Kuribreña.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 uno de los ejes transversales de trabajo establece alcanzar un “México Incluyente”, en el que la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos sea una realidad. Esta premisa es, sin duda, el principal motor para el desarrollo de nuestro país y para alcanzar mejores niveles de bienestar colectivo. De ello depende como condición indispensable abatir los niveles de pobreza extrema que se presentan en nuestro país.
Esta tarea es una de las principales prioridades del presidente Enrique Peña Nieto, al igual que lo es para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Sin embargo, para poder diseñar adecuadas políticas públicas orientadas a abatir la pobreza y la desigualdad, así como también mejoras en el marco normativo que haga posible cumplir este objetivo, se requiere contar con instrumentos técnicos, metodológicamente bien construidos, que permitan medir la pobreza de la manera más precisa posible. Tanto el INEGI como el CONEVAL deben trabajar de manera coordinada para que no se presenten estas discrepancias que en mucho abonan a la suspicacia y a la confrontación política.

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