Ciudad de México.- El Congreso de la Unión convocó a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía; de Pemex, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía, a una reunión de trabajo para que expliquen, ante el Pleno de la Comisión Permanente, las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel.Lo anterior, como parte de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución promovido por la Mesa Directiva que preside el diputado Javier Bolaños Aguilar, el cual fue avalado con 29 votos a favor
Los legisladores exhortaron al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda informe al Congreso, de manera pormenorizada y en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos en las 83 regiones de la República y siete de la frontera norte.
Pidieron un desglose de componentes y que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos.
Asimismo, solicitaron que la Secretaría de Energía presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y su perspectiva en 2017.
También exhortaron al Ejecutivo para que a través de las autoridades competentes garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país y que la Procuraduría Federal del Consumidor continúe y, en su caso, fortalezca el operativo especial de vigilancia en gasolineras, con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación.
Del mismo modo, solicitó que la Procuraduría General de la República agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública, sancionados en el artículo 253, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal.
Finalmente, la Comisión Permanente exhortó a la Comisión Reguladora de Energía hacer de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Guadalupe Perea Santos (PES) destacó que las medidas sociales, políticas o económicas que gustan y son bien recibidas por la mayoría de la gente, “tienen muchos padres. En cambio, dijo, las decisiones del Estado que resultan impopulares “son huérfanas”.
“Hemos sido testigos de deslindes oportunistas; declaraciones tan desafortunadas, como deshonestas por parte de actores e institutos políticos que desconocen ahora lo que fue de su puntual y oportuno conocimiento, y que con consensos más y disensos menos, fue aprobado en tiempo y forma”, refirió.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) dijo coincidir con el acuerdo. “Entendemos que la flexibilización de los mercados planteada por la reforma energética es un proceso que a la larga beneficiará a los consumidores, ya que pasaremos de un monopolio de Estado a un mercado de combustibles basado en la competencia”.
Sin embargo, aceptó, existe una inconformidad general en los ciudadanos de México. “Eso obliga a ser sumamente escrupulosos y exigentes en el seguimiento que se dé a la correcta implementación y difusión de la reforma energética. Es preciso que los consumidores cuenten con toda la información a fin de estar en posibilidad de elegir la mejor opción para adquirir combustible”.
La diputada Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, indicó que los aumentos a las gasolinas son consecuencia del Pacto por México, “y partidos aquí presentes lo votaron, estuvieron de acuerdo. Pero la ciudadanía exige respuesta, y si los costos políticos los quieren pagar el PRI, el Verde, el PES, que los paguen. Nosotros no somos responsables, porque votamos en contra de ese aumento”.
Cuestionó el reciente mensaje presidencial y aseguró que si el jefe del Ejecutivo quiere salvar el país tiene que asumir los costos. “Tenemos que llamar a un período extraordinario para discutir el (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Él también puede llamar al Congreso y decir que no va adelante el IEPS. “Finalmente, llamamos a que no haya represión y se respete la manifestación en la vía pública”, expresó.
La diputada Rocío Nahle García, de Morena, consideró innecesaria la reunión de trabajo con los funcionarios federales cuando los datos están a la vista. “El gasolinazo recaudará 257 mil millones de pesos en 2017. Son 73 mil millones de pesos más en IEPS de lo que se obtuvo en 2016”.
“Hablan de tomas clandestinas, ¿dónde se vende la gasolina que se roban? en las gasolineras. Pemex sabe cuánto se surte, sabe el balance. ¿Vamos a escuchar al secretario de Energía que ya vienen las inversiones a través de alianzas estratégicas? ¿O nos va a decir dónde colocó sendos bonos de deuda, 4 mil millones de dólares, de hace un año?”, indicó.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) señaló que las medidas adoptadas por el Ejecutivo son de un gobierno responsable. Recordó que el origen del problema se registró en noviembre pasado, cuando se vendieron 828 mil barriles diarios de gasolina y solo se produjeron 254 mil. “Quiere decir que ese mes importamos el 70 por ciento en un entorno de incremento peso-dólar”, precisó.
Consideró también como “malicioso” el discurso de que la gasolina subió porque el gobierno cobra más impuestos. “Es falso, pues tanto el Presidente como el Congreso nos comprometimos y cumplimos en no cargar más la mano a los contribuyentes. El incremento al precio de la gasolina, en términos reales, no significa que va a haber mayores ingresos”.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PRD, se manifestó en contra del punto de acuerdo porque, dijo, “no resuelve nada y porque es pensar que con una explicación se avanza. Es renunciar a nuestra capacidad de proponer una solución. Es ignorar la realidad nacional. Es voltear a ver a otro lado y no considerar el enojo social y lo absurdo de todo lo que es lo que está detrás de este gasolinazo”.
El incremento en los precios de la gasolina y el diésel, refirió, “no es un gasolinazo más. Esto va a generar un cambio sustantivo en la vida pública. Todos estos efectos son síntomas de una enfermedad mayor, la reforma energética fracasó. Pemex está, en términos prácticos, quebrado”.
La senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández, convocó a asumir cada quien su responsabilidad y dejar atrás los intereses electorales en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, pues algunos buscan proteger y mantener el control. Llamó a no darse golpes de pecho y hacer lo que toca a cada quien, para aprobar modificaciones al IEPES a gasolinas. Invitó a discutir propuestas.
Argumentó que la actual situación de los precios de combustibles no se debe a la reforma energética, la cual fue necesaria a través de la apertura de mercados ante la quiebra evidente de Pemex, sino a la mala reforma fiscal establecida, porque los precios de la canasta básica han seguido aumentando.
Por el PRI, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que importantes programas sociales se afectarían de mantenerse los subsidios a los combustibles. “Era sumamente grave otorgar un subsidio regresivo e injusto que beneficiaba a los que más posibilidades tenían de pagar el precio real de las gasolinas. Nadie puede llamarse sorprendido cuando se aprobó la Ley de Ingresos”, dijo.
Al término de la sesión si citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de enero a las 11 horas, cuatro en contra y tres abstenciones.
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