Veracruz.- Este lunes 2 de enero se han cumplido dos años del secuestro del periodista y activista social José Moisés Sánchez Cerezo de su domicilio en Medellín de Bravo, y días después fue hallado muerto. Desde esa infausta fecha y lejos de resolverse su caso, se ha convertido en una tortuosa maraña de omisiones, irregularidades e ineficiencias por parte de las autoridades estatales y federales y hasta este día “no hay justicia, verdad y reparación del daño para el periodista y su familia” denuncia Artículo 19, organización defensora de los derechos de los periodistas. Sánchez Cerezo, añade Artículo 19, “era dueño del periódico La Unión, cuando sus posibilidades económicas le permitían lo imprimía y repartía en el municipio. A la par, utilizaba una página de internet y las redes sociales para difundir su periodismo de denuncia social.
Asuntos relacionados con el crimen organizado, la inseguridad, la corrupción de las autoridades locales y la falta o deficiencia de los servicios públicos eran lo que informaba a los habitantes de Medellín”. Artículo 19 agrega que “las investigaciones sobre su desaparición forzada y posterior asesinato no han sido en absoluto diligentes, exhaustivas ni eficaces. Tan sólo la investigación que comenzó la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se ha desarrollado con múltiples inconsistencias y tropiezos. Desde el principio se ha pretendido sustentarla con elementos probatorios totalmente endebles, basando su teoría del caso en la detención y confesión del único presunto autor material, Clemente Noé Rodríguez; quien refirió hechos que no le constan directamente, sino que obtuvo información a través de un tercero que no ha sido identificado y que involucra a autoridades municipales de Medellín. Fue así que Martín López Meneses, subdirector de la Policía municipal, chofer y escolta del entonces alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo en mayo de 2015. El Juez Tercero de Distrito de Veracruz determinó que no existen pruebas suficientes en contra de López Meneses, esto derivado de la confesión aislada de Rodríguez, a partir de la cual fue señalado por la Fiscalía local como presunto responsable. Igualmente, el exalcalde Omar Cruz Reyes obtuvo un amparo en noviembre de 2015 contra la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en los mismos hechos contra el periodista. Después esta sentencia le fue revocada, manteniéndose vigente la orden de aprehensión, por lo que Cruz Reyes permanece en calidad de prófugo de la justicia”.
Hay que recordar el desprecio del ahora exgobernador Javier Duarte de Ochoa –hoy también prófugo de la justicia– quien demeritó la labor de Moisés Sánchez, alegando que no era periodista, sino que “era taxista”. A pesar de su obligación constitucional, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido negligente en atraer e investigar el caso, agrega Artículo 19, y recuerda que “formalmente, se solicitó a la FEADLE el 8 de enero de 2015 ejercer su facultad legal de atracción. Sin embargo, durante 20 meses se llevaron a cabo dos investigaciones paralelas, una en el fuero común y otra en el federal. Fue hasta un año después que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un amparo a la familia del periodista –el cual se interpuso con acompañamiento de ARTICLE 19– para obligar a la FEADLE a cumplir con su mandato e indague los hechos en relación con su actividad periodística”. Y luego de resumir lo que considera los principales hechos de omisión e ineficacia de las autoridades federales, la organización en defensa de la libertad de expresión dice que por ello “es urgente que la FEADLE profundice la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico de Moisés Sánchez Cerezo”.
En resumen, Artículo 19 señala que “a dos años de la desaparición forzada y el asesinato del periodista Moisés Sánchez, persiste la impunidad. No hay avances en la investigación, o identificación de otros responsables ni sanciones. Articulo 19 exige a la Feadle que cumpla con su mandato constitucional y legal por el que fue creada, e investigue los hechos de manera seria, efectiva, diligente y exhaustiva, con el objeto de garantizar justicia, verdad y reparación para Moisés Sánchez y su familia, así como el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido. Para ello es urgente que se construya, previo acuerdo con las víctimas y sus representantes, un plan de investigación que brinde dirección a la indagatoria.
Asuntos relacionados con el crimen organizado, la inseguridad, la corrupción de las autoridades locales y la falta o deficiencia de los servicios públicos eran lo que informaba a los habitantes de Medellín”. Artículo 19 agrega que “las investigaciones sobre su desaparición forzada y posterior asesinato no han sido en absoluto diligentes, exhaustivas ni eficaces. Tan sólo la investigación que comenzó la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se ha desarrollado con múltiples inconsistencias y tropiezos. Desde el principio se ha pretendido sustentarla con elementos probatorios totalmente endebles, basando su teoría del caso en la detención y confesión del único presunto autor material, Clemente Noé Rodríguez; quien refirió hechos que no le constan directamente, sino que obtuvo información a través de un tercero que no ha sido identificado y que involucra a autoridades municipales de Medellín. Fue así que Martín López Meneses, subdirector de la Policía municipal, chofer y escolta del entonces alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, obtuvo un amparo en mayo de 2015. El Juez Tercero de Distrito de Veracruz determinó que no existen pruebas suficientes en contra de López Meneses, esto derivado de la confesión aislada de Rodríguez, a partir de la cual fue señalado por la Fiscalía local como presunto responsable. Igualmente, el exalcalde Omar Cruz Reyes obtuvo un amparo en noviembre de 2015 contra la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en los mismos hechos contra el periodista. Después esta sentencia le fue revocada, manteniéndose vigente la orden de aprehensión, por lo que Cruz Reyes permanece en calidad de prófugo de la justicia”.
Hay que recordar el desprecio del ahora exgobernador Javier Duarte de Ochoa –hoy también prófugo de la justicia– quien demeritó la labor de Moisés Sánchez, alegando que no era periodista, sino que “era taxista”. A pesar de su obligación constitucional, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido negligente en atraer e investigar el caso, agrega Artículo 19, y recuerda que “formalmente, se solicitó a la FEADLE el 8 de enero de 2015 ejercer su facultad legal de atracción. Sin embargo, durante 20 meses se llevaron a cabo dos investigaciones paralelas, una en el fuero común y otra en el federal. Fue hasta un año después que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó un amparo a la familia del periodista –el cual se interpuso con acompañamiento de ARTICLE 19– para obligar a la FEADLE a cumplir con su mandato e indague los hechos en relación con su actividad periodística”. Y luego de resumir lo que considera los principales hechos de omisión e ineficacia de las autoridades federales, la organización en defensa de la libertad de expresión dice que por ello “es urgente que la FEADLE profundice la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico de Moisés Sánchez Cerezo”.
En resumen, Artículo 19 señala que “a dos años de la desaparición forzada y el asesinato del periodista Moisés Sánchez, persiste la impunidad. No hay avances en la investigación, o identificación de otros responsables ni sanciones. Articulo 19 exige a la Feadle que cumpla con su mandato constitucional y legal por el que fue creada, e investigue los hechos de manera seria, efectiva, diligente y exhaustiva, con el objeto de garantizar justicia, verdad y reparación para Moisés Sánchez y su familia, así como el derecho de la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido. Para ello es urgente que se construya, previo acuerdo con las víctimas y sus representantes, un plan de investigación que brinde dirección a la indagatoria.
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