Ciudad de México.- Luego de once años de haber sido acusadas indebidamente de privar de la libertad a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y haber pasado tres años presas con base en pruebas falsificadas, la Procuraduría General de la República (PGR), ofrecerá una disculpa pública las indígenas Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan.
En mayo de 2006, los agentes federales se enfrentaron con comerciantes de un tianguis en el estado de Querétaro. Tres meses después, las tres indígenas fueron detenidas mientras vendían sus productos, acusadas de haber privado de su libertad a seis elementos de la extinta AFI.
Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron sentenciadas a 21 años de prisión, sin embargo, sus defensores —integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro- demostraron que habían sido inculpadas con base en pruebas falsificadas, que no contaron con traductores y las supuestas declaraciones redactadas en español, no fueron realizadas por ellas.
La sentencia fue apelada y un tribunal revocó la condena, pero será hasta este día en que el procurador de la República Raúl Cervantes Andrade, encabezará la ceremonia en la cual se les ofrecerá una disculpa pública, esto, tres años después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), así lo ordenara.
Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.
En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.
En mayo de 2006, los agentes federales se enfrentaron con comerciantes de un tianguis en el estado de Querétaro. Tres meses después, las tres indígenas fueron detenidas mientras vendían sus productos, acusadas de haber privado de su libertad a seis elementos de la extinta AFI.
Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan fueron sentenciadas a 21 años de prisión, sin embargo, sus defensores —integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro- demostraron que habían sido inculpadas con base en pruebas falsificadas, que no contaron con traductores y las supuestas declaraciones redactadas en español, no fueron realizadas por ellas.
La sentencia fue apelada y un tribunal revocó la condena, pero será hasta este día en que el procurador de la República Raúl Cervantes Andrade, encabezará la ceremonia en la cual se les ofrecerá una disculpa pública, esto, tres años después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), así lo ordenara.
Durante el acto realizado en la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, diversas personas se manifestaron en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e inclusive la intervención del procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade para que investigue cómo ocurrieron dos detenciones, una de ellas en contra de un médico de nombre Oscar Valle Sánchez y otra en contra de Raymundo Pascual.
En el acto participaron el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, y estuvieron presentes familiares de las tres indígenas indebidamente acusadas.
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