Veracruz.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz incurrieron en graves violaciones a derechos humanos contra cuatro jóvenes y una menor de edad, a quienes detuvieron de forma arbitraria y, posteriormente, junto con integrantes del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), los torturaron, ejecutaron y desaparecieron.
Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que dirigió una recomendación al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya administración deberá colaborar con las autoridades para el esclarecimiento y sanción de los hechos (que la opinión pública identifica como caso Tierra Blanca); proporcionar una reparación integral del daño a los familiares de los agraviados y que el titular de la SSP estatal ofrezca una disculpa pública institucional, entre otras.
En el documento, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresa su preocupación por la crisis de inseguridad que desde hace años se vive en Veracruz, donde las desapariciones forzadas son una constante.
Problema que está motivado, entre otras causas, por la falta de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado, lo que se traduce en violaciones graves a derechos humanos.
El organismo relata que el 11 de enero de 2016 –durante el gobierno de Javier Duarte– las víctimas viajaban en un vehículo particular del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, pero al llegar al municipio de Tierra Blanca, al mediodía, fueron detenidas por agentes de la SSP, y por días no se supo de ellos hasta que sus restos aparecieron en el rancho El Limón.
Tras las pesquisas, la CNDH acreditó graves violaciones a las garantías de los afectados como a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria, atribuibles a cuatro policías estatales.
También a la integridad personal, por los actos de tortura a los que fueron sometidos por los agentes, junto a sujetos que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva generación.
Otras violaciones que se señalan en la recomendación son a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas, imputable a los delincuentes, que contaron con la autorización o aquiescencia de agentes de la SSP de Veracruz; y a la vida, pues los afectados fueron ejecutados.
Así lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que dirigió una recomendación al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya administración deberá colaborar con las autoridades para el esclarecimiento y sanción de los hechos (que la opinión pública identifica como caso Tierra Blanca); proporcionar una reparación integral del daño a los familiares de los agraviados y que el titular de la SSP estatal ofrezca una disculpa pública institucional, entre otras.
En el documento, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresa su preocupación por la crisis de inseguridad que desde hace años se vive en Veracruz, donde las desapariciones forzadas son una constante.
Problema que está motivado, entre otras causas, por la falta de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado, lo que se traduce en violaciones graves a derechos humanos.
El organismo relata que el 11 de enero de 2016 –durante el gobierno de Javier Duarte– las víctimas viajaban en un vehículo particular del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, pero al llegar al municipio de Tierra Blanca, al mediodía, fueron detenidas por agentes de la SSP, y por días no se supo de ellos hasta que sus restos aparecieron en el rancho El Limón.
Tras las pesquisas, la CNDH acreditó graves violaciones a las garantías de los afectados como a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria, atribuibles a cuatro policías estatales.
También a la integridad personal, por los actos de tortura a los que fueron sometidos por los agentes, junto a sujetos que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva generación.
Otras violaciones que se señalan en la recomendación son a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas, imputable a los delincuentes, que contaron con la autorización o aquiescencia de agentes de la SSP de Veracruz; y a la vida, pues los afectados fueron ejecutados.
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