lunes, 18 de diciembre de 2017

Crece La Estafa Maestra: PGR investiga a dos universidades más por malos manejos de 30 mdp

Ciudad de México.- Las investigaciones federales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos entre dependencias y universidades sigue creciendo. La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación en contra de dos universidades más que, vía convenios con Sagarpa, recibieron más de 30 millones de pesos. El dinero fue adjudicado y transferido de forma irregular a otras personas.
Se trata del mismo esquema de fraude documentado en la investigación periodística denominada “La Estafa Maestra”, donde dependencias federales eluden controles de licitación y transparencia, otorgándole contratos a universidades por servicios que estas no realizan, ya que pagan a terceros en condiciones completamente opacas.
En dicho reportaje se documentaron convenios con ocho universidades en Morelos, Estado de México, Campeche, Morelos y Tabasco.
La nueva investigación que inicia ahora la PGR, promovida por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación presentada el pasado el 31 de octubre pasado, involucra a dos nuevos planteles escolares: la Universidad Juárez del Estado de Durango y Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
De acuerdo con el informe de resultados de la auditoría número 15-0- 08100-02- 0328, la SAGARPA firmó en 2015 varios convenios con dichas universidades como parte de su proceso de adquisición de bienes, materiales y servicios. Tras la revisión de estos se descubrieron las irregularidades.
En 2015, la Sagarpa firmó con la Universidad Juárez del Estado de Durango el convenio DGRMIS147/15, con el objetivo de que esta ejecutara un servicio de supervisión de distintos componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
El contrato correspondiente se firmó – como es común en los casos de la Estafa Maestra – aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que si un servicio se asigna a una instancia pública esta queda excluida de un proceso de licitación.
Sin embargo ese mismo párrafo estipula que la instancia pública a la que se asignen los recursos (en este caso las Universidades) está obligada entregar por su cuenta la parte sustantiva del servicio, y no contratar a terceros. Esto es lo que aquí no ocurrió.
Los auditores encontraron que Sagarpa nunca exigió a la Universidad Juárez del Estado de Durango que comprobara que tenía la capacidad para ejecutar, por lo menos, el 51% de estipulado en el contrato. Lo único que le pidió fue un simple escrito donde dijera que ejecutaría por su cuenta el servicio.
Lo que sucedió luego fue una artera violación a la ley. La Universidad delegó la realización de los servicios a 24 personas físicas en total, ninguna de las cuales pertenecía realmente a dicha casa de estudios, como lo pudieron confirmar las autoridades al verificar la información de cada uno solicitada al Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Se comprobó que ninguna de las referidas personas son trabajadores de esa universidad, lo que evidencia que no contaba con la capacidad técnica y humana para la realización de los trabajos contratados”, indicó la Auditoría.

AP

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