martes, 26 de diciembre de 2017

El Plan Nacional de Desarrollo planteó 31 metas para el periodo 2013-2018. Sólo ha cumplido una

Ciudad de México.- Sus propios indicadores lo dicen: el proyecto de Nación del Gobierno de Enrique Peña Nieto está a punto de la zozobra. Las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo por el equipo que regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos fueron México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad. Ninguna ha sido alcanzada.
Desde 1983, las Administraciones federales están obligadas a presentar sus metas y objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En otras palabras, en ese documento, cada nuevo equipo gubernamental debe exponer el país que anhela y cómo se propone alcanzarlo mediante planes sectoriales. El PND de Peña Nieto fue elaborado a través de un programa de consulta popular en el que se recogieron demandas y propuestas. El legajo quedó dividido en cinco metas que entrañaban –en el estilo del Presidente a listar las tareas y compromisos– 31 objetivos a cumplir en seis años.
Más moderno en su formato que el de los Gobiernos anteriores, el PND de la presente Administración muestra indicadores para que la población cuente con datos de las metas propuestas, una herramienta que debe ser actualizada cada año con la presentación del Informe de Gobierno.
Esta Unidad de Datos revisó los indicadores en el Quinto Informe de Gobierno para conocer qué decía el mismo Gobierno de sus propios alcances. El hallazgo fue que 18 de 31 objetivos están incumplidos, pero en 12 –todos relacionados con el combate a la pobreza–, no hay información suficiente porque no ha sido actualizada. Y sólo uno –el de seguridad nacional– está cumplido.
Los mayores atrasos del Gobierno peñanietista están en las metas de “México con Educación de Calidad” y “México próspero”. Ejemplos de ello son desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y la inclusión en el sistema educativo. También la garantía de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
Si los ciudadanos desearan conocer los logros en materia social del peñanietismo, no les conviene consultar el Quinto Informe de Gobierno. Los indicadores de la meta llamada “México Incluyente” no fueron actualizados y no es posible saber si se avanzó o retrocedió. Así, el ciudadano no sabrá qué pasó con el combate a la desnutrición y la obesidad infantiles, las personas con vulnerabilidad alimentaria, el uso de métodos anticonceptivos por los adolescentes, las madres solteras en situación de pobreza o esos jóvenes con trabajos sin salario apenas superior a los seis mil pesos al mes.
Eso en lo que toca a los indicadores públicos. El propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su diagnóstico de objetivos e indicadores de los programas del ámbito social, derivados del PND, reprueba el avance hacia las metas. Según este órgano, en 25 programas hay 368 indicadores que dan cuenta del desempeño de la política social, de los cuales sólo 20 por ciento tiene avance adecuado, mientras 8 por ciento es superior a lo esperado.
De acuerdo con el Coneval, los programas sectoriales en el ámbito social deben cumplir con cuatro propósitos: claridad en resultados, largo plazo, susceptibilidad de medición, además de inclusión de su población potencial o área de enfoque. Los 25 programas analizados tienen 136 objetivos y 46 por ciento de ellos aún se enfoca en la gestión o entrega de bienes, no en los resultados.
El tic-tac para entregar la silla presidencial palpita y el ambiente en diciembre de 2017 es más electoral que de trabajo gubernamental. José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador ya están registrados como precandidatos, cada uno en un partido, para contender por la Presidencia de la República. Hay efervescencia electoral con discursos y apuestas. También debates sobre quién será el futuro Presidente de México. Pero, ¿y las metas del Gobierno actual? ¿Quién va a medirlas? ¿Quién va a fiscalizarlas?
A menos de un año del cambio de Gobierno, el politólogo Héctor Villarreal se cuestiona si tiene sentido continuar con los formatos de los planes que repiten las promesas de campaña sin proponer ningún mecanismo de fiscalización ni rendición de cuentas. “Son documentos que miden su eficacia a partir del cumplimiento de metas y de indicadores. Y entonces, no podemos hablar de éxito o fracaso. Hay una tendencia de la burocracia en hacer cumplir sus propios objetivos; pero eso no quiere decir que sea eficaz en el impacto social o en cómo inciden en las condiciones de vida de la sociedad”.
Luis Ignacio Román Morales, investigador doctorado en Economía del Trabajo y Política Social de la Universidad de París, exclama que el formato del PND permite también la retórica barata. Y el de Peña Nieto es un gran ejemplo de ello. Jamás se entendió lo que quisieron decir con ‘democratizar la productividad’ o ‘un gobierno cercano y moderno’. Son palabras que no se reflejan en ningún impacto social”.
Ahora, los antecesores de Peña Nieto tampoco lo lograron. Miguel de la Madrid (1982-1988) no concretó la renovación moral de la burocracia (combate a la corrupción), Carlos Salinas de Gortari (1088-1994) no redujo la pobreza ni atrajo al primer mundo, Ernesto Zedillo (1994-2000) no dejó garantizado el Estado de Derecho, Vicente Fox (2000-2006) no hizo de la educación la palanca principal del desarrollo y Felipe Calderón (2006-2012) no generó seguridad (esto según la revisión de los planes de cada uno).
El Presidente Peña Nieto intenta que el PND se postergue. De hecho, en septiembre pasado envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que propone modificaciones a la Ley de Planeación. Una de las principales enmiendas es que los órganos autónomos puedan participar mediante convenios en la elaboración y ejecución del documento.

Proceso

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