Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió y turnó a las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política, la cual plantea la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Servicio Profesional Docente.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que “esta iniciativa propone abrogar la mal llamada ‘Reforma Educativa’ y detener las afectaciones laborales y administrativas de las que fue víctima el magisterio nacional”.
Agrega que “se busca dotar de educación de excelencia, y corregir los errores cometidos que afectan al sector, a fin de que el proceso de enseñanza cumpla la alta función que le asignan las normas constitucionales”.
La propuesta presidencial prevé abrogar las leyes General del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; elimina las disposiciones que señalan que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición.
Plantea la creación de un Centro Nacional para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación para dar coherencia y certidumbre a la función educativa y al magisterio en lo específico.
Este Centro tendrá autonomía técnica que contribuirá a la mejora continua de la educación, a través de estudios, mediciones e investigaciones especializadas; acreditará a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de los distintos actores de la educación.
También, emitirá lineamientos relacionados con la formación y mejora continua del magisterio y del desempeño escolar; promoverá la formación profesional de la gestión escolar y, determinará que será obligación de los mexicanos, ser responsables de que sus hijos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, así como verificar su progreso y desempeño.
Se prevé que el magisterio asuma la función de agente primordial de la transformación social; establece que los maestros tendrán el derecho de acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los propósitos del sistema educativo nacional.
Precisa que la Ley definirá los requisitos y criterios para el Servicio de Carrera Profesional del Magisterio; el Estado deberá garantizar la impartición de educación, la cual tendrá que ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia y, dar atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente.
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