La Sala Superior del TEPJF analizó en sesión demandas ciudadanas interpuestas contra el Plan B de Reforma Electoral
A partir de la entrada en vigor de dicha ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas personas acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral con el fin de cuestionar su constitucionalidad, al considerar entre otros temas, que: i) vulneran sus derechos político-electorales, ii) son regresivos en materia de derechos fundamentales y iii) inciden en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
En sesión pública presencial y a propuesta de diversas magistraturas, la Sala Superior del TEPJF, con la ausencia justificada de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Felipe Fuentes Barrera, estableció que no puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales por su sola entrada en vigor, es decir, sin un acto concreto de aplicación.
Se consideró, además, que el Tribunal Electoral carece de facultades para analizar normas en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto.
Por tanto, dado que del decreto impugnado no se advertía un acto de aplicación o una afectación inmediata que permitiera al Tribunal Electoral desplegar un control concreto de constitucionalidad conforme a la Constitución federal, no se pudo estudiar el problema jurídico planteado en esas demandas contra el Plan B de Reforma Electoral.
Finalmente, se sostuvo que el acuerdo del INE tampoco constituye un acto de aplicación del decreto de reforma, pues aún no se ha definido quiénes serán las personas que se vean afectadas con motivo de la reforma en Materia electoral (SUP-AG-69/2023 y acumulados, SUP-JE-318/2023 y acumulados, así como SUP-JE-284/2023 y acumulados).
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